¿Importa la inseguridad?
El teniente coronel Sergio Berni, quien desde hace poco más de un año se desempeña como viceministro de Seguridad, se pregunta: “¿A quién carajo le importa la sensación de inseguridad?” Aunque la respuesta lógica al interrogante así planteado sería “a todos”, Berni parece tan convencido como otros integrantes del gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de que si no fuera por el morbo de la prensa amarilla y los medios “hegemónicos” la gente entendería que, con la excepción de lugares como Rosario y Junín –localidad bonaerense que el domingo pasado se vio convulsionada por un estallido de ira popular luego del asesinato de una joven de 17 años en un asalto a mano armada a un quiosco– que están administrados por opositores, la Argentina es un país virtualmente libre de delincuentes. Por desgracia, éste dista de ser el caso. Como Berni, que según parece lleva la voz cantante en el Ministerio de Seguridad, marginando a la ministra formal Nilda Garré, debería saber mejor que nadie que en la Capital, el conurbano bonaerense y muchos otros distritos, a lo ancho y a lo largo del país, el crimen violento, agravado por el consumo de drogas y la presencia ominosa de narcotraficantes no sólo argentinos sino también colombianos y mexicanos, ha generado un clima envolvente de miedo. Si bien la situación resulta mucho menos alarmante de lo que es en ciertas ciudades extranjeras como Caracas, razón por la que los voceros oficiales insisten en lo de la “sensación”, dando a entender así que sólo se trata de un problema psicológico que se ve aprovechado por periodistas y opositores políticos inescrupulosos, muchos temen que, a menos que el gobierno reaccione a tiempo, pronto se les parezca. A primera vista, la voluntad de Berni, Garré y personajes como Aníbal Fernández de minimizar la importancia del delito no ayuda en absoluto al gobierno de Cristina, ya que sirve para llamar la atención a la brecha creciente que separa la retórica oficial de la dura realidad. Sin embargo, en política las cosas no suelen ser tan sencillas. Al brindar la impresión de que, como diría el militar, al gobierno no le “importa un carajo” lo que está sucediendo en distintas zonas del país, se hacen más verosímiles las denuncias de quienes sospechan que los kirchneristas quieren que tanto la clase media como los pobres estructurales se sientan tan intimidados que seguirán apoyándolos por creerlos los únicos capaces de mantener a raya la anarquía. Al fin y al cabo, la supervivencia del peronismo se debe en buena medida al temor a la ingobernabilidad. Asimismo, a base de la experiencia de sus aliados ideológicos venezolanos, los kirchneristas sabrán que un gobierno “fuerte” está en mejores condiciones de lo que sería uno conformado por representantes de una oposición presuntamente débil y respetuosa de la ley para aprovechar la “sensación de inseguridad” ocasionada por el crimen que, desde luego, se ha hecho ubicuo en el violentísimo país bolivariano, sin por eso perjudicar políticamente al chavismo. Aunque según las encuestas, en nuestro país la inseguridad encabeza la lista de preocupaciones ciudadanas y muchos la atribuyen a la ineptitud gubernamental, esto no necesariamente significa que, a la hora de votar, el electorado confiará más en los candidatos opositores. Lo habrá intuido Néstor Kirchner cuando decidió permitir que los piqueteros provocaran día tras día el caos en el centro de la Capital Federal; se trataba de una manera eficaz de amenazar indirectamente a la clase media, de tal modo disciplinándola. Para la oposición, la “sensación de inseguridad” constituye un desafío nada fácil. Combatir el delito con eficacia requeriría inversiones sustanciales en las instituciones policiales y en el sistema carcelario. También sería necesario mejorar la educación pública y los programas de contención social. ¿Está el país en condiciones económicas de hacerlo? Parecería que no. ¿Serviría una política de mano dura? No hay muchos motivos para creerlo. Puede entenderse la frustración que sienten tantos, incluyendo a personas como Berni, frente a un conjunto de problemas gravísimos que son incapaces de solucionar. Con todo, siempre y cuando el gobierno no se haya propuesto limitarse a aprovechar la “sensación” provocada por la inseguridad, intentar combatirla aconsejando a la gente a preocuparse menos, es peor que inútil.
El teniente coronel Sergio Berni, quien desde hace poco más de un año se desempeña como viceministro de Seguridad, se pregunta: “¿A quién carajo le importa la sensación de inseguridad?” Aunque la respuesta lógica al interrogante así planteado sería “a todos”, Berni parece tan convencido como otros integrantes del gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de que si no fuera por el morbo de la prensa amarilla y los medios “hegemónicos” la gente entendería que, con la excepción de lugares como Rosario y Junín –localidad bonaerense que el domingo pasado se vio convulsionada por un estallido de ira popular luego del asesinato de una joven de 17 años en un asalto a mano armada a un quiosco– que están administrados por opositores, la Argentina es un país virtualmente libre de delincuentes. Por desgracia, éste dista de ser el caso. Como Berni, que según parece lleva la voz cantante en el Ministerio de Seguridad, marginando a la ministra formal Nilda Garré, debería saber mejor que nadie que en la Capital, el conurbano bonaerense y muchos otros distritos, a lo ancho y a lo largo del país, el crimen violento, agravado por el consumo de drogas y la presencia ominosa de narcotraficantes no sólo argentinos sino también colombianos y mexicanos, ha generado un clima envolvente de miedo. Si bien la situación resulta mucho menos alarmante de lo que es en ciertas ciudades extranjeras como Caracas, razón por la que los voceros oficiales insisten en lo de la “sensación”, dando a entender así que sólo se trata de un problema psicológico que se ve aprovechado por periodistas y opositores políticos inescrupulosos, muchos temen que, a menos que el gobierno reaccione a tiempo, pronto se les parezca. A primera vista, la voluntad de Berni, Garré y personajes como Aníbal Fernández de minimizar la importancia del delito no ayuda en absoluto al gobierno de Cristina, ya que sirve para llamar la atención a la brecha creciente que separa la retórica oficial de la dura realidad. Sin embargo, en política las cosas no suelen ser tan sencillas. Al brindar la impresión de que, como diría el militar, al gobierno no le “importa un carajo” lo que está sucediendo en distintas zonas del país, se hacen más verosímiles las denuncias de quienes sospechan que los kirchneristas quieren que tanto la clase media como los pobres estructurales se sientan tan intimidados que seguirán apoyándolos por creerlos los únicos capaces de mantener a raya la anarquía. Al fin y al cabo, la supervivencia del peronismo se debe en buena medida al temor a la ingobernabilidad. Asimismo, a base de la experiencia de sus aliados ideológicos venezolanos, los kirchneristas sabrán que un gobierno “fuerte” está en mejores condiciones de lo que sería uno conformado por representantes de una oposición presuntamente débil y respetuosa de la ley para aprovechar la “sensación de inseguridad” ocasionada por el crimen que, desde luego, se ha hecho ubicuo en el violentísimo país bolivariano, sin por eso perjudicar políticamente al chavismo. Aunque según las encuestas, en nuestro país la inseguridad encabeza la lista de preocupaciones ciudadanas y muchos la atribuyen a la ineptitud gubernamental, esto no necesariamente significa que, a la hora de votar, el electorado confiará más en los candidatos opositores. Lo habrá intuido Néstor Kirchner cuando decidió permitir que los piqueteros provocaran día tras día el caos en el centro de la Capital Federal; se trataba de una manera eficaz de amenazar indirectamente a la clase media, de tal modo disciplinándola. Para la oposición, la “sensación de inseguridad” constituye un desafío nada fácil. Combatir el delito con eficacia requeriría inversiones sustanciales en las instituciones policiales y en el sistema carcelario. También sería necesario mejorar la educación pública y los programas de contención social. ¿Está el país en condiciones económicas de hacerlo? Parecería que no. ¿Serviría una política de mano dura? No hay muchos motivos para creerlo. Puede entenderse la frustración que sienten tantos, incluyendo a personas como Berni, frente a un conjunto de problemas gravísimos que son incapaces de solucionar. Con todo, siempre y cuando el gobierno no se haya propuesto limitarse a aprovechar la “sensación” provocada por la inseguridad, intentar combatirla aconsejando a la gente a preocuparse menos, es peor que inútil.
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