Bajar la edad de punibilidad a los 14: cómo funciona el sistema penal juvenil en Neuquén y Río Negro
El gobierno nacional anunció que insistirá con la propuesta en el Congreso. Las estadísticas regionales y por qué sería una iniciativa regresiva.
El porcentaje más alto de delitos ingresados en 2023, que involucró a jóvenes, fueron las lesiones leves en la primera circunscripción. Foto Matías Subat.
De los 40.838 casos que ingresaron en 2023 a la primera circunscripción judicial -abarca Neuquén capital, Plottier, Centenario, Senillosa, Vista Alegre, El Chañar, Rincón de los Sauces, Añelo- 745 fueron hechos que involucraron adolescentes menores de 18 años. Representaron el 1,83%. Los datos oficiales corresponden al conglomerado más poblado de la provincia. ¿Cuáles fueron los delitos que cometieron? Los cinco más importantes: lesiones leves (17,2%), amenazas simples (14,1%), robo simple (11,1%), hurto simple (10%) y abuso sexual simple (7,9%).
En esos 745 casos participaron 878 chicos. El 81,9% fueron varones. El 53,37% tenía entre 16 y 18 años. Hubo tres acusados por homicidio, ninguno de ellos es no punible, esto quiere decir que ninguno tiene menos de 16 años.
Las cifras son similares a las de Río Negro. El defensor general del ministerio público de aquella provincia, Ariel Alice, dijo que las imputaciones están en el orden del 1,5% (ver aparte).
El ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, anticipó que presentará un proyecto para modificar la ley 22.278 y bajar la edad de punibilidad penal a los 14 años, al igual que intentó hacerlo el gobierno de Mauricio Macri.
En Neuquén quienes trabajan en el sistema penal juvenil -jueces, juezas, integrantes de los ministerios públicos de la fiscalía y la defensa- siempre se han opuesto a este tipo de iniciativas.
Mariela Borgia, defensora penal adjunta de niños, niñas y adolescentes de Neuquén, manifestó que «estas propuestas de baja de edad de punibilidad no se sustentan en datos objetivos a los fines de ser una propuesta válida».
Agregó: «otra cuestión que merece atención es el tema del principio de no regresividad (que significa que no se puede retroceder una vez que se avanza en derechos humanos). Esta edad de los 16 años es un derecho ya ganado constitucionalmente en materia de derechos humanos para esta población. Entonces la no regresividad en derechos prohibiría esto como fundamento legal».
«No pasa nada»
La ley 2302, sancionada en 1999, es la que regula el procedimiento penal en la provincia, cuando se trata de chicos y chicas. La que establece las reglas locales de juzgamiento.
Borgia señaló que cuando una persona menor de 16 años comete un delito en Neuquén, la fiscalía penal juvenil tiene el deber de investigarlo.
«En los casos de delitos graves que no llegan ni al 1%, que es una estadística hecha a nivel nacional en adolescentes menores de 16 años, se lo cita a una audiencia, tienen la posibilidad de participar en esa audiencia tanto víctima como victimario y lo que ocurre es que el juez, de acuerdo al resultado de la investigación dispone el sobreseimiento por no punibilidad. En algunos casos no se llega a esa instancia de audiencia, ya sea porque son delitos menores, entonces lo que se dispone es el archivo o también en algunos casos se recurre a la mediación cuando se ve que hay un conflicto que va a seguir generando este tipo de conductas, a los fines de lograr la pacificación», explicó.
Remarcó: «hay una intervención desde el sistema penal, pero no una sanción ni una condena, y se dispone la derivación al sistema de protección«.
Cuando están en la franja de los 16 a 18 años, con delitos que tienen una pena prevista mayor a los dos años de prisión, hay una investigación y una acusación. Si se determina la responsabilidad, se dispone el tratamiento a través de un dispositivo que es el de Libertad Asistida, por un año como mínimo. Si no se cumplió con los objetivos previstos (responsabilización, reparación y no reiterancia) el fiscal pide una sanción penal.
«El mayor porcentaje que ingresa a la defensoría como punibles se resuelven a través de medidas alternativas, por ejemplo la suspensión del proceso a prueba. Depende de la situación del delito y del adolescente que llega. En casos de homicidios, o si hay reiterancia, ahí se trabaja desde la responsabilización y desde el tratamiento con Libertad Asistida», afirmó la defensora.
Este dispositivo funciona hace 28 años en la provincia, y con la nueva gestión, pasó a depender de la subsecretaría de Familia, Derechos Humanos y Justicia. Su rol es acompañar a los chicos durante todo ese año. Carolina Paez, integrante del equipo de Libertad Asistida, subrayó que hay un sentido común muy arraigado según el cual «no pasa nada» con los adolescentes en conflicto con la ley penal.
«Los trabajadores cada aniversario comentamos qué hacemos, y sobre la importancia de nuestra tarea, pero no está instalado socialmente qué ocurre con los adolescentes mayores de 16 que cometen delitos. Ellos creen que entran por una puerta y salen por otra y la verdad es que transitan un procesal penal. Y ninguna persona luego de transitar un proceso penal queda igual que antes, es un proceso doloroso», destacó Paez.
¿Quiénes son los chicos que entran al sistema penal?
La otra dimensión que se soslaya de esta discusión es quiénes son esos adolescentes que entran al sistema penal.
«La mayoría vienen de familias que han transitado por situaciones de violencia intrafamiliar. Mucho abandono. Hay una gran parte que viene de hogares, sin cuidados parentales, o sin adultos referentes. Las personas que cometieron delitos como robo generalmente no tiene el cotidiano organizado, están desescolarizados, pasan muchísimo tiempo en la calle. Las historias son muy duras, hay mucho consumo. Actualmente nos preocupa muchísimo el consumo de crack y necesitamos coordinar con salud y el servicio de adicciones, y hace años que es muy difícil contar con disponibilidad o recursos desde salud para que garanticen los tratamientos«, describió Paez.
La profesional insistió: «no podes problematizar sobre la comisión de un delito si tenes un adolescente con consumo problemático. No va a poder responsabilizarse subjetivamente de un delito cometido sin previamente trabajar sobre su consumo».
«El Foro en Defensa de la ley 2302 se ha pronunciado siempre en contra de la baja de edad de punibilidad porque no es una respuesta estatal que solucione el tema de la seguridad, y en especial, porque no protege a los jóvenes involucrados», aseguró Nara Osés, integrante de este espacio y exdefensora de los derechos del niño, niña y adolescente de Neuquén.
Planteó que el país es parte de la Convención de los Derechos del Niño, y por lo tanto su deber es el de la protección. «Bajar la edad de punibilidad es una respuesta que desconoce el fenómeno al que pretende contener. Gobiernos que sumen a sus jóvenes en la pobreza y luego los miran como los enemigos a castigar, los deshumanizan», sostuvo.
En Río Negro hay voces en contra, pero también a favor
*Por Fabricio Álvarez / fabricioalvarez@rionegro.com.ar
La cíclica discusión sobre la baja de la edad de punibilidad penal a los 14 años encontró un fuerte cuestionamiento de parte del defensor general del ministerio público de Río Negro, Ariel Alice. En cambio el juez penal de Roca, Fernando Sánchez Freytes, se mostró a favor de una reforma integral de la ley 22.278, ya que dijo, es una normativa que se estableció en la dictadura y que no contó con la participación necesaria. El abogado Damián Torres, exasesor del gobierno de Río Negro, también respaldó la iniciativa, que hasta ahora nunca logró avanzar en el Congreso.
Alice aseguró que es necesario analizar los fundamentos de la ley, que hasta hoy se desconocen. Ancló su postura en tres ejes centrales: la incidencia delictiva en esa franja etaria, la inconstitucionalidad e incovencionalidad de la posible norma y el principio constitucional de no regresividad de la ley penal.
La tasa de incidencia delictiva en Río Negro en menores de edad es tan pequeña que la Legislatura nunca trató un proyecto de la ley penal juvenil que la vocal del STJ, Liliana Piccinini, impulsó hace varios años.
Los últimos datos estadísticos completos de Río Negro son de 2022 y en ese año se iniciaron 42 causas juveniles, según lo afirmó el Procurador Jorge Creso en Cipolletti. El proyecto que “duerme” en la Legislatura contó también con la participación de una experta en la materia: la jueza del Tribunal de Impugnación Rita Custet, que fue predecesora de Alice en el cargo.
Justamente por la baja incidencia, el texto no pretendía crear un fuero específico, como sí lo tiene Neuquén, sino atender la demanda con los mismos funcionarios, pero capacitados.
“Hay un principio constitucional y convencional que es de no regresividad: habría que ver si un proyecto de esta naturaleza no será inconstitucional o inconvencional, sobre todo por la Convención del Derecho del Niño, Niña y Adolescente”, expresó Alice.
El funcionario, que ya en la gestión de Mauricio Macri rechazó el proyecto de Germán Garavano, explicó que en materia de niñez y adolescencia y derecho penal “hay que ser muy prudente”.
Agregó que institucionalmente siempre fueron críticos sobre la baja de edad de punibilidad y que especialmente en Río Negro el impacto es «ínfimo» en materia delictiva. «Para hacer una política pública necesitas un conflicto social que mueva la aguja. Por lo menos, los datos acá, con las imputaciones estamos en el orden del 1,5%, es bajísimo«, sostuvo.
Alice dijo que en muchas provincias se está trabajando con la justicia restaurativa que es una opción al espíritu punitivista que tiene el fuero penal. “Una mirada más integral, más interdisciplinaria y más comunitaria, en justicia restaurativa vas a tener mayor estadística en prevención y de resocialización”, agregó.
Sánchez Freytes afirmó que urge tener una nueva ley de minoridad, pero que es necesario dar una discusión profunda y seria sobre la problemática. “La 22.278 es una ley de la dictadura, fue dictada en una época no democrática y no se escucharon las voces y entidades pertinentes”, aseguró.
Explicó que en el mundo hay de las más variadas leyes que inician la punibilidad a los 12 años hasta los 18, y que eso depende de la política criminal. Pero lo más importante es elaborar una ley que defina qué hacer con el adolescente que delinque. “Tiene que haber un programa de educación y resocialización”, manifestó y agregó que la mayoría de los internos en Río Negro no tiene el secundario completo.
En sintonía con Alice aseguró que el índice delictivo de niños, niñas y adolescentes es muy bajo en la provincia, pero acordó con el ministro de Justicia de la Nación en bajar la edad punible a los 14 años.
Torres es recordado, entre otras cosas, por ser defensor de Leandro Rodríguez Lastra en el histórico juicio que se le realizó en Cipolletti por frenar un aborto legal. El médico terminó condenado y el fallo fue confirmado por la Corte. Fue asesor del gobierno de JSRN por muchos años y es cercano al gobernador Alberto Weretilneck. Recientemente acompañó en Bariloche a la vicepresidenta Victoria Villarruel.
“Tengo una posición favorable a la baja de imputabilidad de 16 a 14 años, aunque sin que ello implique que el menor transite de la misma manera el proceso y luego la sanción a la de un adulto mayor a 18 años. El sistema penal juvenil entiendo debe ser progresivo, en cuanto al tratamiento que se le dará a una persona que delinque, aunque debe iniciarse a los 14 años”, indicó.
Dijo que es “insostenible” que menores entre dicha franja (14 a 16) “sigan considerándose inimputables en función de la inmadurez, cuando el derecho va tendiendo a darle o presumir la capacidad de decidir sobre aspectos importantes de su vida”.
Comentarios