Ipross debe 300 millones y en las farmacias ya imponen restricciones
La obra social del Estado rionegrino acumula tres meses de servicios impagos. El conflicto se potenció por débitos a los prestadores por recetas supuestamente mal confeccionadas.
Los afiliados suman inconvenientes por los problemas financieros de la obra social.
Una deuda de 300 millones de pesos empezó a complicar a los afiliados del Ipross en farmacias de Río Negro.
En la provincia hay 250 locales de expendio de medicamentos y varios de ellos decidieron durante las últimas horas restringir la cobertura de la obra social del Estado, por las demoras en el pago de las prestaciones.
Desde el Colegio de Farmacéuticos advirtieron que la medida podría ser general si se acumulan más días sin transferencias, aunque las autoridades del instituto expresaron luego ante RÍO NEGRO que confían en la posibilidad de resolver esta nueva crisis a principios de la semana próxima.
“Es cierto. Existe una deuda, pero mantenemos buen diálogo con los representantes de los farmacéuticos y creemos que vamos a llegar a un punto de encuentro sin afectar a los afiliados”, dijo el titular del Ipross, Alejandro Marenco.
Está dentro del parámetro de la amortización de las deudas que recibimos, que rondó los 2.000 millones de pesos.
Alejandro Marenco, presidente del Ipross.
Los más de tres meses sin recibir fondos desde uno de los principales financiadores del sistema es una parte fundamental del malestar de los prestadores, pero no se trata del único punto de conflicto.
Una serie de débitos realizados por la obra social luego de haber recibido las facturaciones aumentó el enojo de muchos farmacéuticos, quienes consideran que el Ipross repentinamente se convirtió en un celoso custodio de los recursos públicos y ahora rechaza el pago de recetas por cuestiones meramente formales o nimiedades administrativas.
Marenco también admitió que existe ese desencuentro con los profesionales, pero también le bajó los decibeles. Dijo que se trata sólo del 0,5% del monto total de facturación y que las fricciones “forman parte de un sistema que heredamos y que vamos a estar transformando, mejorando la eficiencia, a medida que pasen los meses”.
“Esto se va a erradicar cuando tengamos todos la receta electrónica. Es por algunos sellos que no se leen bien y también porque no hay un entendimiento por parte de las farmacias de los hábitos con los que prescriben los médicos. Son cuestiones de forma”, detalló.
Algo más que buen diálogo
Desde el Colegio de Farmacéuticos de la provincia consideraron que la situación general es preocupante, porque el diálogo con Marenco es bueno, pero las soluciones de fondo no aparecen.
“La atención a la seguridad social está en riesgo. Dependemos mucho de que la cadena de pagos con Ipross no se corte, porque es un momento en el que las farmacias no tienen ingresos desde otros sectores como ocurría antes de la pandemia, en la que podían venderse otros productos más allá de los medicamentos”, indicó el protesorero de la entidad, Roberto Zgaib.
Sobre los débitos, insistió en que son injustificados, porque “han puesto normas que no tiene ninguna obra social”. Como ejemplo, indicó que el Ipross pide ahora en las recetas de afiliados con diabetes que se detallen datos específicos sobre la insulina que son irrelevantes.
“Está más que claro que el Ipross está buscando el nivel de consumo. Y no es algo menor, porque algunos farmacéuticos tuvieron débitos de hasta 300.000 pesos”, sostuvo Zgaib.
“La gente tiene que saber que, si hay un corte, la culpa no es de las farmacias. Es cierto, hay muy buen diálogo con Marenco, pero esto excede la buena voluntad de las partes”, finalizó.
Los prestadores
- 250
- son las farmacias de la provincia. Con las restricciones para la venta de otros productos en plena cuarentena, los ingresos que llegan desde las obras sociales son claves para el sostenimiento de cada local.
- 170.000
- afiliados aproximadamente tiene el Ipross.
El Ipross y los farmacéuticos transitan un camino tenso desde hace más de un año, cuando se denunció penalmente a profesionales de Roca por una millonaria estafa a la obra social.
Esa presentación ante la Justicia la hicieron las propias autoridades del Colegio, luego de advertir facturación irregular por parte de un pequeño grupo de asociados, que también formó parte de la conducción de la entidad años atrás.
La causa se inició en marzo del 2019 y en febrero de este año el Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra siete personas, seis de ellos vinculados a farmacias. La otra acusada es la exauditora del Colegio, sobre quien hay sospechas de connivencia con los prestadores.
RÍO NEGRO consultó ayer en qué estado se encontraba el expediente, teniendo en cuenta que poco después de la formulación de cargos se impuso la feria por la pandemia de covid-19.
“El legajo está en etapa preparatoria” fue la escueta respuesta oficial. Eso significa que se está reuniendo evidencia para avanzar hacia la etapa siguiente del proceso.
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