Familias en adopción se agrupan para fortalecer las vías legales

SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- Conscientes de que el sistema judicial es lento y carece de los recursos adecuados unos 19 padres aspirantes a adopción comenzaron a trabajar en la difusión de la legislación vigente, el asesoramiento a sus pares y apuntalar a la Justicia para que cumpla cabalmente con la esencia de la Ley de Adopción.

Martín Carballa, uno de los sostenes de la agrupación Familias en Adopción, explicó a «Río Negro» que «hay muchas posibilidades de hacer un tarea concreta y que haya una respuesta cierta porque hay una carencia grande y muchos espacios a llenar» dentro del sistema.

El grupo advirtió que uno de los principales problemas a vencer es el desconocimiento generalizado que favorece la entrega ilegal de niños -con presencia de intermediarios- y entorpece el funcionamiento del circuito legal de adopciones.

«Nuestra idea es asesorarnos primero para poder brindarnos apoyo entre nosotros y orientar con buena información a todos los interesados en adoptar», sostuvo Marcela Sanchez, otra de las impulsoras de «Familias en Adopción».

Todos los integrantes de la flamante agrupación están anotados en el registro único del Juzgado de Familia de esta ciudad, cuya jurisdicción se extiende desde El Bolsón hasta Pilcaniyeu.

La iniciativa surgió tras la última reunión convocada por la jueza de Familia, Marcela Pájaro, que reunió a los más de 60 aspirantes y se resumió las inquietudes de la mayoría en torno de la misma queja: las demoras insoslayables del sistema.

Hace dos años atrás, a propósito de las sospechas de compra y venta de bebés en Roca, la jueza Pájaro fue contundente: «la compra y venta de bebés es delito».

Con la apertura del tribunal de Familia las tramitacione se agilizaron de manera exponencial, ya que se pasó de dos o tres adopciones por año a diez u once.

Los padres atribuyen la triplicación de casos al «surgimiento de un espacio concreto de trabajo» y buscan que su trabajo pueda generar nuevos espacios que ayuden a la Justicia a mejorar su performance y brinden una mejor respuesta social a la compleja problemática de la adopción.

Carballa señaló que «hay mucho desconocimiento sobre la ley 24.779 y nuestro primer desafío es difundir qu es verdad y que mentira y que en un tiempo prudencial la gente empiece a confiar más en el sistema de adopción».

El grupo sostiene que las personas que adoptan son mayoritariamente de clase media y «es difícil que no sepan cuando están incurriendo en una ilegalidad».

Pero que, en contrapartida, casi todos los niños entregados en adopción provienen de hogares humildes que carecen de toda información y son susceptibles de engaños y abusos por partes de intermediarios. «Sabemos que tenemos que ir a (los barrios del) Alto para difundir la ley y acercarles herramientas, y ese es otro gran desafío porque desconocemos como llegar», señaló Carballa.

Se sabe que en su accionar, los intermediarios «les dicen a las gestantes que es delito entregar sus hijos a la Justicia. Ahí es donde entran a tallar ellos».

Otra de las falencias graves que detectaron los padres es la falta de comunicación y coordinación entre la justicia, las dependencias de asistencia social, de salud y barriales que responsables de brindar contención a las familias y menores en riesgo.

¿Qué dice la ley?

El 28 de febrero de 1997 se sancionó la ley de adopción 24.779. Esta norma especifica que la adopción que presente actos ilícitos será declarada nula. En su artículo 318, la ley indica que «se prohíbe expresamente la entrega en guarda de menores mediante escritura pública o acto administrativo».

«La obligación que la guarda sea judicial (y la prohibición de entrega de menores por escritura pública o acta administrativa) tiene sus razones. Evitar abusos o presiones sobre la mujer gestante, desterrar que sean aquellas personas con mayores recursos económicos (o de otra índole) quienes pudieran acceder en forma más rápida o sencilla a la adopción en detrimento de aquellos que se inscribían en listas, y pacientemente esperaban un llamado que no se producía, es loable», sostiene Ricardo Oppenheim, abogado especializado en asuntos de Familia, que actúa en Adoptare. Ahí mismo, la doctora Nélida Alfonso, abogada en derecho de familia y adopción, aclaró: «La ley dice que la guarda la da únicamente el Poder Judicial. Pero, ¿qué ocurre cuando alguien se presenta al Juzgado y hace el pedido de guarda de ese chico determinado? ¿Se admite o no se admite? En algunas partes del país se tramita la cesión directa, pero como caso excepcional y muy investigados por la Justicia».

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