Grabois alertó por una «oleada de tomas» pero el Gobierno habló de «situaciones delictivas”

El dirigente social aseguró que "la gente no va a querer seguir viviendo hacinada con el coronavirus dando vueltas". La ministra Bielsa admitió la necesidad pero refirió otras razones de ocupación.

El gobierno nacional salió a cruzar indirectamente al dirigente social Juan Grabois, líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), por afirmar que “hay una oleada de toma de tierras que se va a profundizar” ya que “la gente no va a querer seguir viviendo hacinada con el coronavirus dando vueltas”.

La ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa, le respondió con un punto de vista contrario a lo que predica el dirigente de esa misma expresión política: “Lo que está sucediendo respecto de las tomas, en muchos casos, tiene que ver con situaciones más delictivas”, dijo la funcionaria.

Admitió la ministra que “no cabe ninguna duda de que existe necesidad” en la gente que no tiene lugar donde vivir o vive en lugares muy pequeños, reconoció el aumento de tomas, pero planteó esta salida: “Cada vez que esto sucede en alguna provincia aconsejamos que busquen una salida consensuada”.

Grabois había aclarado que la ocupación ilegal de terrenos no solo se produce en el conurbano bonaerense sino también en el interior del país. «Hay tomas de tierras en todos lados. En la provincia de Buenos Aires hay cualquier cantidad. También en Chaco y Corrientes, y se va a profundizar». Al respecto instó al Estado a ocuparse de esta situación. «Es más inteligente lotear la tierra, ponerle agua, luz, cloaca y darle a la gente para que haga su casa», añadió.

Anoche, en Canal 9, Grabois -a diferencia de su anterior declaración- incorporó la figura de delito de esta manera: «La toma de tierra es una situación delictiva de gente que no tiene intención delictiva, como cuando cartonear era un delito».

En tanto, diputados de Juntos por el Cambio presentaron en el Congreso un proyecto de ley que propone modificar el Código Penal para aumentar las penas para las personas que usurpen propiedades y terrenos privados y públicos.


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