Iniciativa para víctimas de un proceso penal

SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- Tras los avances logrados para los menores víctimas de abuso sexual o violencia, el bloque Encuentro decidió avanzar en la protección de los derechos de los adultos víctimas que enfrentan un proceso penal.

La iniciativa, presentada el miércoles pasado, se enrola en la misma línea filosófica trazada por las leyes del querellante -que dio a las víctimas la oportunidad de ser parte en la investigación judicial-, de mediación Penal y la más reciente instrumentación de la cámara Gessell.

El proyecto busca recuperar «derechos elementales» de las víctimas que el código de Procedimientos Penal no contempla, devolviendo a los denunciantes su lugar en el proceso.

El legislador y autor de la iniciativa, Fabián Gatti, explicó que «una víctima de un delito cualquiera después de haber hecho la denuncia nunca más se entera de qué ocurrió con «su» expediente, ni tiene derecho a hacerlo, y si quiere intervenir debe constituírse en querellante, lo que significa pagar abogados». Paradógicamente el derecho Procesal Civil prevé el litigio y la defensa sin costo al igual que el Derecho Penal en relación al imputado.

Bajo el título «Carta de derechos de las víctimas en el proceso penal» la iniciativa procura «un trato digno y respetuoso» a los adultos «víctima» de un delito que hayan promovido un pedido de investigación judicial y a sus familiares.

En tal sentido dispone la «salvaguarda de su intimidad», el derecho a ser informado por el fiscal o magistrado actuante acerca del estado de la causa y el de ser escuchado en la misma sin necesidad de contratar un abogado.

Otras protecciones que incorpora el proyecto de modificación procesal son:

* el derecho a ser representado por una institución de protección o ayuda a las víctimas (en función de su mayor capacidad operativa).

* que el estado provea gratuitamente un abogado querellante cuando la víctima no disponga de los medios para contratar un profesional.

* que la justicia facilite los medios para que las víctimas adultas puedan declarar sin necesidad de enfrentar al supuesto autor del delito o agresión -cuando esto ponga en riesgo su integridad física o psicológica- pero garantizando el derecho a la legítima defensa del imputado.

«En la provincia y el país las víctimas caminan por las calles reclamando justicia cuando deberían tener derecho a estar dentro del expediente impulsándolo, controlando a los operadores, siendo informados sin tener que pagar por ello. Ya suficiente tienen con ser víctimas» advirtió el legislador.

La modificación también beneficiará a las instituciones y ongs denunciantes de delitos colectivos que hoy no tienen acceso a los respectivos expedientes.

En el artículo 69 bis el proyecto incorpora a «las instituciones, fundaciones y asociaciones legalmente constituidas en aquellos delitos que afecten intereses colectivos o difusos, siempre que el objeto de la institución se vincule directamente con esos intereses».