Inseguridad electoral



El gobierno nacional lanzó en pocos días una serie de medidas poco novedosas pero muy efectistas en materia de seguridad, que rápidamente se han transformado en eje del debate político, relegando a la maltrecha economía nacional, sobre la que por el momento el oficialismo puede dar sólo malas noticias.

El combo incluyó acelerar los mecanismos de expulsión de los extranjeros que cometen delitos, la compra de pistolas Taser para las fuerzas de seguridad federales y finalmente la inclusión de una baja en la edad de imputabilidad penal para los delitos graves, de 16 a 15 años, en los debates de las sesiones extraordinarias del Congreso.

Las medidas se anunciaron en forma escalonada, en una súbita sobreexposición de funcionarios en los medios, donde además se mezclaron iniciativas y se difundieron cifras de dudosa seriedad. Con lo cual las soluciones propuestas, al estilo del presidente brasileño Jair Bolsonaro, parecen un gesto destinado a fidelizar el apoyo del “núcleo duro” de votantes conservadores de Cambiemos, que además corrió el foco del debate político de temas como la inflación y la recesión hacia la inseguridad, siempre fuente de preocupación para importantes sectores de la sociedad.

En el caso de la expulsión de extranjeros que delinquen, es una vuelta de tuerca a una iniciativa que ya se aplicó el año pasado por decreto (en revisión ante la Corte), que de hecho generó que las expulsiones pasaran de 4 en 2015 a casi 200 en 2018. Ahora Bullrich propuso hacerlo por ley. Para justificar la medida, señaló que un 20% de los detenidos en el país son extranjeros, cifra rápidamente cuestionada por la Procuración Penitenciaria de Nación, que aclaró que los extranjeros alojados en prisiones de todo el país representan sólo el 6% de la población penal y que lo mencionado por Bullrich corresponde a los alojados en cárceles federales, donde se purgan en su mayoría delitos ligados al narcotráfico, la mayoría de poca cuantía. No es casual que la cifra haya estimulado comentarios xenófobos en las redes, ya que confirma un prejuicio existente: como señaló una reciente encuesta, la mayoría de los argentinos cree que los inmigrantes son el 30% de la población del país, cuando no llegan al 6%.

La propuesta de las pistolas Taser, que generan un shock eléctrico de baja intensidad en el cuerpo, tampoco es nueva: ya fue intentada por Mauricio Macri cuando era jefe de Gobierno porteño, y fracasó por cuestionamientos de organismos de DD. HH. y la Justicia local, que consideraron poco eficiente y potencialmente peligroso su uso.

En el caso de la baja de la edad de imputabilidad, la propuesta mezcla dos iniciativas: la necesidad de establecer un régimen penal juvenil y la baja en la edad de imputabilidad de los menores en conflicto con la ley. La primera tiene un amplio consenso de expertos y legisladores, ya que el sistema tiene huecos legales que permiten a los jueces privar de la libertad a los adolescentes en forma arbitraria, con menos garantías que el proceso penal aplicado a los adultos. Pero también existe consenso en que bajar de 16 a 15 la edad de imputabilidad no soluciona ningún problema, ya que esta franja de edades es responsable de apenas el 0,5% de los delitos graves a nivel nacional y sólo el 3,8% de los menores en conflicto con la ley tiene menos de 16 años. Los expertos coinciden en que encerrar adolescentes en ambientes carcelarios no sólo es cruel sino ineficaz, ya que allí no tendrán educación, tratamiento, ámbitos de reflexión para su reinserción social ni superar las condiciones que los llevaron delinquir, y sólo transformará a la mayoría en criminales profesionales.

Con propuestas que abarcan a sectores poco relevantes en la dinámica criminal, esta retórica “bolsonarista” parece más bien destinada a la tribuna y dictada por el oportunismo político, mientras se sigue eludiendo una reforma integral al sistema de seguridad nacional, que sigue sin tener investigación ni inteligencia criminal, donde la lucha contra la droga se reduce a grandes incautaciones que no afectan al núcleo del crimen organizado, el necesario control de armas languidece y los programas de prevención, asistencia a las adicciones y apoyo a la adolescencia sufren fuertes recortes, entre otros.

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