Hostigamiento judicial

Puede entenderse la reacción airada de los vinculados con Fernando de la Rúa frente al fallo de la Cámara Federal que ordenó que sea interrogado por «homicidio culposo» de las cinco personas que fueron muertas el 20 de diciembre del año pasado en la Plaza de Mayo. Creen que el ex presidente y el ex secretario de Seguridad, Enrique Mathov, son blancos de una campaña de hostigamiento impulsada por jueces ambiciosos o por políticos oficialistas deseosos de hacer pensar que De la Rúa es culpable de buena parte de los males del país. En cuanto al hecho indiscutible de que el operativo policial que se llevó a cabo en aquella ocasión haya obedecido a una «decisión política», del Poder Ejecutivo, extrañaría mucho más que un gobierno legítimo no hubiera instruido a la Policía para impedir que la Casa Rosada fuera sitiada por manifestantes enfurecidos. Después de todo, no es ningún secreto que los sucesos violentos que antecedieron a la caída del gobierno de la Alianza fueron instigados por distintas facciones peronistas bonaerenses, razón por la que los saqueos que se produjeron en vísperas de la renuncia de De la Rúa no se repitieron después aunque a partir de entonces la situación socioeconómica del país no ha dejado de agravarse. Asimismo, como señaló el ex radical Ricardo López Murphy, los esfuerzos judiciales por vincular a De la Rúa con la represión del 20 de diciembre parecen haber sido decididamente mayores que los destinados a culpar a Eduardo Duhalde por los muertos ocurridos en Avellaneda hace un mes.

Por supuesto, en casos como éste es siempre posible que la citación judicial se haya basado en datos concretos no difundidos, pero conforme a la información disponible sería claramente absurdo suponer que De la Rúa, un hombre que nadie tomaría por un «represor» despiadado, haya querido terminar su presidencia en medio de muertos y heridos. Sin embargo, parecería que a distintos sectores les ha resultado la idea de tratarlo como un extremista dispuesto a defender el orden establecido a sangre y fuego, pisoteando los derechos de cualquier ciudadano inocente que se animara a protestar contra sus políticas «neoliberales». Dicha actitud es común entre los militantes de agrupaciones izquierdistas, que en la actualidad cuentan con el beneplácito de moderados enojados por el deterioro constante del país, que a juzgar por sus declaraciones suponen que el Estado debería tolerar cualquier medida, por violenta e ilegal que fuera, emprendida por los piqueteros u otros representantes «populares», porque a su juicio el orden existente es intrínsecamente injusto.

Desafortunadamente, los comprometidos con ideologías determinadas que quisieran que la Justicia favoreciera a sus propias pretensiones, tratando con benevolencia a algunos y con dureza a otros de acuerdo con su coloración política, siempre han abundado en nuestro país. Desde su óptica particular, la Justicia no es un escudo que sirve para proteger a la sociedad en su conjunto contra los proclives a violar las reglas, sino un arma en manos de los grupos dominantes o, como parece suceder con cierta frecuencia, de sectores que parecen destinados a llevar la voz cantante en un futuro no demasiado distante. De más está decir que el año pasado parecería que los más vulnerables eran ciertos ex funcionarios del gobierno de Carlos Menem, que podrían acusarse de participar de una «asociación ilícita», mientras que en la actualidad los relacionados con De la Rúa corren más peligro de ser detenidos por sus presuntas fechorías aunque, por fortuna, la situación dista de ser tan nítida como era el caso en épocas anteriores. Sea como fuere, en última instancia convendría a todos que la Justicia no sólo se despolitizara por completo, sino que no se le ocurriera a nadie atribuir los problemas judiciales de figuras públicas -o los de militantes contrarios al sistema- a factores políticos.

Es que lo entiendan o no aquellos que celebran la detención del «malo» de turno y protestan con vehemencia cuando el arrestado es un «bueno», cuando la Justicia mira la realidad a través de un prisma ideológico, o cuando jueces se dejan impresionar por el clima de opinión coyuntural, no sólo están en peligro los candidatos a ser los chivos expiatorios de turno sino todos los miembros de la comunidad.


Puede entenderse la reacción airada de los vinculados con Fernando de la Rúa frente al fallo de la Cámara Federal que ordenó que sea interrogado por "homicidio culposo" de las cinco personas que fueron muertas el 20 de diciembre del año pasado en la Plaza de Mayo. Creen que el ex presidente y el ex secretario de Seguridad, Enrique Mathov, son blancos de una campaña de hostigamiento impulsada por jueces ambiciosos o por políticos oficialistas deseosos de hacer pensar que De la Rúa es culpable de buena parte de los males del país. En cuanto al hecho indiscutible de que el operativo policial que se llevó a cabo en aquella ocasión haya obedecido a una "decisión política", del Poder Ejecutivo, extrañaría mucho más que un gobierno legítimo no hubiera instruido a la Policía para impedir que la Casa Rosada fuera sitiada por manifestantes enfurecidos. Después de todo, no es ningún secreto que los sucesos violentos que antecedieron a la caída del gobierno de la Alianza fueron instigados por distintas facciones peronistas bonaerenses, razón por la que los saqueos que se produjeron en vísperas de la renuncia de De la Rúa no se repitieron después aunque a partir de entonces la situación socioeconómica del país no ha dejado de agravarse. Asimismo, como señaló el ex radical Ricardo López Murphy, los esfuerzos judiciales por vincular a De la Rúa con la represión del 20 de diciembre parecen haber sido decididamente mayores que los destinados a culpar a Eduardo Duhalde por los muertos ocurridos en Avellaneda hace un mes.

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