Imputaron a ocupantes y ordenaron despejar los lotes tomados en el cerro Otto

El juez de garantías de Bariloche Juan Pablo Laurence reconoció este lunes que las personas imputadas por la usurpación de tres lotes en la ladera sur del cerro Otto están en una situación “de vulnerabilidad habitacional y social que debe ser atendida por el Estado”. Pero advirtió a los acusados que no pueden vulnerar la ley.

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Por eso, Laurence admitió los cargos formulados por el fiscal Tomás Soto y el fiscal adjunto Gerardo Miranda, quienes les atribuyeron a un grupo de 30 personas haber usurpado entre el 17 y 24 de agosto pasado un lote de la Municipalidad de Bariloche y dos terrenos privados. Los tres inmuebles están ubicados en el faldeo de la ladera sur del cerro Otto, en inmediaciones del barrio El Frutillar y de planes de viviendas en ejecución.

A cuatro de los imputados los acusaron además por otra usurpación en ese mismo lugar, perpetrada entre el 11 y 15 de agosto último, según la fiscalía.

Laurence ordenó a la Municipalidad y a los dos privados, que se constituyeron como querellantes en la causa, que retiren con el auxilio del personal policial, todos los elementos emplazados por los ocupantes en los tres lotes.

Las personas subdividieron de manera improvisada los lotes y los asignadaron a decenas de familias. Aunque muy pocas personas están instaladas en esos lotes. La amplia mayoría no vive en esas tierras y concurren de manera esporádica, por lo general, durante las tardes.

El fiscal jefe Martín Lozada recorrió el jueves y este lunes a primera hora de la mañana e informó que solo había 4 personas en el lugar.

Laurence les dictó también una prohibición de reingreso a los terrenos. Dispuso notificar a la delegación local de la dirección de Bosques de la provincia que intervenga de manera inmediata ante cualquier incidente en esa zona de la montaña.

Los lotes están ubicados en una zona de abundante vegetación nativa y protegida por las normas ambientales. Los querellantes y la fiscalía advirtieron que los ocupantes desmalezaron varios sectores, talaron especies nativas e hicieron quemas sin autorizaciones.

La audiencia había comenzado el viernes, pero el juez dispuso un cuarto intermedio. Por eso, se reanudó este lunes después del mediodía.

Cuando se reanudó la audiencia, Laurence valoró “los esfuerzos que han hecho las partes por resolver el conflicto primario”. Pero lamentó que no hubo posibilidad de conciliar. Recordó que los damnificados habían hecho la denuncia de manera inmediata tras la primera usurpación.

El juez destacó la labor del defensor oficial Marcos Miguel, que asistió a todos los imputados. “Me consta que ha ido al lugar a tratar de conciliar la situación”, observó. También, señaló que Miguel había encuadrado la conducta de las personas imputadas “amparadas en el estado de necesidad”.

Sin embargo, el juez rechazó los planteos del defensor oficial, que había pedido pasar a un cuarto intermedio para convocar a un agrimensor para que delimite los lotes que usurpaban los imputados como para saber de qué se los acusaba.

Tampoco el juez hizo lugar al pedido del defensor que alegaba que seis imputados no tenían ninguna vinculación con la usurpación y correspondía desistir de la persecución penal contra ellos. Laurence consideró que todos los planteos deben esclarecerse en la etapa de investigación que se extenderá hasta el 4 de febrero de 2022.

Por la tarde, un grupo de vecinos que participaban de las tomas encendieron cubiertas en uno de los accesos a los lotes para reclamar una solución habitacional a la Municipalidad.

Se congregaron decenas de personas que se manifestaron por la crítica situación habitacional que viven. La mayoría de los imputados habían declarado que no tienen trabajo como para pagar el alquiler o tienen un empleo eventual y no llegan a cubrir ese gasto. Reclamaron que el Instituto Municipal de Tierra y Vivienda no da ninguna respuesta.