Barones de la Fruta: piden prisión efectiva para el gremialista y empresario Juan Lescano

Durante casi cuatro horas, los tres representantes del Ministerio Público Fiscal fueron explicando al juez federal Alejandro Silva cuáles eran los principales ejes de la acusación por lavado de activos en contra de Juan Lescano (57), su pareja Karina Neyroud (43) y su hijo Alejandro Lescano (34); además del contador de la firma Gustavo Bucetta (63). Entre los imputados también se encuentran la expareja de Rubén López, el fallecido dirigente del Sindicato de la Fruta, Silvia Viviana Weisser (57) y la hija del matrimonio, Carol López (31).

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Tras siete años de la investigación de RÍO NEGRO, los fiscales Rafael Vehil Ruiz, Matías Zanona y Juan Manuel García Barresse lograron sostener la acusación contra los imputados y a la hora de solicitar la pena, fueron detallando cuál fue el rol que desempeñó cada uno de ellos en una serie de maniobras que resultaron millonarias y con un serio perjuicio a las instituciones que dirigían.

Fue Zanona quien pasadas las 9 de la mañana comenzó con su exposición. En líneas generales, el fiscal logró establecer el rol de cada uno de los actores y cómo con el paso de los años fueron acumulando bienes y operando considerables cifras que retiraban no sólo del Sindicato de Fruta, sino también de la obra social, con lo cual se afectó a miles de trabajadores afiliados a las instituciones.

Estableció dos ejes que fueron representados por Juan Lescano (manejó la obra social) y por Rubén López (fallecido dirigente del sindicato de la Fruta) quienes entre el 2006 y el 2019 manejaron los destinos de cada institución. El primero lo hizo a través de una empresa dedicada a la venta de fruta y por la cual, según la fiscalía, logró retirar fondos por cifras millonarias que «desaparecieron» y no tuvieron ningún destino fijo.

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El segundo, utilizó a su expareja y a su hija para conformar dos empresas Ohana S.A, KAV Servicios S.R.L. y el salón de eventos La Ponderosa, para lavar esos fondos obtenidos de las dos instituciones.

En el caso de Lescano, el fiscal Zanona detalló que a través de JLK -que integraron su pareja Karina Neyroud y su hijo Alejandro- lavó esos activos. A esa firma se sumó luego el contador Bucetta quien compró el 50% de las acciones.

Explicó que a través de una de las tantas maniobras se contrató los servicios de asesoramiento a la firma GDB (de Gustavo Bucetta) a quién se le abonó una cifra de 9 millones de pesos. «Para qué se le abonaba esa cifra si ya formaba parte de la empresa el contador», se preguntó al intentar explicar la sospechosa maniobra.

Los informes y peritos de la AFIP fueron contundentes a la hora de evaluar la situación de cada una de las personas involucradas; ninguno de ellos tenía los ingresos necesarios para llegar a adquirir esa cantidad de bienes ni conformar esas empresas fantasmas. Las firmas tampoco tenían balances, presentaron facturas apócrifas y nunca presentaron informes de ingresos o egresos. «Ni siquiera contaban con un domicilio fijo», dijo el fiscal.

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Hubo algunos datos sorprendentes que llamaron la atención de los fiscales. Por ejemplo, la cantidad de cuentas bancarias que manejaba la firma de Lescano (en teoría dedicada a vender fruta), donde se contabilizaron operaciones por un total de 11.671.084 pesos.

En la hipótesis de la fiscalía, intentaron dar transparencia a esa cifra a través de una empresa que pudo representar ganancias por un monto mucho menor.

No menos sorprendente resultaron las operaciones en el sector que lideraba Rubén López. La misma operatoria (espejo) dio inicio a dos firmas que estuvieron representadas por la hija y la expareja del fallecido exlegislador por Juntos Somos Río Negro (JSRN). «Llegaron a manejar 29 cuentas bancarias», dijo el fiscal García Barresse quien también aclaró que los hijos del dirigente (a pesar de su corta edad) tenían autos de alta gama, en tanto que Weisser llegó a acumular ocho automóviles y más de 20 propiedades, entre las que se encontraba el reconocido salón de eventos La Ponderosa -valuada en ese momento en 4.1 millones de pesos-. Muchas de esas propiedades se concentraron en Fernández Oro que ahora tienen un valor multi millonario.

Pedido de condena y multas

Fue el fiscal Rafael Vehils Ruiz quien detalló el argumento y el monto de las penas para cada uno de los imputados:

* Juan Lescano: el fiscal pidió una condena efectiva de 3 años y 6 meses. Consideró como agravante que el dirigente utilizó como estructura a su familia y también destacó como hecho significativo el tiempo en el cual se sostuvo la maniobra fraudulenta y el efecto que generó en la institución. Pidió una multa de 23 millones de pesos. Es el único que tiene una condena en suspenso por lo que en caso de ser hallado culpable los monto se pueden unificar y purgar una pena mayor.

* Silvia Viviana Weisser: solicitó una condena de 3 años de prisión en suspenso. Consideró como agravante haber utilizado a su hija para llevar adelante las maniobras. El fiscal dijo que trabajó en un estudio jurídico por lo que debería haber estado al tanto de las maniobras y de los bienes que estaban poniendo a su nombre. La multa que deberá pagar en caso de ser hallada culpable es de 8 millones de pesos.

* Gustavo Bucetta: «Es contador y puso todo su conocimiento a disposición de un delito», dijo el fiscal quien pidió una condena en suspenso de 3 años de prisión. También pidió una multa por el perjuicio de 23 millones de pesos.

* Karina Neyroud: pidió 1 año y 6 meses de prisión. Una multa por el doble del monto de los bienes afectados, o sea 23 millones de pesos.

* Denise Lescano: el MPF solicitó un año y seis meses. Y el pago de una cifra de 23 millones de pesos, el monto del perjuicio y además por los bienes adquiridos.

* Carol López: requirió 1 año y 6 meses. Solicitó además el pago de un monto por el doble del perjuicio y por los bienes adquiridos totalizado a través de las empresas fantasmas por 8.3 millones de pesos.

La investigación de Río Negro

El trabajo realizaron los periodistas Italo Pisani y Diego Von Sprecher -en el año 2015- descubrió la trama del enriquecimiento ilícito de los principales referentes del sindicado de la Fruta.

Esa serie de informes permitió descubrir cómo Rubén López y Juan Lescano no solo acumularon poder en el sindicato. Lograron acumular cifras y propiedades de distinto tipo entre las que se encontraba el famoso salón de eventos La Ponderosa, propiedad de la expareja del fallecido dirigente.

Por esa investigación, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) radicó la denuncia ante la Justicia Federal contra López, Lescano, familiares y allegados de ambos, lo que dio el puntapié inicial para esta causa que está entrando en su etapa final.

El trabajo periodístico logró el primer premio de Periodismo de Investigación, otorgado por Fopea en año 2015.