Formulan cargos contra el único detenido por el millonario robo en Viedma

Está acusado de ser partícipe necesario porque habría coordinado las acciones y suministrado los vehículos. Buscan a tres prófugos que escaparon del lugar a bordo de dos motos.

La jueza Itziar Soly dio por formulados los cargos presentados por la fiscal Paula Rodríguez Frandsen y dispuso un plazo de investigación de cuatro meses y la prisión preventiva por dos meses para Lucas Ezequiel Giménez Pazos, único detenido por el millonario robo registrado el lunes en Viedma.

Según la acusación del Ministerio Público Fiscal Pazos «coordinó y suministró los vehículos», un Fiat Uno y una moto de alta cilindrada -ambos de color negro- y fue imputado como partícipe necesario del delito de robo agravadado, por ser en poblado y en banda.

Durante la audiencia de formulación de cargos realizada en la mañana de este miércoles se indicó que hay tres personas no identificadas que cometieron el robo de 3,5 millones de pesos que correspondían a la recaudación de estaciones de servicios y eran trasladados por una sola persona hacia una entidad bancaria.

La fiscal Rodríguez Frandsen confirmó que quienes cometieron el robo se movilizaron en el auto que fue abandonado en el lugar el hecho, la moto secuestrada en el domicilio de Saavedra 223, primer piso, departamento 1; y en otra moto que actuó de apoyo.

En el domicilio céntrico, además, se recuperaron 438.000 pesos escondidos detrás de un calefactor.

En el sustento probatorio se mencionó el acto del procedimiento del día del hecho, la declaración de la víctima y de dos testigos, imágenes de cámaras de seguridad de diferentes inmuebles en la zona y un informe de la División de Investigaciones Judiciales sobre otras causas con dinámicas similares.

“Además, los informes de la UADME -ya que el hombre tiene una tobillera electrónica colocada en el marco de una medida cautelar en otra causa– lo ubica en una chatarrería en donde fue visto días antes el automóvil utilizado en el hecho”, indicó la Rodríguez Frandsen.

Agregó la existencia de un teléfono celular que fue secuestrado en una requisa a un vehículo que, tal como informa la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones, el mismo día del hecho fue llevado a un negocio de reparación de celulares para que sea borrado todo su contenido.

La fiscal requirió en la oportunidad la prisión preventiva por cuatro meses ya que dicho celular debe ser objeto de pericias más puntuales y hay otras tres personas que aún se encuentran prófugas. Resta también recuperar la mayor parte de la suma sustraida por lo que la libertad del hombre puede entorpecer la investigación.

El abogado defensor Armando Salazar se opuso a la medida cautelar argumentando que no hay elementos que sostengan la misma.


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