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¿Hay alternativas para una presidencia diferente en Chile?

La ciudadanía ha demandado, con sus protestas sociales, otros estándares de idoneidad para ocupar cargos políticos, una renovación de la vieja política.

La mañana del 21 de septiembre, el candidato presidencial por el Partido de la Gente en Chile, Franco Parisi, dio una entrevista radial insólita pero sintomática. El aspirante a La Moneda, también economista, se negó a responder a cada una de las preguntas realizadas por cuatro respetados periodistas sobre situaciones irregulares en las que está involucrado: la deuda de 207 millones de pesos (unos 263,000 dólares) por el no pago de la pensión de alimentos de sus dos hijos mayores, el arraigo nacional que lo obligaría a permanecer en el país, su campaña a distancia cuando faltan apenas dos meses para las elecciones y las acusaciones por acoso sexual cuando era profesor en Texas Tech University, en Estados Unidos.


Desde su residencia en Alabama, Parisi no solo evadió los temas, sino que dijo que se trataban de asuntos privados que nada tienen que ver con su aspiración política. Cuando se sintió acorralado por los reporteros, acudió a la victimización señalando una supuesta persecución política, empresarial y mediática.


Solo un mes antes, el Servicio Electoral (Servel) había rechazado la inscripción de Diego Ancalao como aspirante a La Moneda por la entrega de firmas adulteradas que tenían el sello de una notaría que había dejado de funcionar en 2018, y cuyo notario falleció en febrero de este año.

Ancalao era el representante de La Lista del Pueblo, un movimiento ciudadano que se organizó durante el estallido social para llevar candidatos a la Convención Constitucional y que prefirió no constituirse como partido político, pero terminó replicando las prácticas que sus voceros condenaron en innumerables ocasiones. Aunque en teoría nació exclusivamente para el proceso constituyente, el movimiento decidió continuar en la política electoralista, por lo que varios convencionales renunciaron a sus filas por no compartir esta proyección. Al movimiento le hubiese bastado con poner el nombre de su candidato en un buscador de Internet para encontrar algunos antecedentes que le hubiesen ahorrado el bochorno y el descrédito.

El porcentaje de indecisos supera ahora ampliamente los valores de los elecciones previas de 2013 y 2017.

Desde la inscripción de las primarias, el pasado mayo, quienes habitamos este país hemos atestiguado un triste espectáculo en el que pareciera que cada uno de los partidos o movimientos independientes se vistió con los viejos y empolvados trajes de la política tradicional de la que tan bien renegaron en tertulias televisivas y largas entrevistas, cuando ser autocrítico era tendencia.


Parece sintomática la manera burda en que gran parte de quienes pretenden llegar a gobernar el país intentan evadir las interrogantes legítimas que hace la prensa, desconociendo las garantías de probidad y transparencia con que debe contar cualquiera que ocupe un cargo público, más aún cuando se trata de la presidencia de la República.  


Pero además, el comodín recurrente de la mayoría de los candidatos, sin importar el color político, ha sido señalar un complot mediático que busca desacreditar e impedir sus aspiraciones políticas.


La respuesta fácil ha sido desviar la atención hacia ese enemigo común que son los medios o los periodistas. Hay un evidente desprecio hacia el electorado y la ciudadanía en general, cuando quienes se presentan como justicieros de los sin voz, de los ignorados, de la gente común, prefieren elucubrar teorías de conspiración antes que asumir responsabilidades de, nada más y nada menos, sus propios actos. Cuando se les enrostra hechos -con datos, documentos, pruebas- han preferido callar o insinuar campañas dirigidas por el magnate George Soros, la masonería y otros fantasmas mundiales.


Es evidente que la historia de los principales medios de comunicación chilenos aún está muy manchada por el trabajo sucio que realizaron durante la dictadura de Augusto Pinochet y del cual aún hace falta un mea culpa y un compromiso de no repetición. Tampoco es sorpresa que los mismos medios tengan una línea editorial aun cuando esta no ha sido del todo transparente. Pero ese asunto, del que podemos escribir y debatir en otro momento, no puede servir de excusa para desviar la atención o eludir el deber político.


Le corresponderá a la ciudadanía evaluar el nivel o la calidad periodística, pero para eso necesita que los candidatos pongan a disposición todos los antecedentes y no solo su marketing populista.


La protesta social y el despertar chileno que supuso la revuelta de octubre de 2019 entregó un mensaje claro y directo a los gobernantes para exigirles cambios que apunten al fin de los abusos, de la impunidad en casos de corrupción y de privilegios por sobre derechos.


Este proceso ha tenido no solo costos humanos, sociales y políticos, sino que también se ha ido instalando como una transformación profunda que toca esa columna vertebral que es la actual Constitución y que se espera cambiar mediante el texto en el que trabajará la Convención Constitucional.


La ciudadanía ha demandado otros estándares de probidad e idoneidad para ocupar cargos políticos, una renovación de la vieja política dirigida por esos burócratas que no se enteran cuánto cuesta el kilo de pan, el pasaje de metro o que la gente llega muy temprano a los consultorios no para hacer vida social, sino porque’ es la única forma de conseguir un cupo en el sistema público.


Sin liderazgos consistentes, ni la centro izquierda que representa Gabriel Boric ni la derecha de Sebastián Sichel -los dos candidatos que actualmente lideran las encuestas- tienen asegurado el triunfo de noviembre. Tampoco el fascismo al que las encuestas pretenden inflar tiene eco mucho más allá de esa burbuja que son las redes sociales, mientras que la ex Concertación se condenó a sí misma replicando las antiguas tácticas de alianzas forzadas.


La decencia también es posicionarse de manera clara y contundente contra el fascismo y la dictadura, como garantías mínimas en un país que tiene tantos temas pendientes en materia de derechos humanos. Quedar bien con dios y con el diablo es parte de esa vieja política de la que hoy reniegan en público los candidatos para luego hacer exactamente lo contrario.


No bastará con cambiar al actual gobierno de Sebastián Piñera, pues no existe eslogan que resista la fragmentación social y el abandono político que ha sufrido la gente en los últimos tres años. Será necesario reinstalar la ética, reconquistar la credibilidad y, sobre todo, dejar de despreciar a sus propios votantes.

* Corresponsal y reportera freelance en Chile. The Washington Post


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