Fuerte cruce entre fiscalía y defensa por la situación de un condenado por abuso
El hombre fue condenado a 17 años de prisión. Estuvo internado, después con domiciliaria y finalmente volvió a la cárcel, todo sin que se notificara a la víctima.
La fiscalía aguarda los resultados de los análisis de sangre y orina. Foto: archivo.
La historia pasó poco menos que inadvertida en medio de otras, hasta que el viernes a la mañana se ventiló en una cruda audiencia ante un Tribunal de Revisión. Ya no hubo manera de seguir ocultando el extraño ida y vuelta de un condenado por abuso sexual que pasó de la cárcel al hospital, del hospital a un domicilio, y del domicilio otra vez a la cárcel, sin que la víctima ni su madre se enteraran.
Hoy el hombre, condenado a 15 años de cárcel por abusar de sus hijas en San Martín de los Andes y en Neuquén, está en un tráiler de la Unidad 11 cumpliendo cuarentena. Su abogado defensor, Luis Varela, pretende que siga en prisión domiciliaria como estuvo hasta el 1 de mayo por razones de salud. «No tiene que ver con el Covid-19», argumentó. Exhibió en su favor un documento firmado por la fiscalía que lo autoriza a seguir en su vivienda «hasta que termine la pandemia».
«El jefe soy yo»
El fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid, por su parte, dijo en la audiencia del viernes que al condenado le dieron un mes de domiciliaria a modo de cuarentena antes de volver a la cárcel. El sujeto fue internado en el hospital Castro Rendón por la enfermedad que padece, y rompió el aislamiento que mantenía en la Unidad 11, por lo que no se lo puede regresar sin esa transición.
En cuanto al documento de la fiscalía, Breide Obeid desautorizó al firmante, un agente fiscal, porque lo hizo «sin comunicarse con su jefe, que soy yo».
«Nunca me avisaron»
De la audiencia participó también la defensora de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente, Natalia Stornini, quien reveló que nunca, en todo este proceso, fue notificada, y tampoco las víctimas ni su madre. Es motivo de nulidad que no se dé participación antes de decidir un cambio en la modalidad de detención del condenado.
Quizá lo más extraño de esta historia fue la conducta de la jueza de Ejecución Raquel Gass, quien tomó algunas decisiones sin llamar a audiencia y dejando constancia de que lo hacía «a requerimiento del fiscal Breide Obeid».
Para repasar la historia, de la cual Río Negro ya relató algunos tramos, veamos el paso a paso:
•El condenado fue trasladado, alrededor del 20 de marzo, al hospital Castro Rendón por un problema de salud no relacionado con el coronavirus.
•La jueza de Ejecución Raquel Gass, con acuerdo de la defensa y de la fiscalía, le otorgó prisión domiciliaria por 30 días a partir de la fecha de alta en el hospital.
•La defensoría de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente y las víctimas no fueron notificadas.
•El alta se lo dieron el 4 de abril; en consecuencia los 30 días vencían el 4 de mayo.
El hombre estuvo en su casa con su esposa sin que las víctimas lo supieran hasta más tarde.
Hasta el fin de la pandemia
•El 23 de abril el defensor Varela solicitó una prórroga de la prisión domiciliaria. Se le pidió opinión a la fiscalía (se le corrió traslado, en la jerga) y la respuesta, dos días después, fue que el condenado se podía quedar en su casa hasta que termine la pandemia.
Esa es la contestación que ahora el fiscal Breide Obeid desconoce y desautoriza. «La fiscalía es un equipo, no pueden pretender que a uno le haga caso y a otro no», respondió el defensor Varela. «Yo pedí una prórroga y me la dieron, atada a la fecha en que la OMS diga que se terminó la pandemia», exageró.
Más difícil de explicar aún es por qué, el 1 de mayo, es decir tres días antes de que venciera el plazo de un mes, la jueza Raquel Gass dispuso, «por orden del fiscal Breide Obeid», que el condenado fuera retirado de su domicilio y vuelto a la cárcel. Así lo contó el defensor Varela, apoyado en documentos que lo respaldan.
¿Quién da las órdenes?
«Yo no le doy órdenes a la jueza», retrucó rápido el fiscal jefe. «Sólo le recordé que se vencía el mes de plazo, la decisión la tomó ella».
Si se repasan las fechas, algo pasó el 1 de mayo: las víctimas se enteraron por otra vía de que el abusador estaba en su casa, y protestaron en las redes sociales. Se armó un escándalo porque quedó en evidencia que nadie les había avisado, y la noticia corrió como una descarga eléctrica desde la base hasta la cima del poder judicial.
Esa misma noche, el condenado estaba de nuevo en la Unidad 11.
¿Y la víctima?
El viernes 8, el tribunal de revisión integrado por los jueces Diego Piedrabuena, Gustavo Ravizzoli y Cristian Piana resolvió que hay que convocar a una nueva audiencia en la que esté presente la víctima y se discuta: el pedido de la defensa de que el condenado vuelva a prisión domiciliaria, y la oposición de la fiscalía y la defensoría de los Derechos del Niño, la Niña y el Adolescente a esa solicitud.
Pregunta final: ¿quién tenía que avisarles a las víctimas? No hubo respuestas. La defensora Stornini dijo que de la audiencia del viernes se había enterado por casualidad, al repasar la lista que envía diariamente la Oficina Judicial. Y una funcionaria de la Ofiju informó que en ninguna de las audiencias previas figura una citación a la víctima.
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