Intervinieron CALF por los manejos irregulares de fondos

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NEUQUEN (AN).- Cuatro meses después que el fiscal de su juzgado determinase al menos 92 hechos presuntamente delictivos en el manejo de dinero de CALF, el juez Juan José Gago resolvió ayer la intervención de la cooperativa, la remoción del consejo de administración y la inhibición de los bienes de sus miembros. Designó como interventor a un ingeniero en comunicaciones que también es director de Servicios Públicos del gobierno, Teodoro Aspesi.

Osvaldo Bonvín y los consejeros no pueden ingresar a la sede cooperativa, y los empleados -según la primera disposición de Aspesi- no podrán retirar documentación de las oficinas por temor a que puedan desaparecer constancias probatorias de los manejos irregulares.

El abogado Jorge García Osella, que defiende a «todos los consejeros», dijo que hoy apelará la medida de Gago y manifestó su sorpresa porque la intervención se materializó «antes que venciera el plazo» para la apelación. En el gobierno de Felipe Sapag, García Osella fue contratado para seguir los juicios contra Jorge Sobisch y los funcionarios de su administración anterior.

El juez Gago movilizó la causa a raíz de la presentación como querellantes de dos abogados en representación de los asociados Eduardo Minvielle y Abelardo López -ver aparte- en la causa abierta por el pedido de investigación de Olga García. La intervención también resuelve el tema pendiente de la asamblea de delegados, postergada por una medida cautelar pedida por la lista blanca -de Bonvín- que cuestionó el método de contabilización de los votos en la elección de noviembre pasado.

Aspesi caducará en sus funciones cuando se produzca la asamblea y se definan las nuevas autoridades, o «cuando el juez lo determine».

Rodolfo Inda, que triunfó al frente de la lista celeste, reiteró ayer la decisión de impulsar la renuncia del consejo de administración en pleno -solamente se renovaban cuatro de doce- para eliminar al bonvinismo de la conducción de CALF. Inda dijo que está dispuesto a terminar «con la cultura de la picardía» y propuso una nueva manera de conducir la cooperativa que elimine «el despilfarro» del patrimonio.

Bonvín expresó su sorpresa «en la que estamos inmersos, como todo el mundo» y dijo que sus abogados comenzaron a analizar la situación. Enrique Alaguerateguy, otro de los consejeros, no emitió opinión porque «no sabemos de dónde surge y no tenemos conocimiento de qué se trata» la resolución del juez Gago.

Gago fundamentó la intervención y la inhibición de los bienes de los consejeros en la continuidad de «actos ilícitos contrarios a los intereses societarios», de acuerdo con el argumento utilizado por los abogados querellantes.

El juez designó a Marcela Olarte -directora de Personas Jurídicas- como interventora pero se excusó y finalmente el cargo recayó en Aspesi.

Sin declaraciones

El flamante interventor y los abogados Mario Avalos y Víctor Marcelo Ortiz llegaron a la sede institucional a las 15.45 e ingresaron sin hacer declaraciones al primer piso por la calle Bahía Blanca.

Allí, Aspesi se reunió con el gerente Héctor Sifón y, ante el escribano Santiago Peláez, asumió la intervención. La primera larga entrevista fue con Sifón y García Osella, que llegó una hora después. El encuentro se hizo a puertas cerradas y posteriormente Aspesi hizo declaraciones a una radio y expuso sus primeras directivas ante los empleados que había a esa hora dentro del edificio.

Aspesi dijo que su intención es «salvaguardar los bienes de la cooperativa» y que en primer término buscará toda la información necesaria para garantizar la marcha normal de la entidad. Pidió que se fiscalice la salida de objetos y que se «controle el ingreso y egreso de personas» de la sede social. Ratificó que su mandato se cumplirá cuando la asamblea se realice y designe el nuevo consejo de administración.

En las puertas de la entidad se reunieron trabajadores que no podían ingresar al edificio por las nuevas disposiciones, pero no se generaron mayores inconvenientes. Un camión de transporte de caudales debió explicar a qué llegaba a la cooperativa para retirar la recaudación de la jornada, pero no hubo otras complicaciones.

«Más hechos delictivos»

NEUQUEN (AN).- Los abogados Mario Avalos y Marcelo Ortiz, cuya presentación el viernes pasado fue el disparador de la intervención de CALF desde el juzgado número dos, consideraron que el juez Juan José Gago estudia «más hechos delictivos» que se agregarán a los 92 investigados en la causa originada por la ex gerenta de la cooperativa, Olga García, en 1999.

Los letrados, que actúan en representación de los asociados Eduardo Minvielle y Abelardo López, opinaron que existen «razones justificadas» para la medida cautelar que dispuso Gago.

Avalos dijo que los integrantes del consejo de administración, que fueron sometidos a una indagatoria, continuaron saldando deudas personales -previsionales e impositivas- «con el patrimonio de la cooperativa». Es decir, «utilizaron esos fondos para fines que no tienen que ver con los objetivos sociales» de la entidad.

Ortiz aludió específicamente al plan de pago en cuotas a la AFIP-DGI por deudas de Osvaldo Bonvín por un total de 694 mil pesos, y que CALF se encargó de cancelar con 28.500 al contado y 116 mensualidades de 5.740 pesos cada una. Según el abogado -un razonamiento que ya había utilizado el titular de la lista celeste, Rodolfo Inda-, cada vez que se produce un pago se genera «un nuevo delito». No obstante, ambos indicaron que en el juzgado se habrían descubierto otros ilícitos que se agregarán a la causa original.

La responsabilidad del resto de los consejeros, aun cuando no hubieran recibido ningún beneficio como el de Bonvín, consiste en el aval dado a ese «resarcimiento económico» solicitado en las actas respectiva y consagrado por una asamblea de delegados hace poco más de un año.

Durará hasta la asamblea

NEUQUEN (AN).- La intervención de Teodoro Aspesi en la conducción de CALF se mantendrá hasta la realización de la asamblea que definirá la integración del nuevo consejo de administración «o hasta que el juez (Juan Gago) decida».

Cuando la directora de Personas Jurídicas, Marcela Olarte, dio un paso al costado ante la designación judicial, Gago designó a Aspesi, en virtud de sus antecedentes en la gestión cooperativa. La decisión ocurrió al mediodía y apenas tres horas y media después, Aspesi ingresaba a la sede de Bahía Blanca y Mitre acompañado por los abogados Víctor Ortiz y Mario Avalos.

Aspesi es ingeniero en comunicaciones y tiene una empresa en ese ramo. Se desempeña actualmente como director provincial de Servicios Públicos e integró el directorio de la TAN estatal en la última etapa previa a su privatización en las postrimerías del primer gobierno de Jorge Sobisch. Está vinculado con la línea que orienta el actual mandatario provincial, en el equipo de Alfredo Pujante pero cercano a Rodolfo Laffitte.

Descartó que «por el momento» disponga de cambios en el esquema de prestación de servicios de la cooperativa, es decir que el personal técnico jerárquico conservará sus funciones.

Las primeras medidas de la intervención apuntarán a «mantener el funcionamiento normal» de CALF en cuanto al servicio de distribución de energía eléctrica. La única instrucción que difundió ayer por la tarde apuntó a mantener dentro de la sede institucional los antecedentes, documentos y papelería por lo cual se intensificaron los procedimientos de vigilancia en la entrada y salida de personal.

Aspesi fue también -según sus propias palabras- gerente de la cooperativa CALF durante casi seis años, entre 1981 y 1986. En sus primeras declaraciones periodísticas dijo que mantendrá a los funcionarios técnicos de la entidad -salvo a los consejeros y a sus asesores-, y conducirá la entidad con un grupo de tres personas que, hasta ayer por la tarde aún no había designado.