Garzón ordenó la captura de 98 militares por genocidio

BUENOS AIRES – El juez español Baltasar Garzón ordenó ayer la captura internacional de casi un centenar de militares y policías imputados por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la última dictadura y, por primera vez, encomendó a Interpol proceder a los arrestos aún dentro del territorio argentino.

La resolución firmada por el juez de la Audiencia Nacional de Madrid ordena la prisión provisional de 87 de los 98 represores argentinos a los que procesó ayer por los delitos de genocidio y tortura.

La complejidad del tema que plantea Garzón se vio reflejada es la escasez de declaraciones políticas que hubo al conocerse el resonante dictamen. Desde el gobierno nacional, nadie salió a pronunciarse.

Desde la Alianza, el presidente electo, Fernando De la Rúa, dijo que el dictamen «no tiene efecto operativo en nuestro país». Pero a última hora de anoche, el constitucionalista y asesor jurídico de la Alianza, Ricardo Gil Lavedra, dijo que hubo una confusión y que sí afecta.

«En un primer momento, cuando el fallo no había sido difundido oficialmente se filtró información desde España, la que generó un cable erróneo, pero luego cuando leímos parte del fallo por Internet, quedó en claro que Garzón dio orden de captura para todo el mundo, incluída la Argentina», precisó Lavedra.

Entre los acusados contra quienes Garzón libró órdenes de captura figuran los ex comandantes de las juntas militares Jorge Videla, Leopoldo Galtieri, Emilio Massera, Armando Lambruschini, Cristino Nicolaides, Omar Graffigna, Jorge Anaya, Basilio Lami Dozo y Rubén Franco, así como el ex gobernador tucumano Antonio Bussi. (ver recuadro)

Esta es la primera vez que Garzón encomienda a Interpol -la policía internacional- «averiguar el paradero de los procesados» y cumplir con las órdenes de detención en cualquier lugar del mundo, «incluido, por supuesto, el país de la nacionalidad» de los acusados, o sea Argentina, refiere la resolución del juez español, que consta de 282 páginas.

El magistrado, que ordenó embargar los bienes de los acusados, destacó «el carácter extraterritorial» de los delitos que se imputan, así como los convenios de asistencia jurídica mutua y acuerdos de extradición suscriptos con Argentina.

El procesamiento es en la causa por «genocidio y terrorismo de Estado» que investiga los crímenes perpetrados en las últimas dictaduras de Chile y Argentina. Pero los gobiernos de ambos países coinciden en no reconocer legitimidad al proceso que se sustancia en España por un principio de territorialidad según el cual todo ilícito debe ser juzgado donde es cometido.

Una situación difícil para el gobierno electo

Más allá de las interpretaciones jurídicas respecto de si debe aplicarse o no el principio de territorialidad, el dictamen de Garzón plantea un doble problema político para la Alianza. Por un lado, la toma de posición del futuro gobierno –una decisión política– con los militares, y por otro –y quizás más importante en este momento– la cohesión de la Alianza.

Este es uno de los temas que probará a fuego la relación entre los dos partidos, la Unión Cívica Radical y el FREPASO, por sus posiciones diferentes.

Gil Lavedra pidió anoche a que «se tomen las precauciones del caso», debido a la extensión del fallo; quizás una apelación a la cautela política.

El dictamen de Garzón sostiene que tras el derrocamiento de Isabel Perón, el 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas implementaron «un plan sistemático de desaparición y eliminación física de grupos de ciudadanos», a quienes persiguieron por cuestiones políticas, de raza o religión.

El objetivo de las Juntas Militares, explicó el juez, era construir una «nueva Argentina purificada de la contaminación subversiva y atea», para lo cual se creó una estructura militar dividida en seis zonas en las que existieron 340 centros de detención clandestina.

Garzón enumeró las atrocidades que considera probadas del gobierno de facto: abusos sexuales, secuestros de entre 20 mil y 30 mil personas (entre ellas unos 600 españoles), saqueo de bienes, secuestro y desaparición de cientos de niños, práctica sistemática de la tortura a los prisioneros, exterminio generalizado, enterramientos en fosas comunes, lanzamientos de cadáveres desde aeronaves y cremaciones de cuerpos». (AR, DyN)

Gendarme debe seguir figurando en la Conadep

La Justicia denegó a un ex represor de la última dictadura un pedido para que su nombre sea quitado de los registros de la Comisión Nacional Sobre la Desaparición de Personas (Conadep), ya que si bien no puede ser juzgado a raíz de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida «no pueden calificarse de falsos los datos» que le imputan violaciones a los derechos humanos.

El demandante «no acreditó que la investigación efectuada por la Conadep hubiera arrojado respecto de su persona una información falsa», según el fallo que trascendió ayer en Tribunales.

La resolución, que constituye un caso testigo en materia de defensa de los derechos humanos, fue del juez contencioso administrativo Martín Silva Garretón, en un expediente planteado por el comandante principal de Gendarmería Carlos Omar Farías.

Fuentes tribunalicias dijeron que el gendarme pidió a la Justicia argentina que se quite sus datos de los registros de la ex Conadep y que se lo elimine de la página de Internet cuya dirección es www.desaparecidos.org/grup/Fuerzas/gen.html.

Carlos Farías señaló en la presentación de un recurso de hábeas data que su inclusión en esos registros «lesiona gravemente» su aspiración de mantener su «honorabilidad sin mácula, a fin de asegurar a sus hijos la respetabilidad del apellido que llevan». Pero Silva Garretón consideró que «no existe agravio moral».

Nuevas audiencias

BAHIA BLANCA (DyN).- El fiscal de Bahía Blanca Hugo Cañón solicitó a la Cámara Federal de Apelaciones de esta ciudad que comiencen la semana próxima las audiencias para establecer el destino de las personas desaparecidos y de los niños nacidos en cautiverio durante la última dictadura en jurisdicción del V Cuerpo de Ejército.

Las audiencias orales y públicas se llevarán a cabo en el marco de la reapertura de las causas por desaparecidos y niños secuestrados, pero en el primero de los casos no tendrá otro fin que revelar el destino de esas personas, ya que los acusados quedarán amparados por las leyes de Punto Final, Obediencia Debida e Indulto. En cambio, para el caso de la apropiación de bebés, los implicados pueden ser condenados.

Cañón, quien informó ayer sobre su pedido para que comiencen las audiencias en pocos días más, no quiso precisar cuáles serían los casos que se ventilarían de aquí a fin de año.

De todas formas, indicó que «alrededor de 30 testigos declararán en el transcurso de cuatro a seis semanas, que es el tiempo previsto para desarrollar el juicio».

Ese será un período, destacó, «que nos permita encarar un tema que cierre por sí mismo por las características de los hechos que se van a presentar en estas audiencias», indicó.