Férrea oposición de Coniar a la detención de menores

El Consejo de los Derechos de Niños y Adolescentes (Coniar) intervino en el proceso judicial para la prohibición de la detención de menores, cuyo expediente analiza el Superior Tribunal de Justicia después de un hábeas corpus originado en el Ministerio Público por casos registrados en las comisarías de la capital provincial.

Con un “Amicus Curiae” (presentación como tercero en un litigio), el Coniar envío su opinión al STJ, que preside Liliana Piccinini. La presentación del Consejo –integrado por funcionarios y legisladores– la firma su presidente y secretario de Derechos Humanos de Río Negro, Daniel Badié.

La postura del Coniar respalda al Ministerio Público en férrea oposición a las detenciones, mientras que la Fiscalía de Estado objeta esta instancia en defensa del accionar de la policía. Ese posicionamiento se hizo público y contundente de parte del gobernador Alberto Weretilneck cuando se conoció que la procuradora General, Silvia Baquero Lazcano, ratificó el hábeas corpus de la defensora de menores, Patricia Arias, que solicitó la prohibición en la detención o demora de niñas, niños y adolescentes en la vía pública.

La Fiscalía de Estado apeló la sentencia de Jorge Bustamante que aceptó el hábeas corpus y prohibió la detención policial. Esa discusión recayó en el STJ, con un dictamen de la procuradora y ahora, el Coniar llega con su postura.

En su escrito, el Consejo reafirmó que “alojar niños y adolescentes en comisarías, sin orden judicial” “es un accionar violatorio de los derechos humanos, no una política pública”.

“Las prácticas de la policía no responden en absoluto las exigencias de la ley”, pues “las detenciones no son realizadas con orden judicial previa y son absolutamente incausadas”. Agrega que el “concepto de demora es un eufemismo para atenuar la gravedad de la detención arbitraria de menores. Las niñas, niños y adolescentes que son trasladados por la policía y ubicados en la comisaría, de donde no puede salir” y están “privados de su libertad”.

En su explicación, el Poder Ejecutivo justifica el accionar frente a la “participación de menores de edad en la consumación de delitos contra la propiedad y las personas”, entendiendo que el fallo de prohibición “coloca a los agentes policiales en estado de pasividad” y que la detención “quedaría reducida a aquellos casos de in fraganti delito”.

Por su parte, el Coniar entiende que esa argumentación gubernamental instala “la doctrina del derecho penal de autor”, por la cual “la calidad o personalidad del autor constituye un elemento tipificante de la acción jurídicamente reprobada”.

La Fiscalía de Estado apeló la sentencia de Jorge Bustamante que aceptó el hábeas corpus y prohibió la detención policial. Esa discusión recayó en el STJ.

En su explicación, el Poder Ejecutivo justifica el accionar frente a la “participación de menores de edad en la consumación de delitos contra la propiedad”.

Alberto Weretilneck, gobernador de Río Negro, cuando el debate ya se había instalado

Que la Policía continúe con su tarea como siempre. Aspiro a que el STJ aclare la confrontación dogmática generada por el Ministerio Público, cuya opinión es ‘parcial y absolutamente técnica’”.