Jury para la jueza Rossi de Chos Malal



Le imputan hostigamiento laboral

CHOS MALAL (ACHM).- La comisión especial integrada entre otros por Evaldo Moya y el diputado Sergio Gallia, decidió por unanimidad solicitar la apertura del jurado de enjuiciamiento a la titular del Juzgado Civil de Chos Malal, Graciela Beatriz Rossi La magistrada es acusada de hostigamiento laboral y falta de idoneidad gerencial, en tanto se declaró la inadmisibilidad de juzgarla por hechos de prevaricación. La jueza viene siendo denunciada desde el 2007 por presuntos malos tratos a integrantes de su planta de colaboradores. La lista de cargos incluye traslados arbitrarios, asignación de funciones incompatibles con el cargo y la aplicación de modo sistemático de un trato tendiente a menguar la capacidad de autoestima de las personas que colaboran con ella. Sejun, el gremio judicial, había denunciado a la jueza por diversos hechos susceptibles de ser encauzados como situaciones de acoso o de violencia laboral, como así también por graves irregularidades en el ejercicio de la magistratura. Para el gremio, las conductas de la magistrada provocan malestar y disfuncionalidad, lo que repercute en el servicio de justicia. El jurado de enjuiciamiento está conformado por los doctores Ricardo Kohon, Antonio Labate y Lilia Graciela Martínez de Corvalán y los diputados José Fuertes, Pamela Mucci, Pablo Cédola y María Soledad Valls. Las actuaciones que se labraron con toda la documentación, que incluye la denuncia de Sejun y el descargo de la magistrada, serán remitidas al jurado de enjuiciamiento. Los hechos imputados son hostigamiento laboral y falta de idoneidad gerencial. Otros cargos contra Rossi fueron declarados inadmisibles, entre ellos el de prevaricación. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ), mediante el acuerdo 4440/09, le había aplicado la máxima sanción, remarcando en algunos párrafos que “de las actuaciones se desprende que la conducta de la magistrado sumariada, traducido en actos de violencia y abusos de poder, no sólo han afectado la dignidad del personal judicial, en grado tal, que la mayoría ya no trabaja en la dependencia; sino que ha repercutido gravemente en el prestigio de la función judicial en la comunidad en la que presta el servicio de justicia”.


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