Garzón acusó a 29 militares argentinos

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Madrid (EFE).- El juez de la Audiencia Nacional española Baltasar Garzón dictó ayer un auto de imputación contra 29 argentinos, la mayoría de ellos militares, por delitos de genocidio, terrorismo y torturas presuntamente cometidos en la provincia argentina de Tucumán, informaron fuentes jurídicas.

La imputación de estos supuestos ex represores había sido solicitada en marzo por la coalición política Izquierda Unida (IU), que forma parte de la querella en la causa que instruye Garzón.

Con éstos son ya 186 las personas querelladas en la causa en la que se investigan los crímenes cometidos en Argentina durante la dictadura militar (1976-1983).

Según fuentes de la acusación, que recordaron que entre los imputados con anterioridad figura el gobernador de Tucumán Antonio Domingo Bussi, en esta provincia argentina estuvo en funcionamiento desde febrero de 1975 el primer centro clandestino de detención -llamado «La Escuelita»- montado por los militares.

En un informe del parlamento de la provincia de Tucumán se recogieron los nombres de los represores y se contabilizaron las víctimas, que fueron más de 500.

Las mismas fuentes recordaron que en 1975 el gobierno de Isabel Martínez de Perón autorizó, a través de un decreto, «el aniquilamiento de la subversión» y que se produjeron en esta provincia casi tantos desaparecidos como durante la dictadura argentina.

Entre los imputados, la mayoría represores directos, figuran Jorge Antonio Maradona, Luis Santiago Martetta, Fernando Humberto Santiago, Raúl Fernández Cutillo, Antonio Llamas, Alberto Ruíz Cattano, Eugenio Antonio Barroso, Robinson Luis Vera y Benito Palomo.

Además, el juez incluye en la lista de imputados el coordinador policial de los centros clandestinos de detención de Tucumán -apellidado Lafuente-, Rizzo Avellaneda, José Roberto Abba, Hector Mario Schwab, Luis Fabián Rodríguez, Marcos F. Hidalgo, Raúl Ruben Bessieres, Félix Arturo González, Roberto Barraza, Jorge Warnes y Roger Luján.

Figuran también Jorge Jarolesjki, Ernesto Rivero, Marcial Pérez Carvallo, Americo Gómez, Víctor Sánchez, Héctor Domingo Calderón, Ricardo Galdeano, Ismael Haonache y Maulio Torcuato Martínez.

El juez Baltasar Garzón señala en este auto, de folio y medio, que la petición de procesamiento (un paso posterior y más grave que la imputación) que se solicita por parte de la acusación «será resuelta en una resolución aparte».

Garzón comenzó en 1996 a investigar las desapariciones de españoles durante la dictadura argentina, aunque posteriormente amplió el objetivo de sus indagaciones y, en octubre de 1998, ordenó la detención en Londres del ex dictador chileno Augusto Pinochet, a quien también acusa de genocidio, terrorismo y torturas. Actualmente espera por su extradición.