Imputan a la procuradora y al juez del caso Báez

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El fiscal federal Gerardo Di Masi imputó a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó y al juez federal Sebastián Casanello por supuesto encubrimiento del empresario Lázaro Báez en la causa por lavado de dinero.

Se trata de la denuncia que hizo la diputada de la oposición Elisa Carrió, quien acusó a Gils Carbó y el juez Casanello, a cargo de la causa, por encubrimiento de Lázaro Báez, luego de que el magistrado rechazara realizar un allanamiento en una baulera en Tigre, en donde se sospecha que se ocultó documentación de la financiera de Elaskar conocida como “La Rosadita”, así como de declararse incompetente para investigar la supuesta existencia de bóvedas en la casa del empresario en Río Gallegos.

Fuentes judiciales informaron que Di Masi impulsó la denuncia que tramita ahora en el juzgado federal a cargo del juez Marcelo Martínez Di Giorgi.

La denuncia también apunta al titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella, así como al integrante de la misma, Omar Orsi.

Como medida de prueba, Di Masi le pidió al juez Martínez Di Giorgi que pida todo el expediente de la causa por lavado que implica a Báez y otros, y que está en poder del juez Casanello.

El pedido por la reapertura de la investigación a la procuradora había sido realizado por el fiscal Germán Moldes, pero fue archivado tras caer en el juzgado de Casanello. Sin embargo, la decisión fue apelada por el fiscal Guillermo Marijuan.

Decisión “prematura”

Moldes cuestionó la decisión de Casanello y la calificó de “prematura”, y sostuvo que “es necesario concretar mínimamente las diligencias útiles, que permitan tomar conocimiento de los hechos denunciados”.

Gils Carbó también fue denunciada por Mario Cimadevilla, senador de la UCR, quien pidió que se la investigara por la cantidad de nombramientos irregulares en el ministerio público.

Carrió, luego de que Casanello enviara la causa a Río Gallegos, afirmó que la intención del juez era “encubrir las conductas criminosas que, como se sospecha, vinculan a los imputados con las más altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional que incluyen a la presidenta Cristina Kirchner”.

La legisladora también cuestionó a los fiscales a cargo de la Procuraduría antilavado por no haber imputado a Báez cuando se inició la causa, decisión que vinculó con un supuesto pedido de Gils Carbó.

Lázaro Báez, el máximo beneficiario de la obra pública en Santa Cruz e íntimo amigo del expresidente Néstor Kirchner (2003-2007), habría sacado al menos unos 55 millones de euros hacia paraísos fiscales, según las denuncias reveladas en el programa de Jorge Lanata en Canal 13. (DyN)

LAVADO DE DINERO