Guerra en Colombia
El flamante presidente colombiano Alvaro Uribe dista de ser el primer mandatario de la región que haya decidido limitar ciertos derechos considerados básicos por entender que de otro modo no le sería posible hacer frente a una amenaza totalitaria. Por el contrario, casi todos los presidentes latinoamericanos, sin excluir a Raúl Alfonsín, se han sentido obligados, a menudo frente a situaciones incomparablemente menos alarmantes que la enfrentada por Uribe que se sabe en guerra contra organizaciones terroristas como las FARC, grupos paramilitares y bandas de narcotraficantes que cuentan con recursos financieros casi ilimitados. Así las cosas, no le ha sido difícil en absoluto justificar la declaración del «estado de conmoción» que por cierto ya existía ni merecer la aprobación de la mayoría de sus compatriotas que está harta de ser víctima de los atropellos de criminales. Aunque se da el riesgo de que Colombia se acostumbre a ser una especie de semidemocracia en la que sea habitual violar los derechos de la población so pretexto de defenderla contra el terrorismo, la alternativa de seguir minimizando la violencia con la esperanza de que las FARC acepten atenerse a las reglas constitucionales resultaría más peligrosa.
Dicha estrategia fue intentada por el antecesor de Uribe, Andrés Pastrana, con las consecuencias previsibles. Puesto que a las FARC nunca les ha interesado convertirse en un movimiento democrático que a lo sumo lograría triunfar en algunas elecciones municipales, la idea de que fuera factible domesticarlas mediante negociaciones y una «tregua» que significaba cederles un enclave territorial sólo sirvió para permitirles consolidarse, de suerte que en buena lógica los reacios a someterse a un régimen marxista jamás han tenido otra opción que la de tratar de derrotarlas. Desde luego que en los demás países de América Latina y en Europa occidental muchos se han negado a entender que una «solución pacífica» del embrollo colombiano es imposible porque los guerrilleros han apostado a la violencia. A pesar de todo lo ocurrido no sólo en Colombia sino también en muchas otras partes del mundo, siguen resueltos a creer que en el fondo las organizaciones armadas como las FARC son esencialmente democráticas y que su existencia se debe a injusticias estructurales, de modo que la única forma de derrotarlas consistiría en eliminar las presuntas causas de su rebelión contra el orden establecido. Dicha incapacidad para entender la mentalidad totalitaria ha contribuido mucho a la proliferación de movimientos terroristas que, claro está, siempre toman la voluntad de «dialogar» por evidencia de debilidad.
Siempre y cuando no procure aprovechar personal o políticamente los poderes especiales derivados del estado de conmoción, Uribe merece el pleno apoyo de todos los gobiernos democráticos del mundo, incluyendo a los latinoamericanos. Sin embargo, es probable que dentro de poco tanto los que simpatizan con las FARC como los propensos a atribuir todo acto de violencia a las estructuras internacionalmente vigentes decidan atacarlo como un dictador «ultraderechista» en ciernes, mientras que el apoyo que le brindará Estados Unidos será de por sí más que suficiente como para que muchos sectores lo tomen por un agente de Washington. Claro, es una lástima que Uribe haya tenido que depender de la ayuda que Estados Unidos ya está prestándole, pero de haber mostrado los demás países latinoamericanos más solidaridad hacia Colombia en su lucha sin cuartel contra movimientos guerrilleros y narcotraficantes despiadados la participación de la superpotencia en este capítulo de «la guerra contra el terrorismo» hubiera sido decididamente menor. En efecto, toda sugerencia de que las fuerzas armadas de otros países de la región ayudaran a las colombianas ha desatado protestas vehementes motivadas sólo en parte por la conciencia de que siempre es riesgoso permitir que los militares latinoamericanos participen de la «represión» en un país hermano aun cuando a esta altura no quepa duda alguna de que es del interés de todos los comprometidos con la democracia y con el respeto por los derechos ciudadanos básicos que las autoridades legítimas de Colombia logren por fin desmantelar de una vez y para todas no sólo los ejércitos guerrilleros sino también las bandas narcotraficantes.
