Jueces penales de Neuquén piden un plus para diferenciarse de los administrativos

Buscan alternativas de crecimiento "horizontal" porque tienen la posibilidad de ascenso bloqueada. Sus salarios son intangibles.

Integrantes del Colegio de Jueces penales de Neuquén le pedirán al Tribunal Superior de Justicia que les reconozcan una diferencia salarial respecto de aquellos funcionarios judiciales con la misma categoría pero que realizan tareas administrativas. El tema se abordará en una reunión prevista para el martes.

Un borrador circula por Whatsapp sin sello ni firma con algunos de los fundamentos del planteo. Los magistrados que dictan sentencias, prisiones preventivas y autorizan allanamientos, argumentan que ellos tienen mayores responsabilidades y toman decisiones más relevantes.

Además, computan que son elegidos por el Consejo de la Magistratura y con acuerdo legislativo, y removidos por un jurado de enjuiciamiento.

El reclamo de los jueces de Garantías no es nuevo, pero cobró vigor en el último tiempo impulsado por al menos dos factores: el importante ingreso de personal con categoría de juez en funciones administrativas (cobran lo mismo pero hacen tareas que los magistrados consideran de menor responsabilidad) y el congelamiento de vacantes en el Tribunal de Impugnaciones (lo que les corta la posibilidad de ascender, y así aspirar a un mayor sueldo y a una jubilación más sustanciosa).

Los jueces de Neuquén son los empleados públicos mejor remunerados del Estado. Además su salario es intangible por mandato constitucional, es decir que no puede depreciarse respecto de la inflación. Ninguno cobra menos de 220.000 pesos, según fuentes judiciales, y un pequeño porcentaje paga el Impuesto a las Ganancias. Podría decirse que nunca conocieron la experiencia de vivir en la incertidumbre, y disfrutarla.

Aun así, de manera recurrente conversan sobre la manera de percibir una diferencia salarial que refleje la carrera judicial. Se apoyan en la ley orgánica de la justicia penal N° 2891 que adoptó un régimen de “carrera horizontal” para los jueces, basado en “la capacitación y evaluación con estándares objetivos de la función”.

Es decir, si no pueden ascender, pretenden diferenciarse entre pares porque algunos procuran mantenerse activos y otros -dicen- eligen vivir más relajados.

Charlas y reuniones

La última vez que se habló del tema fue en diciembre, cuando se renovaron las autoridades del Colegio de Jueces de la capital. La presidenta para este año es Estefanía Sauli y el vice, Mauricio Zabala.

El martes tendrán una reunión con el presidente del Tribunal Superior, Germán Busamia, quien el 20 de febrero le entregará el mando a Oscar Massei.

RÍO NEGRO consultó a un integrante del Colegio de Jueces quien admitió algunas conversaciones. “Estamos viendo alternativas. No hemos armado ningún proyecto, pero es real que hay niveles de responsabilidad distintos”, dijo.

“La carrera judicial desaparece porque el Tribunal de Impugnaciones va a quedar con 6 integrantes”, agregó.

De todos modos aclaró que hay magistrados que, aunque existiera la posibilidad, no quieren ir al Tribunal de Impugnación porque «les gusta lo que hacen actualmente. No puede ser que la única forma de ascender, sea yendo a un lugar que te gusta menos”, planteó.

En consecuencia, “se evalúa quedar dentro de la misma estructura pero generar un marco de puntos, de reconocimiento al que trabaja bien, se capacita. No hablamos de jueces A, B y C -aclaró- pero hay modelos que existen en otros países y se pueden tomar”.

Efecto desmovilizador

Cuando el Tribunal Superior de Justicia decidió congelar las vacantes en el Tribunal de Impugnación, la máxima instancia penal de la provincia, produjo un efecto desmovilizador en el escalón inmediato inferior: el de los jueces de Garantías.

Son 29, o 33 si sumamos a los dos jueces Penales del Niño y el Adolescente y a las dos juezas de Ejecución Penal.

Los partidarios de la carrera judicial ascendente sienten que el techo se les ha vuelto de cemento y que se jubilarán en el cargo de juez que ocupan, algunos desde hace casi 20 años.

Tienen la misma categoría que otros funcionarios con los que trabajan en estrecho contacto, y con los que se registran roces frecuentes: los directores y directoras de Oficina Judicial.

Dónde están

La máxima categoría del Poder Judicial , la MF1, está reservada para los cinco vocales del Tribunal Superior de Justicia, el fiscal general y el defensor general. Son propuestos por el gobernador de la provincia y para su aprobación requieren de los votos de los dos tercios de la Legislatura.

La categoría siguiente es la MF2 y son 47. De ellos, 9 son jueces del Tribunal de Impugnación penal y 12 jueces de Cámara civil y comercial. Hay 8 en la fiscalía, 8 en la defensoría, y entre los administrativos, tienen esa jerarquía el administrador general y otros funcionarios que se desempeñan en el TSJ.

La pirámide de personal se ensancha en la categoría MF3: son 106; hay 29 en el Colegio de Jueces penal, 2 jueces del Niño y 2 jueces de Ejecución. Una media docena podría jubilarse en los próximos años en el cargo. Los otros MF3 son jueces de Familia, Laborales, Civiles y de Juicios Ejecutivos; pero también hay muchos que cumplen tareas administrativas en el TSJ. De ellos se quieren diferenciar los jueces penales.

Los datos para esta nota fueron tomados del presupuesto judicial aprobado para el 2020.


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