Aprobaron en general la reforma al juicio directo en Neuquén: qué cambiará con la nueva ley
La modificación al Código Procesal Penal es impulsada por el gobernador Omar Gutiérrez, y el proyecto aprobado pertenece a Carlos Coggiola (democracia cristiana). Cuando entre en vigencia tendrá impacto directo sobre numerosas variables.
Junto a la Unidad 11 de Neuquén se construye un pabellón de máxima seguridad. (Archivo/Matías Subat)
La Legislatura de Neuquén aprobó este jueves, en una de sus últimas sesiones del actual período, una nueva reforma al Código Procesal Penal, que tiene por objetivo declarado lograr condenas a prisión más rápidas por delitos menores.
Más condenas y más rápidas: vuelven a la carga con el juicio directo en Neuquén
El proyecto, aprobado en general por abrumadora mayoría, fue impulsado por el diputado de la democracia cristiana Carlos Coggiola y es apenas más moderado que otra iniciativa similar que proponían el fiscal general José Gerez y el intendente de San Martín de los Andes, Carlos Saloniti (MPN). El gobernador Omar Gutiérrez había pedido su sanción.
Con la reforma, el artículo 222 del Código Procesal Penal quedará así redactado, en la parte que se modifica:
«En casos de flagrancia el fiscal podrá solicitar la realización directa del juicio sin el acuerdo de la defensa, la que podrá formular oposición fundada, así como las demás partes intervinientes en el proceso. El juez de Garantías decidirá sobre la pertinencia de la oposición y lo resuelto será irrecurrible».
El proyecto sólo cosechó el rechazo de los diputados Blanca López, Andrés Blanco (PTS-FIT), Sergio Fernández Novoa, Ayelén Gutiérrez, Soledad Salaburu y Lorena Parrilli (FdT) y Mariano Mansilla (N). Por fuera, también lo objetan la defensa pública, organismos de derechos humanos y el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura.
El impacto que tendrá la nueva legislación
¿Qué pasará cuando entre en vigencia la nueva redacción? En palabras del diputado Coggiola: «Hoy alguien que comete un delito contra la propiedad y es aprehendido; se le notifica, y tratándose de un delito con una pena menor a 3 años, recupera la libertad sometido al proceso. Significa que mientras se lleven adelante las etapas del proceso, máxima 3 años, y que con un fallo reciente puede exceder largamente ese plazo, si no hay condena y comete un nuevo delito, vuelve a someterse a otro proceso, y mientras no haya condena no tendrá antecedentes y sin antecedentes no va a prisión. Si se prueba que es responsable, la persona será condenada, y aunque sea condicional, significa que si nuevamente comete delito y es encontrado responsable, las penas serán de ejecución efectiva».
La reforma tiene otras consecuencias que no fueron explicitadas en el debate. Una de las principales es que le devuelve el poder a las y los jueces de Garantías, porque en sus manos estará la decisión o no de realizar el juicio directo.
El otro fruto de esta reforma, que se verá en el tiempo, es que ingresarán al sistema carcelario personas que cometen delitos de baja intensidad y con tanta torpeza que son atrapados en el acto.
Ingresarán a un sistema carcelario colapsado, con establecimientos cerrados desde hace un año, y cuya capacidad de resocialización no fue considerada en la discusión de esta reforma.
La iniciativa más bien parece destinada a sacar de circulación por un tiempo a personas que hasta ahora estaban fuera del radar por su baja peligrosidad.
¿Y la protesta social?
Los partidos de izquierda alertaron que este artículo, con su nueva redacción, podrá utilizarse para regular la protesta social. Un corte de calles o de rutas es, desde la perspectiva de algunos, un delito flagrante, y las o los autores podrían ser condenados en cuestión de días.
El Comité Provincial para la Prevención contra la Tortura de la Provincia de Neuquén presentó otros reparos.
En una nota que le hicieron llegar al presidente de la Legislatura, Marcos Koopmann, señalaron por ejemplo que la nueva redacción «podría afectar derechos y garantías convencionales y constitucionales tales como el derecho de defensa, el derecho a solicitar salidas alternativas como solución del conflicto penal, el derecho a un juicio justo, el derecho al recurso y doble conforme».
El Comité distinguió tres ejes: «ausencia de debate real del proyecto, afectación de derechos y garantías de las personas y el impacto de encarcelamiento en un sistema carcelario colapsado, pública y judicialmente conocido».
El texto será debatido en particular en la sesión de la semana próxima.
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