Jueces bajo presión
En diciembre del 2012, cuando un tribunal tucumano absolvió a trece personajes acusados del secuestro, diez años antes, de Marita Verón para obligarla a prostituirse, no sólo los familiares de la joven sino también muchos otros protestaron airadamente por suponer que se trataba de un nuevo ejemplo de la negación de justicia. Aunque pocos, si había algunos, contaban con evidencia que les permitiera cuestionar un fallo que, según los jueces de la corte provincial, se basó en la falta de pruebas suficientes para justificar la condena de los involucrados, todos sujetos de antecedentes turbios y aspecto patibulario, la mayoría ya se había convencido de su culpabilidad. Así, pues, presionada por el repudio social, la Justicia tucumana decidió reabrir el caso. Para sorpresa de nadie, el martes pasado diez de los trece acusados fueron condenados a penas de entre 10 y 22 años de cárcel y, a juzgar por la reacción pública, la mayoría se sintió muy conforme con el veredicto, aunque algunos hubieran preferido que las penas fueran más severas. De todos modos, hasta la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se afirmó “feliz” por la decisión de la Cámara Penal tucumana. Si bien el abogado defensor de algunos condenados dice que quiere apelar lo que calificó de “un fallo político”, sería poco probable que lograra cambiarlo, ya que una nueva absolución podría tener repercusiones políticas sísmicas. ¿Y Marita Verón? A pesar de la investigación que se inició formalmente hace doce años, la joven sigue desaparecida. El primer fallo, que dejó absueltos a los acusados, fue repudiado por casi todos porque a su entender se debió más a los oscuros intereses políticos y económicos que presuntamente estaban en juego que a los hechos disponibles. Se suponía que los jueces responsables habían absuelto a un conjunto de individuos vinculados con el submundo delictivo por dinero o porque no querían enfrentarse con la elite política tucumana encabezada por el gobernador kirchnerista José Alperovich, la policía o el crimen organizado, fortalecido últimamente por la irrupción de carteles de narcotraficantes, que maneja una extensa red de prostíbulos en el país y encuentra en la trata de personas una fuente de ingresos multimillonarios. Si bien no hubo evidencia concreta para justificar tales sospechas, existió un consenso en que los acusados se habían visto beneficiados por el poder político y que por lo tanto el fallo había sido ilegítimo. De ser así, tanto los jueces que se resistieron a condenar a los trece como sus presuntos padrinos políticos o policiales calcularon mal, ya que la reacción pública ante el fallo de dos años atrás fue insólitamente fuerte. Aunque en todas partes el sistema judicial refleja las costumbres y los prejuicios locales, de ahí las diferencias entre los distintos países y también entre las distintas épocas, en las sociedades más desarrolladas se procura respetar el principio de la división de poderes para minimizar la influencia en los fallos tanto de los políticos como de la opinión pública. En algunos países, la mayoría suele resignarse ante fallos impopulares por entender que es necesario dar prioridad a los detalles legales aun cuando los aprovechen sujetos despreciables que, de acuerdo común, son culpables de delitos aberrantes. Los magistrados pueden desafiar así la opinión pública merced a la autoridad moral que en su conjunto han sabido conservar. Por desgracia, en la Argentina la situación es otra. Pocos creen que haya muchos jueces con la entereza precisa para mantenerse indiferentes a las presiones políticas, económicas y sociales. Son aún menos los que confían en la voluntad de la Justicia y sus auxiliares policiales de investigar como corresponde el negocio de la trata de personas, que supuestamente cuenta con la protección de “los políticos”, sobre todo en provincias habituadas a ser gobernadas por dinastías autoritarias y corruptas. Hasta que se haga un esfuerzo auténtico por desmantelar tales redes y llevar a la Justicia a todos los relacionados con ellas, continuará habiendo muchos casos como el protagonizado por Marita Verón, aunque con muy pocas excepciones no den pie a protestas multitudinarias como la impulsada por la madre de la desaparecida.
Fundado el 1º de mayo de 1912 por Fernando Emilio Rajneri Registro de la Propiedad Intelectual Nº 5.124.965 Director: Julio Rajneri Codirectora: Nélida Rajneri de Gamba Vicedirector: Aleardo F. Laría Rajneri Editor responsable: Ítalo Pisani Es una publicación propiedad de Editorial Río Negro SA – Viernes 11 de abril de 2014
En diciembre del 2012, cuando un tribunal tucumano absolvió a trece personajes acusados del secuestro, diez años antes, de Marita Verón para obligarla a prostituirse, no sólo los familiares de la joven sino también muchos otros protestaron airadamente por suponer que se trataba de un nuevo ejemplo de la negación de justicia. Aunque pocos, si había algunos, contaban con evidencia que les permitiera cuestionar un fallo que, según los jueces de la corte provincial, se basó en la falta de pruebas suficientes para justificar la condena de los involucrados, todos sujetos de antecedentes turbios y aspecto patibulario, la mayoría ya se había convencido de su culpabilidad. Así, pues, presionada por el repudio social, la Justicia tucumana decidió reabrir el caso. Para sorpresa de nadie, el martes pasado diez de los trece acusados fueron condenados a penas de entre 10 y 22 años de cárcel y, a juzgar por la reacción pública, la mayoría se sintió muy conforme con el veredicto, aunque algunos hubieran preferido que las penas fueran más severas. De todos modos, hasta la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se afirmó “feliz” por la decisión de la Cámara Penal tucumana. Si bien el abogado defensor de algunos condenados dice que quiere apelar lo que calificó de “un fallo político”, sería poco probable que lograra cambiarlo, ya que una nueva absolución podría tener repercusiones políticas sísmicas. ¿Y Marita Verón? A pesar de la investigación que se inició formalmente hace doce años, la joven sigue desaparecida. El primer fallo, que dejó absueltos a los acusados, fue repudiado por casi todos porque a su entender se debió más a los oscuros intereses políticos y económicos que presuntamente estaban en juego que a los hechos disponibles. Se suponía que los jueces responsables habían absuelto a un conjunto de individuos vinculados con el submundo delictivo por dinero o porque no querían enfrentarse con la elite política tucumana encabezada por el gobernador kirchnerista José Alperovich, la policía o el crimen organizado, fortalecido últimamente por la irrupción de carteles de narcotraficantes, que maneja una extensa red de prostíbulos en el país y encuentra en la trata de personas una fuente de ingresos multimillonarios. Si bien no hubo evidencia concreta para justificar tales sospechas, existió un consenso en que los acusados se habían visto beneficiados por el poder político y que por lo tanto el fallo había sido ilegítimo. De ser así, tanto los jueces que se resistieron a condenar a los trece como sus presuntos padrinos políticos o policiales calcularon mal, ya que la reacción pública ante el fallo de dos años atrás fue insólitamente fuerte. Aunque en todas partes el sistema judicial refleja las costumbres y los prejuicios locales, de ahí las diferencias entre los distintos países y también entre las distintas épocas, en las sociedades más desarrolladas se procura respetar el principio de la división de poderes para minimizar la influencia en los fallos tanto de los políticos como de la opinión pública. En algunos países, la mayoría suele resignarse ante fallos impopulares por entender que es necesario dar prioridad a los detalles legales aun cuando los aprovechen sujetos despreciables que, de acuerdo común, son culpables de delitos aberrantes. Los magistrados pueden desafiar así la opinión pública merced a la autoridad moral que en su conjunto han sabido conservar. Por desgracia, en la Argentina la situación es otra. Pocos creen que haya muchos jueces con la entereza precisa para mantenerse indiferentes a las presiones políticas, económicas y sociales. Son aún menos los que confían en la voluntad de la Justicia y sus auxiliares policiales de investigar como corresponde el negocio de la trata de personas, que supuestamente cuenta con la protección de “los políticos”, sobre todo en provincias habituadas a ser gobernadas por dinastías autoritarias y corruptas. Hasta que se haga un esfuerzo auténtico por desmantelar tales redes y llevar a la Justicia a todos los relacionados con ellas, continuará habiendo muchos casos como el protagonizado por Marita Verón, aunque con muy pocas excepciones no den pie a protestas multitudinarias como la impulsada por la madre de la desaparecida.
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