Fracasó la negociación por las 120 casas en Bariloche

SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- El fiscal Guillermo Lista cerró ayer la intermediación iniciada el 30 de mayo para acordar el desalojo voluntario de las 120 Viviendas del IPPV y elevó la causa penal por «usurpación» al juez Ricardo Calcagno para que reanude los plazos procesales.

Si los ocupantes no deponen la resistencia que cerró las posibilidades de negociación, la semana próxima se llevará a cabo el desalojo compulsivo de las 57 familias que permanecen en el complejo habitacional del barrio San Francisco IV.

Ante el fracaso del diálogo, la Defensora del Pueblo, Ana Piccinini instó a los ocupantes a retirarse de las viviendas para «proteger a sus familias» y responsabilizó al gobernador Miguel Saiz, el interventor del IPPV y el ministro de Gobierno por las consecuencias de un eventual «desalojo violento».

«Le ruego al gobernador que deje por unos minutos las reuniones partidarias `K y se ocupe de las necesidades de su pueblo», exhortó con preocupación la funcionaria en un diálogo mantenido con «Río Negro».

Lista valoró la intervención, planteada en base a los criterios de oportunidad del Código Procesal, porque desnudó la deficiencias de la política habitacional de la provincia y permitió la articulación de soluciones concretas para una decena de familias que se encuentra en situación de vulnerabilidad.

Entre los logros alcanzados señaló a este diario la respuesta brindada por el municipio para los casos más acuciantes y la posibilidad de revisar el sistema de adjudicación del IPPV a partir de la «sensación de desconfianza planteada por la gente».

También destacó la flexibilidad mostrada por la constructora Alusa SA, que aceptó la entrega parcial de las casas desocupadas, a las que se sumaron cinco desalojadas voluntariamente por familias del grupo que asistirá el municipio.

En cuanto a la reanudación de los plazos procesales, el fiscal explicó que «no queremos que se convierta en precedente la idea de que el que llega primero se queda con las casas» y advirtió que las familias con mayores recursos que permanecen en la toma corren riesgo de ser condenadas penalmente. «Todavía seguimos esperando que la gente reflexione», dijo.

Respecto del IPPV, Lista opinó que «hay que transparentar el mecanismo de adjudicación de las viviendas» y que el Estado debe construir más casas.

Piccinini no ahorró críticas ante el fracaso de la mediación penal. En primer término agradeció la tarea «comprometida y ardua» de Lista y los demás funcionarios judiciales y ponderó la «sabiduría» de Calcagno por dar lugar a la mediación.

Luego abrió la lista de cuestionamientos señalando la «pobre participación» de los dueños de Alusa SA e hizo un severo cuestionamiento al Ejecutivo por poner en marcha la «cultura de la naturalización» una vez más. «Todo parece tan natural para el gobierno, tan lógico, que no vale la pena sino dejar que transcurra el tiempo y mal o bien se solucionará», reflexionó.

Piccinini le advirtió a Saiz que el conflicto de las 120 viviendas «no se resuelve con la aplicación irrestricta de la ley» porque cuando se complete el desalojo «el gobernador va a seguir teniendo el problema», sostuvo.