Inflación, la primera prioridad para este año

La inflación es la variable macroeconómica en la que más pondremos el foco y buscaremos reducirla año tras año”. La primera definición de política económica en 2021, se escuchó en boca del Ministro de Economía Martín Guzmán. Fue durante un webinar con economistas e inversores norteamericanos, en el que el funcionario participó en los primeros días del año. Dejó inaugurada así una de las principales partidas que el gobierno deberá afrontar en materia económica en los próximos meses.
Los datos que arroja el tablero en cuanto a los precios al final de 2020 y una serie de señales que el propio gobierno fue brindando en las últimas semanas, confirman que la inflación volverá a los primeros lugares en la lista de prioridades de la gestión Fernánadez. El cambio de nombres que operó en el equipo del Ministro Guzmán esta semana, también obedece a la necesidad anticipada por el propio Guzmán, de hacer foco en el tema precios.
Los primeros días de enero, muestran al gobierno dando a conocer sus cartas en cuanto a la política de precios. Cartas que siempre estuvieron en la mano del gobierno, pero que la pandemia impidió jugar de acuerdo al plan que el propio gobierno se había trazado al asumir. En pocas palabras, el año que comienza trae consigo un renovado ímpetu por el control de precios de parte del Estado nacional, lo cual a su vez, renueva el histórico debate respecto a las causas originarias de la inflación. Una discusión más vigente que nunca, cuando para espanto de los monetaristas ortodoxos, el Estado acaba de emitir 2,3 billones de pesos en los últimos doce meses, a fin de financiar los planes de asistencia a empresas y familias en el marco del Covid.

Buen cierre, con luz amarilla
Los avatares económicos, sanitarios, sociales y políticos que dejó 2020, serán difíciles de olvidar por mucho tiempo. No obstante, en relación a los precios los números muestran una dinámica positiva.
El dato de diciembre será publicado esta semana, pero todos los pronósticos estiman que el acumulado anual se ubicará entre el 35% y el 36%. Significa una reducción de al menos 18% en relación al cierre de 2019 (ver gráficos). El ex Presidente Mauricio Macri arribó al poder en 2015 afirmando que “controlar la inflación sería lo más sencillo que debería hacer como mandatario” y se fue en 2019 dejando la inflación más alta en tres décadas. Solo ese dato en contraste con el cierre de 2020, le ofrece motivos para sonreír al actual equipo económico.
Sin embargo no todas son flores. Una lectura minuciosa de los datos, también enciende las luces de alerta y genera preocupación de cara a lo que viene.

Entre abril y agosto del año pasado, el ritmo mensual al que se movieron los precios fue de entre el 1,5% y el 2,5%. Todo cambió entre agosto y diciembre, cuando la velocidad de los precios comenzó a gravitar entre el 2,7% y el 3,8%.
Tal vez imperceptible para la mayoría, el cambio en la velocidad a la que crecen los precios es crucial. En el primero de los escenarios implica una inflación anual que ronda el 35%. En el segundo, en torno al 55%.
La principal preocupación en el seno del gobierno es la aceleración mensual que muestran los precios en los últimos cinco meses.

La historia se ha encargado de desmentir a los fundamentalistas que aún hoy sostienen que la emisión monetaria es la única causa de la inflación. Ello no equivale a desconocer que una excesiva emisión como la registrada en 2020, inexorablemente impacta en la dinámica de precios como una de las tantas variables que influyen en la formación de los mismos. La enorme cantidad de dinero en circulación junto a la incipiente recuperación de la actividad y la progresiva recomposición de la demanda de dinero, sin un horizonte certero de inversión y de motores reales para la demanda, dan como resultado un ritmo mensual mayor en los precios. A ello hay que sumar la carrera por escapar a la pérdida real que dejó la pandemia. Las empresas en busca de recomponer rentabilidades perdidas, los trabajadores intentando recuperar al menos una porción del salario real que les viene siendo recortado sistemáticamente desde 2016.

Señales inequívocas
“Todo ‘precio’ es político”. Tal podría ser la reversión de la célebre canción del Indio Solari, si se tienen en cuenta las señales que comienza a dar la gestión respecto a la forma en que se intentará manejar la inflación este año.
Un breve repaso por las últimas resoluciones anunciadas, muestra que el gobierno apostará a moderar el avance de la inflación mediante una batería de controles y regulaciones.
Un ejemplo claro es lo sucedido con la medicina prepaga. Dos semanas antes de finalizar el 2020, el Ministerio de Salud había habilitado a las operadoras a incrementar el precio de las prestaciones un 7% desde el mes de febrero, e incluso las operadoras ya habían notificado a los usuarios del aumento. El 31 de diciembre, y por “expresa decisión del Sr. Presidente de la Nación” según indica la resolución 2988/20 del Ministerio de Salud, se dio marcha atrás con el aumento.
Un caso similar es el de las telecomunicaciones y servicios de internet. Mediante la resolución 1466/20, el Enacom autorizó a las prestadoras a incrementar sus precios un 5% desde enero.
Según fuentes cercanas al equipo económico, el objetivo es mantener a raya el avance de los precios para que la inflación acumulada de 2021 se acerque lo más posible a lo que plantea el Presupuesto: 29%.

En la misma línea se inscribe la limitación a las exportaciones de maíz. Detrás de la decisión existe una componente exógena que impacta de forma indirecta pero a la vez de lleno, sobre uno de los precios centrales de la canasta básica. La depreciación que experimenta el dólar a nivel global respecto al resto de las monedas del mundo, ha significado en los últimos meses un incremento en el precio de las commodities. Sin ir muy lejos, la cotización internacional de los granos alcanzó su máximo en los últimos cinco años. Tal es el caso del maíz, que solo en el último mes incrementó su precio en dólares un 18%. Tratándose del principal insumo en la cría de ganado, la secuencia que anticipan en el gobierno es un aumento en los costos de producción, y un inmediato traslado al precio de la carne en las góndolas. La medida busca priorizar el poder adquisitivo a nivel interno, aun a costa de sacrificar un mayor ingreso de divisas, las cuales escasean desde hace meses. Es el telón de fondo de las restricciones a la exportación impuestas en estos días, que ya le significan un alto costo político a la gestión, dada el lockout anunciado esta semana por el campo. Sostener la medida a sabiendas de ese costo al inicio de un año electoral, muestra a las claras el grado de prioridad que el gobierno ha decidido otorgar a la inflación en 2021.
Las tarifas son otro capítulo determinante. Los precios de la energía se encuentran congelados desde el segundo trimestre de 2019. El Secretario de Energía Darío Martínez manifestó esta semana que los aumentos que podrían aplicarse durante el verano serán “simbólicos”, desterrando así la idea de las empresas que solicitaban una recomposición importante al inicio de este año.
En resumen, a contramano de lo que dicta la cátedra ortodoxa y lejos de focalizar la política económica de 2021 en la esterilización paulatina de la mega emisión monetaria del año pasado, el gobierno intentará manejar los precios durante 2021 con criterio político. Con una visión más cercana a quienes ven en la inflación una puja distributiva entre sectores económicos, se analizará caso por caso la incidencia de los aumentos en el entramado social, con el objetivo de generar una paulatina recuperación del salario real a fin de motorizar el consumo y por ende, la demanda agregada. Sostienen en el gobierno con fundamento en las cuentas nacionales, que el consumo sigue representando el 70% del Producto Bruto Interno, y que no existe chance alguna de reactivación si no se recompone el poder adquisitivo, que hace al menos cinco años corre desde atrás a la inflación. El inicio de las rondas paritarias, será crucial en este sentido.