Causa AFA: la Justicia aceptó al Gobierno como querellante en la investigación por los $19.300 millones

La batalla entre el gobierno de Javier Milei y la conducción del fútbol argentino sumó un nuevo capítulo judicial, esta vez con saldo a favor de la Casa Rosada. El juez en lo Penal Económico Diego Amarante aceptó formalmente el pedido de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para constituirse como querellante en la causa que investiga una presunta maniobra de desvío de fondos millonaria por parte de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). 

La decisión judicial implica un cambio drástico en la dinámica del expediente: a partir de ahora, el organismo que conduce Florencia Misrahi tendrá acceso total a la prueba, podrá solicitar medidas de investigación, pedir indagatorias e impulsar el proceso penal contra Claudio «Chiqui» Tapia y el tesorero Pablo Toviggino. 

La maniobra denunciada 

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El corazón de la denuncia apunta a una cifra que estremece: $19.300 millones. Según la investigación preliminar, la AFA habría retenido ese monto en concepto de Ganancias y aportes a la Seguridad Social (correspondientes a los salarios de los empleados del organismo y de los clubes), pero nunca lo habría ingresado a las arcas del Estado. 

Para la Justicia, la maniobra podría encuadrarse en el delito de apropiación indebida de tributos, tipificado en la Ley Penal Tributaria. La hipótesis de los investigadores es que la cúpula del fútbol utilizó ese dinero —que ya había sido descontado a los trabajadores— para financiar gastos corrientes de la entidad, «bicicleteando» al fisco. 

El rol de ARCA en la causa AFA de Chqui Tapia

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Con la aceptación de Amarante, el Gobierno deja de ser un espectador y pasa a ser un actor central en la causa. Los abogados de ARCA argumentaron que el perjuicio al erario público es directo y que la AFA, lejos de estar en una situación de crisis que justifique el incumplimiento, mostró balances superavitarios. 

Este avance judicial se da en un contexto de guerra abierta entre el Ejecutivo y Viamonte 1360, cruzada por la discusión de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) y la intervención de la Inspección General de Justicia (IGJ) en la asamblea que reeligió a Tapia. Ahora, el conflicto se traslada a los tribunales de Comodoro Py, donde el «Chiqui» deberá defenderse ya no solo de la política, sino del Código Penal.