Iniciativa torpe

No es demasiado probable que los habituados a maniobrar en la economía negra, para no hablar de quienes necesitan lavar dinero, tengan problemas con el “cheque cancelatorio” que ya deberían usar para las operaciones superiores a los diez mil pesos, pero no cabe duda de que los demás ciudadanos lo encontrarán sumamente molesto. Lejos de sentirse entusiasmados por este instrumento de pago nuevo e insólito, los escribanos y los vinculados con la venta de autos o de inmuebles que en teoría tendrán que familiarizarse con él no han procurado disimular su preocupación por su incidencia presuntamente negativa en sus negocios. Según parece, en el primer día de vigencia del esquema no se registró operación alguna, acaso porque los más preveían que su vida sería breve y que por lo tanto no les convenía abonar lo que es en efecto un sobreprecio de por lo menos cincuenta pesos sobre cada operación.

El escaso interés que ha manifestado la ciudadanía en los cheques cancelatorios puede entenderse. Por lo común, quienes están en condiciones de comprar un auto o una casa o cualquier otro bien o servicio cuyo valor excede diez mil dólares ya posee una cuenta bancaria, de suerte que no tiene necesidad alguna de emplear el método que acaba de introducirse. Por su parte, la franja del sector “no bancarizado” que maneja sumas de este orden tendrá sus motivos para intentar otra forma de pago, lo cual no le resultará difícil porque, al fin y al cabo, podría hacerlo en varias cuotas.

Los inventores del cheque cancelatorio -según parece, su impulsor más decidido era el entonces jefe de Gabinete, Rodolfo Terragno- insisten en que el instrumento así denominado los ayudará a luchar contra la evasión impositiva y la economía negra, jaquear a los lavadores de dinero y también convencer a más gente de las ventajas de abrir una cuenta bancaria. Tales objetivos son sumamente respetables, pero al gobierno le convendría más concentrarse en las causas básicas de los males que reflejan en vez de los síntomas. Todos están vinculados con la desconfianza que tantos sienten frente a un Estado de ineficiencia realmente excepcional, que es incapaz de cobrar impuestos, es demasiado corrupto como para combatir las mafias y que no sabe controlar adecuadamente el sistema financiero, pero que a través de la DGI tiene la costumbre de molestar a aquellos contribuyentes que sí abonan sus impuestos. Por tratarse de un desorden muy profundo, parches como el supuesto por el cheque cancelatorio no servirán para mucho.

Listos como siempre para aportar al clima de inseguridad imperante, distintas agrupaciones sectoriales ya se han propuesto pedir a la Justicia declarar inconstitucional la novedad so pretexto de que todos deberían tener garantizado el derecho a pagar en efectivo. Aunque la Carta Magna no cuenta con cláusulas sobre los cheques cancelatorios, puede argüirse que éstos son contrarios a la ley por quitar a la moneda nacional, el peso, su condición de medio de pago, de suerte que es de prever que las batallas legales en torno del asunto fomentarán más dudas que certezas. Dicho de otro modo, una vez más, un intento improvisado del gobierno de “modernizar” la economía corre peligro de resultar contraproducente a causa de sus propias imperfecciones y de la capacidad al parecer inagotable de los abogados para defender el statu quo anterior.

Si no fueran obligatorios, los cheques cancelatorios podrían resultar interesantes: en una sociedad traumatizada por la delincuencia, debería resultar claramente preferible para quienes están a punto de comprar un auto o casa llevar dos o tres hojas de papel fácilmente identificables que valijas llenas de pesos o, lo cual es más probable, dólares estadounidenses. Sin embargo, es poco razonable esperar que los reacios a operar con cheques comunes o con tarjetas de crédito encuentren méritos en este nuevo esquema destinado a forzarlos a agregar más trámites a transacciones ya complicadas. Puesto que el sector más afectado por la medida es precisamente el más desconfiado y que en esta ocasión contará con la viva simpatía de los escribanos, empresarios y abogados, la posibilidad de que prospere es limitada, lo cual no es una buena noticia para un gobierno cuya torpeza ya ha contribuido mucho a perjudicar su imagen.