Colapso judicial: ahora piden cuatro fiscales más para Neuquén
José Gerez basó su demanda en el mayor volumen de trabajo debido al protagonismo del Ministerio Público Fiscal en la resolución de conflictos penales.
La fiscalía de Homicidios es una de las más recargada por la cantidad y complejidad de casos. (Archivo/Florencia Salto)
La receta para solucionar los problemas de organización del Poder Judicial no varía: sumar personal. Hace menos de un mes se aprobó la creación de tres nuevos cargos de Juez de Garantías para Neuquén capital, y ahora se presentó un pedido para cubrir cuatro vacantes de fiscal del caso.
Ambas solicitudes tienen puntos en común: el crecimiento de la población y de las denuncias penales, que derivarían en una mayor carga de trabajo.
En paralelo (o «por cuerda», como se decía en la jerga), funciona una «Mesa de Autoridades» con el objetivo de «revisar y analizar los procesos de trabajo en pos de modificar aquellas prácticas que faciliten la mejora continua en el funcionamiento» del fuero penal.
Porque está en discusión si el cuello de botella del sistema se debe a la falta de personal, o al mal uso de algunos artículos del Código Procesal Penal por parte de los operadores del sistema, que genera el continuo reagendamiento de audiencias. (Hay otros motivos puntuales, como en Zapala: el corte de gas por las pésimas condiciones de infraestructura).
El pedido de más fiscales para la Primera Circunscripción Judicial lo presentó el fiscal general José Gerez ante la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Soledad Gennari. Si le hacen lugar, como ocurrió con la solicitud de más jueces formulada por el director de la Oficina Judicial Juan Guaita en diciembre del año pasado, será derivado al Consejo de la Magistratura para que organice los respectivos concursos.
Menos ocho
Gerez menciona que de acuerdo con la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal sancionada en 2013, Neuquén capital y su área de influencia debería tener una dotación de 23 fiscales del caso pero cuenta con 13, más dos que esperan acuerdo legislativo. El déficit sería de ocho.
Despliega su argumentación señalando que «todos los casos penales -sin excepción- ingresan al sistema judicial para su tramitación a través del Ministerio Público Fiscal. Un altísimo porcentaje (90% aproximadamente) encuentra su respuesta dentro de ese ámbito».
Se refiere a los casos que «se resuelven a través de una desestimación, un archivo, de la aplicación de un criterio de oportunidad o de un mecanismo desjudicializador o alternativo de solución del conflicto penal, como lo es la mediación o la conciliación».
Se sospecha que la cifra es más alta: de todos los casos que ingresan al sistema, apenas el 4% llega a la etapa de juicio. La fiscalía no publica estadísticas que discriminen qué hace con el resto, ni difunde las resoluciones que disponen el archivo de las actuaciones -salvo raras excepciones- para conocer los fundamentos.
«Mayor responsabilidad»
En la nota presentada ante Gennari, Gerez remarca que la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal y el Código Procesal Penal «ponen en cabeza del fiscal del caso atribuciones y funciones que generan una mayor responsabilidad en la gestión del caso y una mayor carga de trabajo».
Cita como ejemplo que «son quienes ejercen, disponen y/o prescinden de la acción penal pública; llevan adelante la investigación penal preparatoria; dirigen y controlan a los funcionarios policiales en la investigación de los hechos delictivos; disponen la detención del imputado; formulan la acusación para la apertura del juicio, concurren a los juicios, dirigen a los funcionarios y personal a su cargo y deben atender de manera personalizada a víctimas, testigos y ciudadanos en general, entre otras funciones».
«La tarea del fiscal del caso no se agota en la investigación y elevación del mismo a juicio, sino que, además, interviene en la instancia del juicio sosteniendo la acusación originada en su teoría del caso», añade.
Carga de trabajo desbalanceada
Lo que se observa en el Ministerio Público Fiscal es una carga de trabajo desbalanceada. Como ya informó Río Negro, la fiscalía de Delitos Sexuales, la de Violencia de Género y la de Homicidios están desbordadas por la cantidad y complejidad de las denuncias que reciben.
En cambio otras, como la de Actuación Genérica y la de Robos tienen una actividad reducida. La de Delitos Flagrantes directamente dejó de existir. Y la de Delitos Económicos -que debe investigar, entre otros, los hechos de corrupción estatal- representa un caso singular, difícil de descifrar.
Por otra parte, y para retener a los fiscales -hay una migración importante hacia cargos de juez de Garantías- Gerez presentará un proyecto en la Legislatura para insistir con la equiparación salarial entre ambos cargos.
Sobre el tema se conversó en una reunión entre fiscales jefes, y será uno de los ejes de la asamblea provincial prevista para el martes 11 y miércoles 12 en Cutral Co.
Pedidos de paradero
Durante 2022 se registraron 1.935 búsquedas de paradero a nivel nacional. Desde las provincias que conforman la región patagónica ingresaron 163 búsquedas, lo que representa el 8.5%.
Las cifras se dieron a conocer con motivo de la firma de un convenio entre el fiscal general Gerez y el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria, para “fortalecer el sistema de búsqueda de niños, niñas y adolescentes extraviados”.
A partir de ahora, el Ministerio Público Fiscal quedó incorporado en el Registro Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas que funciona en el ámbito del ministerio nacional, y podrá “recibir, sistematizar, cotejar, transmitir y colaborar con la información sobre niñas, niños y adolescentes con paradero desconocido”.
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