Hace falta un nuevo proyecto, no una reforma constitucional

María magdalena odarda (*)

El gobierno nacional intenta nuevamente instalar la idea de re-reelección presidencial, en circunstancias en las que la falta de transparencia en el manejo de los fondos públicos en materia de coparticipación, las denuncias de corrupción de funcionarios –como los casos del vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, el exsecretario de Transporte de la Nación Ricardo Jaime, Ricardo Etchegaray de la AFIP–, la profundización del centralismo –con medidas como girar los fondos directamente a los intendentes, pasando por encima a los gobernadores para afectar a aquellos que no responden al gobierno nacional, como el caso del gobernador de Santa Fe– generan un profundo malestar en la sociedad y en vastos sectores de la política nacional y las provinciales. La distribución discrecional de los recursos provinciales, la reducción de la masa de impuestos coparticipables (menos del 34% que determina la ley) y el incumplimiento de la ley de Coparticipación Federal de Impuestos constituyen una herramienta extorsiva que usa el gobierno central y que provoca graves dificultades en los servicios de educación, salud, entre otros, tanto en las provincias como en los municipios. A su vez, se vulneran derechos ganados por sectores como el de los trabajadores, jubilados, pensionados y los beneficiarios de los programas sociales, quienes ven deteriorados sus ingresos como resultado del índice inflacionario que supera el 25% anual, mientras el gobierno desmiente con cifras irrisorias lo que cada ciudadano sabe y sufre. Las economías regionales, ante este escenario inflacionario y sin un proyecto económico nacional que las apoye concretamente, se encuentran cada vez más debilitadas. Los pequeños y medianos productores, las empresas familiares tienen muchas dificultades para sostener sus actividades. De esta manera –para el gobierno– la depresión de las economías regionales va justificando la entrega de bienes comunes (tierra, biodiversidad, agua) para los proyectos extractivistas (megaminería, pools de siembra, soja, transgénicos, petróleo y gas no convencionales, etc.), donde sólo un pequeño grupo se beneficia haciendo acuerdos con el gobierno. En otro orden, la intención del Poder Ejecutivo de manejar la administración de Justicia y la intromisión en el Parlamento nacional ya son moneda corriente, echando por tierra la división de poderes de la república. Nos encontramos ante una situación que muestra que la población en general está sufriendo las consecuencias de un modelo que ha comenzado a agotarse, y las movilizaciones sociales, cada vez más constantes, son la respuesta a estas políticas actuales descriptas. Ante este escenario, tanto en las próximas elecciones primarias de agosto como en la general de octubre, los rionegrinos decidiremos si continuar con este proyecto político nacional garantizando la reforma para la reelección de Cristina Fernández de Kirchner o apoyar a diputados y senadores que respeten la Constitución nacional y trabajen en defensa del sistema republicano por un proyecto nacional que solucione los grandes problemas. Está en nuestras manos decidir si continuar con este modelo excluyente y centralista que necesita siempre construir un adversario para confrontar, o construir la alternativa en la que todas las voces sean escuchadas. (*) Abogada. Legisladora provincial Bloque Progresista CC-ARI