Cerro Catedral: se destrabaría el proyecto de inversión

El legislador Alejandro Ramos Mejía desistió de la demanda que mantuvo frenada hasta hoy la firma del contrato entre el municipio y la empresa Capsa.

El legislador provincial del Frente de Todos Alejandro Ramos Mejía desistió de la demanda que mantuvo frenada hasta hoy la firma del contrato entre el municipio y la empresa Capsa, por el cual ésta última se aseguraría la explotación del cerro Catedral hasta 2056.

El litigio tramita ante la Cámara Civil y Comercial de esta ciudad, que dictó una medida cautelar hace ya un año y medio y desbarató los planes de Capsa y del intendente Gustavo Gennuso para sellar la prórroga de la actual concesión, sin nuevo proceso licitatorio.

El proyecto, que fue aprobado por ordenanza pero hoy está suspendido, comprendía una inversión de 22 millones de dólares y un nuevo desarrollo urbanístico en la ladera del centro invernal. Los cuestionamientos apuntan contra el salteo de la licitación y también contra la supuesta violación de normativas ambientales.

La medida cautelar fue ratificada por el STJ en mayo pasado y desde entonces no hubo mayores avances en el expediente. A comienzos de octubre las partes se reunieron en una audiencia conciliatoria que fue propiciada por Capsa con la venia del municipio y que terminó sin acuerdo alguno.

Por disposición del tribunal la causa tiene en la actualidad carácter de “reservada”, pero al menos tres fuentes con acceso a las actuaciones confirmaron que la última novedad fue el renunciamiento de Ramos Mejía a seguir con la querella.

De todos modos, el expediente sigue su curso porque los codemandantes Daniel Natapof, Ana Marks (ambos exconcejales) y Edith Garro (exlegisladora) están decididos a mantener sus planteos y por estos días buscan nuevo abogado patrocinante que reemplace al que compartían con Ramos Mejía.

Originalmente fueron dos demandas distintas, pero la Cámara decidió unificarlas. Entre los impulsores de la segunda imperaría la idea de no retroceder en lo expuesto ya con amplitud en la audiencia pública y en el debate de la ordenanza, cuando criticaron lo exiguo del canon anual comprometido por Capsa, los supuestos riesgos ambientales del emprendimiento y la falta “la falta de transparencia” del trámite, que incluyó un bloqueo del llamado a referéndum que habían solicitado miles de vecinos.


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