Histeria calculada

Desde que José Luis Machinea optó por poner fin a su gestión por entender que nunca contaría con el apoyo institucional necesario para tener alguna posibilidad de brindar los resultados deseados, el país parece estar dominado por una multitud de políticos profesionales de los grandes partidos tradicionales, sin excluir al gobernante, activistas de movimientos minúsculos que dicen representar «al pueblo», sindicalistas, militantes estudiantiles, lobbistas empresarios y otros que están advirtiéndonos que nada les haría aceptar un nuevo «ajuste», coro que se hizo ensordecedor luego de que Ricardo López Murphy anunció un programa de cortes y que apenas ha comenzado a apagarse con el regreso de Domingo Cavallo al Ministerio de Economía. Por lo tanto, sería fácil llegar a la conclusión de que el país entero se opone con intransigencia a los «ajustes» y que una proporción muy grande de la población querría que todo el gobierno actual se viera reemplazado por otro más «popular». Otra interpretación, empero, sería que la aparente unanimidad de los muchos que están participando en el alboroto de las semanas últimas es una ilusión, porque lo que todos están procurando hacer es asustar tanto al gobierno, que decida eximir al sector que ellos representan de los recortes que con toda seguridad se producirán. Por lo menos, es de esperar que sea así: de lo contrario, el país no tendrá futuro.

Los políticos más racionales sabrán que no hay duda alguna de que un «ajuste» es necesario. Lo es porque a raíz de la debilidad y la ineficiencia del gobierno encabezado formalmente por el presidente Fernando de la Rúa, además de la voluntad de todos los gobernadores provinciales de luchar por cada peso a su alcance, el gasto público excede por mucho la capacidad de la economía del país para financiarlo. Así las cosas, la única alternativa a gastar menos consistiría en endeudarnos más pero, bien que mal, los acreedores están hartos de prestarnos dinero a cambio de reformas que nunca se concretan, de suerte que durante cierto tiempo el país tendrá que intentar vivir en base a lo que logre generar, planteo éste que muchos consideran intolerable porque a su entender se trata de una realidad indignante. Asimismo, no faltan aquellos dirigentes como Raúl Alfonsín y Eduardo Duhalde quienes, a juzgar por sus palabras vehementes, creen que les corresponde a los países ricos ayudar a la Argentina a seguir viviendo por encima de sus propios medios aunque, desde luego, no tienen derecho alguno a exigir después la devolución de lo que presten. Por razones comprensibles, dicha teoría disfruta de cierta popularidad aquí, pero según parece no ha impresionado a muchos en el exterior, donde está resultando difícil convencer a los políticos y economistas de que la Argentina merece un trato especial.

Pues bien: si los «ajustes» son «imposibles» o, como se dice hoy en día, «políticamente inviables», no nos cabe otra opción que la de resignarnos a un colapso de magnitud aún mayor que el desatado por el gobierno de Alfonsín. ¿Es lo que están recomendando los jefes sindicales, los gobernadores provinciales, los piqueteros, los estudiantes y personajes como el cura metamorfoseado en demagogo Luis Farinello? En algunos casos parecería que sí, porque a cierta gente nada les gustaría más que ver a la Argentina reducida a la condición de Afganistán. Pero en otros los objetivos son más modestos, limitándose al deseo de asegurar que otros paguen los costos del «ajuste» que, como entienden muy bien, tendrá que producirse en los próximos días.

Por desgracia, no es nada fácil distinguir entre los principistas que preferían que la Argentina degenerara en un montón de escombros habitado por delincuentes a intentar sobrevivir en el marco del «modelo» por un lado y, por el otro, los lobbistas sectoriales que, en un momento de tensión, están meramente resueltos a defender sus propios intereses. El ruido que ambos hacen es idéntico y también lo son sus lemas. De tomarlos en serio el electorado, en octubre podrían triunfar los partidarios de continuar aumentando el gasto público y reducir los impuestos sin preocuparse en absoluto por las consecuencias previsibles de tales «políticas», lo cual supondría que el país protagonizaría una catástrofe atribuible a nada, salvo a la estupidez de sus propios dirigentes.