Millonario fraude al Ipross: farmacias denunciadas quedan fuera del sistema
Mientras avanza la causa penal, la obra social decidió excluir del convenio en forma provisoria a los cinco prestadores de Roca y Allen. Funcionarios judiciales a cargo de la investigación buscaron datos y testimonios en Viedma, para conocer el circuito de las recetas de medicamentos especiales.
Las recetas de la obra social y sus troqueles están en el centro de la investigación de la Justicia.
El Ipross decidió excluir provisoriamente de su lista de prestadores a las cinco farmacias sospechadas de defraudar en forma millonaria al Estado rionegrino.
La medida fue notificada por carta documento al Colegio de Farmacéuticos y ratificada a “Río Negro” por autoridades de la obra social.
Según fuentes oficiales, esa comunicación formal detalla que se trata de las farmacias Tucumán, Santa Teresita, Araucana y Farmacentro de Roca, además de la farmacia Fasano de Allen.
Luego de que trascendieran los nombres, rápidamente surgieron aclaraciones desde el sector profesional.
Uno de esos comercios –Farmacentro- cambió de dueños el año pasado y fue precisamente donde se descubrió la caja con recetas del Ipross que permitió revelar las maniobras. Por eso los actuales propietarios contestaron de inmediato a la notificación de la obra social, para que los reincorporen a la lista de prestadores sin perjuicio de que se investigue a dueños anteriores.
Otra advertencia apareció sobre la farmacia de Allen, porque ya no existe y el entonces titular, Hugo Fasano, falleció en el 2016.
Fasano fue presidente del Colegio durante parte del período en el que se habrían cometido los delitos denunciados.
El resto de las farmacias involucradas tendrían como responsables a otros integrantes de la comisión directiva de la entidad, aunque hasta el momento no hay personas físicas acusadas en el marco de la causa penal.
Cabe recordar que la denuncia presentada el 13 de mayo detalla que luego del trabajo de una comisión fiscalizadora interna, realizado desde marzo de este año, se encontraron irregularidades en la facturación de cinco prestadores, referidas a los planes de diabetes y epilepsia.
Los datos preliminares indican que entre 2013 y 2019 hubo numerosas operaciones desviadas de los canales normales, con medicamentos cobrados al Ipross pero que nunca llegaron a manos de afiliados.
La primera luz de alarma generó un clima de tensión dentro del colegio, donde algunos farmacéuticos enviaron cartas documento para que se eviten dar nombres sobre los involucrados.
Ante eso, la comisión fiscalizadora trabajó con los códigos numéricos que las 270 farmacias de la provincia tienen asignados dentro de la entidad.
Pero la Justicia recibió un detalle sobre la correspondencia de esos números con cada farmacia, una información que evidentemente también maneja el Ipross, porque antes de que los fiscales avancen con la identificación de sospechosos ya se solicitaron las suspensiones preventivas.
Después de la medida de la obra social, el colegio remitió las notificaciones a los prestadores involucrados, para que realicen el descargo que consideren correspondiente.
La Justicia buscó datos en la sede central de la obra social
El Ministerio Público Fiscal sigue adelante con la investigación de la denuncia presentada por las autoridades del Colegio de Farmacéuticos.
En ese sentido, se supo que una comisión se trasladó desde Roca hasta Viedma, para obtener datos y testimonios en la sede central del Ipross.
La fiscal jefa, Teresa Giuffrida, encabezó las entrevistas, que tuvieron como protagonistas a los responsables de las áreas de Informática, Secretaría Técnica y Administrativa de la obra social.
El objetivo fue recabar información sobre el circuito que hacen las recetas desde que ingresan a las farmacias hasta que llegan a la obra social.
Cabe recordar que el Ipross comprometió públicamente su colaboración para que la investigación penal llegue hasta las últimas consecuencias.
En el mismo sentido, el gobernador Alberto Weretilneck anunció que Fiscalía de Estado se presentaría como querellante en la causa.
“Río Negro” consultó al titular de ese organismo, Julián Fernández Eguía, quien confirmó que ese organismo se constituirá como querellante en la causa.
Audiencia por nulidad en los allanamientos
La causa penal iniciada el 13 de mayo con la denuncia del presidente del Colegio de Farmacéuticos, Marcelo Yop, tiene sólo una persona física bajo investigación.
Se trata de la auditora de la entidad, de apellido Fasano, cuya vivienda fue allanada dos días después de que se iniciara la investigación.
Fuentes de la Comisión Directiva informaron hoy que el vínculo laboral con esa empleada fue finalizado.
Por su parte, la abogada defensora de la auditora, Patricia Espeche, informó que en las últimas horas presentaron una denuncia por falsedad de los hechos descriptos por el presidente del Colegio y por los miembros de la Comisión Investigadora que “actuó ilegítimamente”.
En este sentido, adelantó que el próximo lunes a las 10 se llevará a cabo una audiencia por el pedido de nulidad que presentó luego de los allanamientos realizados en la etapa preliminar de la investigación.
Espeche había asegurado en el inicio de la causa que la auditora fue víctima de persecución y acoso laboral durante los últimos tiempos en los que trabajó para el Colegio de Farmacéuticos.
Dijo que ante esa situación tuvo que pedir licencia y que fue convocada a regresar a su puesto justo el día en el que allanaron su casa de Allen.
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