Justicia divina

Darío Tropeano*

La seguridad jurídica se asienta en la previsibilidad que da la ley para conocer qué conductas están permitidas y cuáles prohibidas. Esa certeza en la norma establecida apunta a la estabilidad y continuidad del orden jurídico, conociendo de ante mano cuáles serán las consecuencias legales de nuestros actos. El concepto es esencial al Estado de Derecho y, aunque las constituciones habitualmente no lo nombran, este principio opera como una garantía esencial de un Estado Nación regido por la ley. Para el desarrollo de los negocios y la inversión privada la seguridad jurídica resulta esencial, dado que ella otorga certeza legal y reglamentaria a la empresa o emprendedor que aporta su capital para desarrollar un proyecto determinado en el país.

Evidentemente en los últimos años ni los inversores nacionales ni los extranjeros han llevado adelante la anunciada “lluvia de inversiones” -“Presidente sic.”-, y por cierto, además de la debacle económico-financiera y social que atravesamos, el Poder Judicial es parte del problema que afrontamos. Me refiero en este caso a la Justicia Federal argentina con funciones jurisdiccionales en una serie de casos donde se compromete el orden público federal, entre ellos delitos contra la Administración Pública Nacional llevados a cabo por funcionarios o particulares, siendo la corrupción estatal o el lavado de dinero algunos de ellos.

Para sectorizar mejor el análisis, en la Justicia Federal de la ciudad de Buenos Aires (edificio ubicado en la Av. Comodoro Py) se concentran desde hace varias décadas las causas mediáticas más importantes que involucran delitos contra el Estado, los grandes escándalos mediático-judiciales que quedaron en la historia argentina por su impacto público. Bochorno y actividad judicial delictual se tramitaron en ellos: la causa AMIA, las privatizaciones en la década de 1990 y más recientemente la “causa de los cuadernos que nadie vio”, entre otros.

La causa de los cuadernos fotocopiados (ninguno de nosotros pudo presentar en juicio una fotocopia, en tanto si es negado su contenido no hay forma científica de probar su veracidad) que bien podría resultar un hito contra la corrupción privada y estatal, desnudando el histórico entramado de relaciones sostenidas en el soborno para obtener beneficios del Estado, avanza en un mar de irregularidades legales sorprendentes.

Hemos visto personas (exfuncionarios del gobierno anterior, empresarios, etc.) detenidas en sus casas o por la calle sin citación previa a declarar a un juzgado (violación de una garantía constitucional esencial en nuestra legislación nacional) que luego se transforman en arrepentidas para no ir presas.

Los testimonios de varios de esos arrepentidos no están grabados como indica la norma de procedimiento, muchas de esas declaraciones no existen en el expediente -es pública esta situación que conocen las decenas de abogados que intervienen en la misma-, y se promete desde la fiscalía interviniente (órgano que impulsa la causa en representación del Estado nacional) sacar “la sortija” si se declara lo que busca la investigación judicial o mandar a alguien preso si no se compromete a la persona indicada.

Desde la Justicia Federal se ha construido el concepto de “influencia residual” para poder justificar la detención de exfuncionarios del gobierno anterior (alguno de ellos de bajo escalafón) o empresarios aún sin el dictado de prisión preventiva, la cual tiene por cierto carácter excepcional en su aplicación en la ley.

La causa de “los cuadernos que nadie vio” no solo apunta al objetivo político estratégico de los EE. UU. digitando la Justicia Federal de Comodoro Py (ver nuestra nota del 3/5/18) , a través de sus diferentes operadores judiciales y agentes de inteligencia, a los fines de retomar el control de la política y los recursos naturales de Argentina. Apunta además contra grandes corporaciones con empresas de sumo atractivo para inversores extranjeros, concretamente para que sean vendidas o por lo menos compartan sus operaciones en el país (nuestra nota del 2/12/18).

Pero lo verdaderamente sorprendente, que habla del coraje y espíritu emprendedor de algunos funcionarios judiciales, es el reciente escándalo donde se encuentra involucrado el fiscal de la causa de “los cuadernos que nadie vio”. La causa ha servido -además de los objetivos relatados- para obtener millones de dólares de empresarios y exfuncionarios que fueron extorsionados para no ir presos. Gente que estaba o incluso que no estaba en “los cuadernos que nadie vio” fue víctima de extorsión, lo cual sale a la luz cada día, incluso con pruebas irrefutables. Por cierto existen otros denunciantes además del empresario rural de más de 70 años que se ha hecho público, que por cierto reconoció haber votado al actual presidente. Las pruebas van apareciendo lentamente y cada vez son más -algunas de ellas nos van a sorprender- a pesar del enorme blindaje mediático (me refiero a los portales de internet y los programas de televisión que vemos al llegar a nuestras casas para comer o acaso distraernos un rato) que trata de construir explicaciones disparatadas de los hechos para mantener una causa judicial que en nada ha respetado la ley penal argentina.

Es un chiquero espantoso en el cual estamos metidos, donde las mentiras abundan y son impuestas por el poder político y la Justicia Federal que actúa en estos casos, donde es difícil descubrir la verdad para la mayoría de los argentinos. Lejos estamos del “parto histórico” al que aludía una legisladora que se pretende fiscal de una República a la deriva, sin destino actual ninguno, no soberana; una colonia.

*Abogado, docente de la UNC