Fuerte advertencia de la Iglesia sobre la situación en las villas

“Hemos logrado trabajar con mucha eficiencia en los barrios populares y, lo que en algún momento fue un enorme temor para nosotros, gracias a Dios lo pudimos abordar”, dijo el presidente Alberto Fernández hace diez días cuando anunció la extensión de la cuarentena estricta para el AMBA y otros centros urbanos. Algunas denuncias indican que la situación en los barrios populares está lejos de encontrarse controlada, aunque hayan abandonado el centro de la agenda mediática que tuvieron en mayo. Curiosamente -por el cuidado que suele mantener la institución en sus críticas al poder político-, una de esas denuncias vino de la Iglesia, de curas que trabajan en villas y barriadas.

El obispado de la Matanza -el partido más grande de la Provincia de Buenos Aires, que cuenta con una población estimada de 2,5 millones de habitantes, emitió la semana pasada un comunicado titulado “El drama del covid-19 en los Barrios Populares de La Matanza”. En el texto, firmado por el obispo y una docena de párrocos del distrito, se critica la falta de testeo, falta de seguimiento, inexistencia de lugares de aislamiento, escasa presencia estatal, así como la precarísima situación económica agravada por la cuarentena.

“Recién hace diez días que se han comenzado a realizar los testeos en nuestras barriadas y en algunos casos han sido simplemente encuestas. Creemos que el operativo Detectar debería implementarse de modo estable en los barrios . No alcanza con operativos que pasan una vez y se van”, sostiene el texto firmado, entre otros, por el obispo Eduardo García -que tras el comunicados se reunió con el intendente Fernando Espinoza- y el párroco de la Catedral de San Justo, Santiago Rostom.
“Lo que está pasando en La Matanza es una muestra enorme de lo que está pasando en todo el conurbano bonaerense, y es lo que están viendo los curas villeros en todos lados. La lectura es que, en el caso de La Matanza, la diócesis la está luchando a más no poder, ya está enojada con el intendente y por eso lo hizo más público y contundente”, dice en off una fuente de la curia, y advierte: “Esto es una olla a presión. Si no estuvieran las organizaciones sociales, la Iglesia y las ONG que están acercando comida, esto ya se hubiera desbordado”.

Según el gobierno bonaerense, hay en la Provincia unos 1800 barrios populares, villas y asentamientos. Sólo en La Matanza, según los relevamientos, hay al menos 120 barrios de emergencia.
Los religiosos de la Matanza aseguran que “en la mayoría de casos de nuestros barrios el protocolo de covid no funciona”, y aseguran que en la mayoría de los casos fueron las parroquias las que atendieron llamados de los vecinos y realizaron traslados a hospitales.

Entre las falencias enumeran que: los teléfonos oficiales no dan respuestas; los traslados no se dan a tiempo; muchas personas con covid confirmado vuelven a sus casas que no son lugares apropiados para el aislamiento (falta de agua y cloacas, hacinamiento, precariedad edilicia, etc.); no se da un seguimiento regular de los casos de aislamiento; hay poca presencia del Estado ayudando a que se cumpla con el distanciamiento, el uso del barbijo, las reuniones, y no se conoce la cantidad de personas con Covid positivo en los barrios.
“No se busca armar ninguna grieta más. Pero queríamos visibilizar. Hay buenos protocolos, pero que no funcionan. Esto abarca todo, no sólo el Estado municipal, sino también el provincial y el nacional. No se trata de ponerse a denunciar si no de ver qué se puede hacer para mejorar la situación para la gente”, dice el padre Rostom a Río Negro. “Después de 90 días, si no aparecen los testeos… que podemos decir. El Detectar pasa una vez y no pasa más. O hay cosas como esta: detectar un contagio y mandarlo a la casa para que espere aislado. ¿Dónde querés que esperen aislados? En casas que no tienen cuartos si quiera para cada integrante de la familia”, agrega.

El deterioro económico producido por la cuarentena es enorme sobre sectores que ya estaban golpeados. La ayuda de el Estado suma pero no alcanza, y en algunos casos no llega. Hay muchos, advierten los curas en los barrios, que aún no cobraron ni una cuota del IFE de $10.000 pesos en 100 días. La falta de documentación, la falta de un domicilio legal, la presencia de varias familias en un mismo domicilio, dificultan la llegada de la asistencia. La entrega de alimentos por parte de municipio, organizaciones sociales y la Iglesia creció exponencialmente.

“Son muchos los que nunca habían pedido y ahora aparecieron aquí a pedir comida. El que tenía un remise. Quienes vivían de su changuita, las empleadas domésticas, chau. Hay quienes salen a cartonear pero los paran… la situación social la veo difícil ahora y la veo más difícil cuando la gente tenga que volver a empezar”, concluye Rostom.