Gremios de la UNCo y UNRN de Río Negro adhieren al paro universitario por el veto de Javier Milei

En Río Negro los gremios universitarios adhirieron al paro para este viernes a raíz del veto a la ley de financiamiento universitario emitido por el presidente Javier Milei, al mismo tiempo planifican llevar adelante una nueva marcha federal universitaria el día que el veto sea tratado en el congreso de la Nación.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, Mónica Zanchin, secretaria gremial de SIDIURN, anticipó que la próxima marcha federal universitaria podría realizarse en aproximadamente diez días, coincidiendo con el tratamiento legislativo del veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario. Mientras tanto, en General Roca se analiza realizar mañana actividades de visibilización ante la crítica situación que atraviesan las universidades locales.

Zanchin advirtió que el impacto del desfinanciamiento en la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) es profundo. “Un ayudante de primera, que es el cargo más común entre los docentes, cobra alrededor de 260 mil pesos mensuales, muy por debajo de la línea de pobreza”, señaló. La ausencia de paritarias y los aumentos salariales mínimos -del 1% al 2%- impuestos por el Gobierno Nacional agravan la situación.

Además, la falta de recursos afecta directamente las áreas de investigación, extensión y becas estudiantiles. “Muchos docentes deben tener más de un trabajo, lo que repercute en la calidad académica”, explicó. También alertó sobre la precarización laboral: el 70% del cuerpo docente está en condición de interinato, con designaciones cuatrimestrales y sin garantías de continuidad.

Por su parte, Julio Monasterio referente del gremio docente de la Universidad Nacional del Comahue, ADUNC, sostuvo que, desde diciembre de 2023, el sistema universitario público atraviesa un proceso de desmantelamiento que se manifiesta en múltiples dimensiones.

El docente universitario explicó que, en materia salarial, los trabajadores universitarios -docentes y no docentes- recibieron un recorte muy grande. Según indicó Monasterio, en la fundamentación del veto que se firmó ayer se aclara que el aumento acumulado del 110% entre diciembre de 2023 y julio de 2025. Sin embargo, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en ese mismo período fue de 220%, lo que representa una pérdida real del poder adquisitivo de entre el 30 y el 40%.

A esto se suma la falta de actualización presupuestaria que afecta el funcionamiento cotidiano de las universidades. “No solamente tiene que ver con las cuestiones edilicias, sino también con las cuestiones de financiamiento de tareas de investigación y extensión. También hay una falta de actualización del presupuesto y esto repercute en todas las tareas que hacen las universidades públicas”, afirmó Monasterio.

La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) es un ejemplo concreto de esta situación. Según Monasterio, la unidad académica ya venía atravesando una emergencia estructural y edilicia, que se agravó con la llegada del nuevo gobierno y la reducción de partidas presupuestarias. “La facultad se encuentra en una grave crisis”, afirmó, al enumerar problemas como la falta de calefacción en los edificios, techos con filtraciones y canaletas deterioradas, que han obligado en varias ocasiones a suspender actividades.

El docente de la UNCo explicó que en el día de ayer se realizó una asamblea interclaustro que reunió a todos los sectores de la comunidad universitaria. Allí se debatió la articulación con otras instituciones de la región, como la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) y el Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA), con el objetivo de conformar una asamblea interuniversitaria que fortalezca la convocatoria a la marcha federal.

“La idea es motorizar una respuesta colectiva frente a decisiones que afectan profundamente a la universidad pública”, concluyó Monasterio. “No se trata solo de defender nuestros derechos laborales, sino de sostener un modelo educativo inclusivo y federal.”