Infancias castigadas

Como se esperaba, la pandemia tuvo devastadoras consecuencias en el plano social en nuestro país. El último informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina, de la Universidad Católica, confirmó que la pobreza se agravó en el último año y ya afecta al 44,2% de la población, más de 20 millones de personas. El dato más desalentador para el futuro es que casi siete de cada diez niños y niñas viven por debajo de la línea de pobreza.

Según el relevamiento, una de cada cuatro familias tuvo que dejar de comprar alimentos esenciales durante la cuarentena y el 48% de los menores de 6 años tuvo que cambiar su forma de comer, ya que sus familiares sufrieron la desocupación, la precarización de sus empleos y no pudieron hacer frente al constante aumento de la canasta familiar. Un 10% de la población infantil depende de los comedores comunitarios como estrategia de supervivencia.

Para reducir la pobreza a la mitad en un plazo 20 años la economía del país debería crecer sin pausa, en un escenario moderadamente optimista, a un promedio de un 3% anual.

A la situación de menores ingresos se agregó el cierre de las escuelas, que sobre todo en los sectores más vulnerables actúa como un verdadero eje organizador de la protección de sus derechos y de la detección de problemas de salud, desnutrición, situaciones de violencia y abuso, entre otros.

Se calcula que un 10% de los alumnos no tuvo contacto con las escuelas durante la extensa cuarentena, y que 1.500.000 estudiantes abandonarán las aulas. El aislamiento agravó también problemas como la violencia familiar: según un estudio de Unicef un 70% de los niños y niñas sufrió algún tipo de agresión en el hogar.

Como ocurre con otros problemas, la pandemia no fue la causa principal, sino un agravante de problemas preexistentes. Según un estudio conjunto de investigadores del Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (Cedlas) y el Cippec, desde el retorno a la democracia la pobreza ha tenido en nuestro país un piso del 25% que no ha sido capaz de perforar.

Buena parte del problema fue la incapacidad de crecimiento sostenido de la economía: el PBI per cápita creció a un ritmo del 1% en los últimos 30 años, lo que impidió un proceso sólido de reducción de la pobreza, a diferencia de la mayoría de los países latinoamericanos, que sí la disminuyeron en los 90 y más lentamente la primera década del nuevo siglo. El estudio señala que en el “núcleo duro” de la pobreza en Argentina (un 10% de los hogares más vulnerables que tienen bajas posibilidades de salir de la pobreza incluso con crecimiento económico), el 48% son personas menores de 15 años y el 43% viven en hogares donde la jefatura del hogar es femenina.

El trabajo estima que para reducir la pobreza a la mitad en un plazo 20 años la economía del país debería crecer, en un escenario moderadamente optimista, a un promedio de un 3% anual. En un escenario más ambicioso, si Argentina creciera en forma continua al 5% anual, esta meta podría alcanzarse en una década. Sin embargo, agrega que el mero crecimiento no alcanza y debiera incorporar políticas de transferencia de ingresos en protección social, en impuestos, en obras para potenciar el desarrollo humano en salud, educación, cuidado y alimentación.

Tiene razón el presidente cuando advierte que no se sale de la pobreza solo con asistencia social, sino con empresarios que inviertan y den trabajo, algo difícil en medio de la incertidumbre actual. Ello requiere reglas claras y una estrategia integral y coordinada entre los distintos niveles del Estado y la sociedad civil sostenida en el tiempo.

Como señaló el director del estudio de la UCA, Agustín Salvia, avanzar en la lucha contra pobreza implica “superar las grietas ideológicas” y consensos mínimos para lograr estabilidad macroeconómica y un crecimiento sostenible, mejorar la productividad, multiplicar las exportaciones, reformar el sistema impositivo y laboral, priorizar la inversión en desarrollo humano, la protección del ambiente y recuperar en forma urgente la educación en todos sus niveles, tanto en el regreso al aula como en la inclusión tecnológica.

Esto no implica unanimidad ni ausencia de críticas o debates estratégicos. Pero lograr compromisos políticos e institucionales estables para salir del estancamiento es imperativo si no se quiere tener otra década y una “generación perdida” más a causa de las desigualdades y la pobreza.


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