Ipross: cae el convenio con los farmacéuticos y suman controles
La obra social de los estatales rionegrinos propuso al Colegio Farmacéutico de Río Negro un nuevo convenio prestacional, con montos fijos, tras el resonante caso de las estafas millonarias.
El Instituto Provincial del Seguro de Salud (Ipross) propuso al Colegio de Farmacéuticos de Río Negro barajar y dar de nuevo aplicando un nuevo convenio prestacional, una vez superado el escándalo que se armó tras la estafa que perjudicó al organismo de salud. Es probable que esté operativo desde el uno de setiembre próximo.
El nuevo formato establece que la obra social provincial pagará por “monto fijo” los gastos por afiliado, a la vez que el “validador” (sistema informático que constata los datos filiatorios y el medicamento dispensado, y que la operación sirve para facturar) y la auditoría volverán a la obra social provincial.
Así se retomarán las verificaciones que hacía el Ipross antes de que la administración de Alcides Pinazzo decidiera en 2010 transferir los controles a los farmacéuticos, y que derivó en el desaguisado que se conoció en Roca y Allen.
El reconocimiento porcentual ya no existirá. La actual cobertura mayoritariamente equivale al 50% en ambulatorios (llega al 70% en crónicos). El esquema a aplicar permitirá al afiliado-paciente elegir la especialidad más barata cuyo descuento puede ser mayor oscilando entre el 80 al 90 y 100%.
Para aplicar este mecanismo que se retomó del año pasado, las autoridades tendrán que elaborar un nuevo padrón por tratarse de una prestación individual, y para lo cual “empezaremos rápido”, adelantó Claudio Di Tella a “Río Negro”.
Afiliados
- 150.000
- usuarios de medicamentos tiene actualmente el listado del Instituto Provincial de Seguro de Salud.
Agregó que incluso en operación del nuevo acuerdo –anulando el anterior– se continuará confeccionando el listado que en la actualidad cuenta con más de 150.000 afiliados aproximadamente. Este futuro método de facturación fue explicado ayer por el funcionario y los miembros de la Junta de Administración a una comitiva de la entidad prestadora, encabezada por su presidente Marcelo Yop.
Di Tella reconoció que el programa no se había podido implementar antes porque “estábamos atrasados” con los pagos, y ahora que se están cancelando los compromisos “están avanzadas las negociaciones”. También admitió que hubo demoras por el cierre del año y los efectos eleccionarios del primer semestre.
Las farmacias no facturarán menos. Sí tendrán que modificar su forma de compra y disponer de medicamentos que les pidan.
Para el funcionario, existen varios factores claves: habrá una campaña de difusión previa que le permitirá al afiliado conocer el detalle el mecanismo, tendrá como ventaja que regulará el bolsillo de cada paciente provocando un ahorro en la medida que conozca el programa.
Luego de tres horas de explicaciones, los farmacéuticos abandonaron el edificio central sin hacer declaraciones llevándose una copia de la resolución que pone en marcha el mecanismo, y un proyecto de nuevo convenio que debe ser evaluado en ese ámbito. En cuanto a la actual relación que mantiene con el sector, indicó que “los vi bien a ellos, y no por cinco (en relación al caso de estafa) son todos malos” y el sistema los irá expulsando”.
Un escándalo que provocó cambios
El mes pasado, el Ipross excluyó provisoriamente de su lista de prestadores a cinco farmacias sospechadas de defraudar en forma millonaria al Estado rionegrino: Tucumán, Santa Teresita, Araucana y Fasano de Allen.
Los datos preliminares indican que entre 2013 y 2019 hubo operaciones desviadas de los canales normales, con medicamentos cobrados al Ipross pero que nunca llegaron a manos de afiliados.
El perjuicio superaría los $58 millones. Siete personas fueron imputadas por el Ministerio Público en la investigación. Son los prestadores Fabio Caffaratti, Raúl Mascaró, Rodolfo Mastandrea, Marianela Guidi, la exauditora del Colegio de Farmacéuticos, Sandra Fasano, Cecilia Balladini, esposa de Caffaratti, y Marcela Gil.
El escándalo no sólo complicó a los prestadores sospechados sino que las otras 265 farmacias de la provincia porque la obra social congeló los pagos desde enero y compromisos pendientes por $170 millones.
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