Crimen de Dobra en Roca: la pista de un ajuste narco sumó pruebas y mantiene detenidos a los imputados
El juez Emilio Stadler confirmó la prórroga de las cautelares para dos imputados que habían solicitado revisión de las preventivas. Una pericia odorológica positiva y el entramado de venta de drogas asoman como las claves de los acusadores.
La Justicia determinó que los imputados por el asesinato de Julián Dobra permanezcan en prisión preventiva mientras se procesan pericias genéticas y tecnológicas adicionales.
En una audiencia de revisión clave para el avance de la denominada «causa compleja» por el homicidio de Julián Dobra de la Canal, el juez Emilio Stadler resolvió confirmar la prórroga de la prisión preventiva para Leandro Navarro y Mateo Hernández. De esta manera, ambos imputados permanecerán detenidos hasta el 7 de noviembre de 2026, mientras los acusadores consolidan una investigación que vincula el asesinato con un violento ajuste de cuentas relacionado con la comercialización de estupefacientes en la región.
La resolución del magistrado se basó en el cuadro general presentado por la fiscalía, desestimando los planteos de las defensas que cuestionaban la objetividad de las pruebas recolectadas hasta el momento. El caso, que se remonta al 17 de abril de 2025, sumó recientemente evidencias técnicas que, para los acusadores, ubican a los detenidos en la escena del crimen o en contacto directo con el arma utilizada para ultimar a la víctima.
La «barreta» y la pericia de olor que complica a los acusados
Uno de los puntos de mayor impacto durante la audiencia fue la revelación de los resultados de una pericia odorológica realizada sobre una barra metálica de 96 centímetros hallado a escasos centímetros del cuerpo de Julián. Según detalló el fiscal Marcelo Ramos, el informe pericial del 17 de mayo de 2026 arrojó resultados positivos para Navarro y Hernández tras el cotejo realizado por dos canes adiestrados.
«Este relevamiento dio positivo respecto de Navarro y respecto de Hernández. O sea, que hay rastros de olor y esto fue cotejado por dos canes, porque esto se hizo de la manera que se hace correctamente», remarcó Ramos ante el juez Stadler. Para la fiscalía, esta prueba es un «dato objetivo» fundamental que vincula a los acusados con el elemento que se presume fue utilizado para golpear a la víctima, de acuerdo con los informes forenses previos.
El auto de la víctima y el negocio de los «soldaditos»
La fiscalía, representada por Ramos y la fiscal jefe Belén Calarco, expuso una teoría del caso que sitúa a Leandro Navarro como el presunto autor intelectual y jefe de una organización dedicada al tráfico de drogas que utilizaba a menores de edad como «soldados». Según esta hipótesis, Julián Dobra mantenía un vínculo de confianza con este grupo y prestaba su vehículo particular para facilitar la logística de la venta de estupefacientes a cambio de droga para consumo personal.
Sin embargo, el conflicto se habría desencadenado cuando Dobra, atemorizado por la demora en la devolución de su auto y por presuntos miedos de persecución, amenazó con realizar una denuncia policial. «La denuncia implicaba que si él hacía la denuncia de robo o hurto del vehículo, iba a dar intervención a la policía y eso podría poner en riesgo el negocio que Navarro llevaba muy cómodamente a través de sus soldados«, explicó la fiscal Calarco.
A esta trama se suman capturas de pantalla del teléfono de la víctima que muestran fotos tomadas frente a la casa de uno de los sospechosos minutos antes de su desaparición. Además, se acreditó que el auto de Dobra fue utilizado por dos menores imputados para realizar transacciones de droga incluso después del homicidio, antes de ser finalmente incendiado para borrar evidencias.
La defensa cuestionó la competencia y la validez de los indicios
Por su parte, el abogado defensor de Navarro, Miguel Ángel Zeballos Díaz, centró su estrategia en atacar la validez de la pericia de olor y en cuestionar la competencia de la justicia provincial para investigar hechos que, a su criterio, pertenecen al fuero federal por estar ligados al narcotráfico. «Parece más una causa federal que una causa provincial de fuero ordinario», sostuvo el defensor, argumentando que no hay pruebas directas que vinculen a su cliente con el plan de matar a Dobra.
Stadler interrumpió Zeballos Díaz para preguntarle si su aseveración respecto a la incompetencia de la justicia provincial ya fue presentada. «No, pero tengo hasta el control de acusación para hacerlo», contestó el defensor.
Respecto a la pericia odorológica, Zeballos Díaz afirmó que «es un indicio y no es prueba objetiva», sugiriendo que el olor podría haberse transmitido por contactos cotidianos previos entre los jóvenes, dado que eran amigos. «No hay prueba objetiva, no hay testigo… sospecharía de las personas que están presas», añadió, refiriéndose a las declaraciones de testigos de identidad reservada que mencionaron el temor de Navarro por una supuesta relación entre su pareja y la víctima.
En la misma línea, Agustín Aguilar, defensor de Mateo Hernández calificó las pruebas testimoniales «ambiguas». Aguilar señaló que el relato del menor que escuchó a Hernández y un menor hablar de un «fisura que cagaron a palos» no es determinante para mantener la prisión preventiva.
Ratificación judicial y plazos de investigación
Finalmente, el juez Stadler rechazó los planteos defensivos y validó el accionar del Ministerio Público Fiscal. El magistrado subrayó que la prueba en esta instancia debe analizarse de manera integral y no fragmentaria. «Es una prueba objetiva y por supuesto que es indiciaria. (…) Ese conjunto de indicios, cuando son graves, serios y concordantes, puede dar semiplena prueba», fundamentó Stadler al confirmar que el peligro de entorpecimiento sigue vigente debido a la complejidad del entramado y la necesidad de proteger a los testigos.
Con esta decisión, la investigación por el crimen de Julián Dobra continuará su curso con los plazos prorrogados, a la espera de nuevos análisis de ADN en la barreta y pericias tecnológicas sobre los dispositivos secuestrados, que serán claves para la elevación de la causa a juicio oral.
En una audiencia de revisión clave para el avance de la denominada "causa compleja" por el homicidio de Julián Dobra de la Canal, el juez Emilio Stadler resolvió confirmar la prórroga de la prisión preventiva para Leandro Navarro y Mateo Hernández. De esta manera, ambos imputados permanecerán detenidos hasta el 7 de noviembre de 2026, mientras los acusadores consolidan una investigación que vincula el asesinato con un violento ajuste de cuentas relacionado con la comercialización de estupefacientes en la región.
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