Cómo era la búsqueda de justicia durante la dictadura

La próxima audiencia de testimonios anticipados, con Inés y Oscar Ragni desde Neuquén, será para el 18 de julio "o antes".  El tribunal no estableció la fecha del juicio.

«Las aspiraciones de los familiares no eran la libertad, sino que estuvieran vivos», dijo el abogado Guillermo Correa ante los jueces, al dar cuenta de las intervenciones para conocer el destino de los cautivos durante la última dictadura cívico militar. Noemí Labrune, dirigente de la APDH en Neuquén, habló por casi tres horas, con un exhaustivo interrogatorio de las defensas de los jueces que están acusados de haber sido parte del Terrorismo de Estado.

Labrune y Correa cruzaron saludos entrañables en el inicio de la jornada judicial. Ambos dieron testimonio sobre cómo fue, a partir de 1976, la búsqueda de un resguardo judicial cuando se producían los secuestros y las desapariciones en el Alto Valle.

La jornada comenzó a las 15,30 y finalizó pasadas las 20 en el salon de AMUC, en la primer audiencia anticipada del octavo juicio por delitos de lesa humanidad en Neuquén.

Los detalles del encuentro entre un grupo de la APDH y el entonces fiscal federal Víctor Ortíz en su casa de la chacra de Allen, marcó la atención sin respiro del público durante el testimonio de Labrune. Contó que el obispo Jaime De Nevares recibió el aporte de un suboficial del Ejército (1976) sobre la brutalidad de las sesiones de tortura en el centro clandestino «La Escuelita». «Era un sábado: el Obispo nos pidió que fuéramos Allen para que el fiscal parara éso», describió Labrune.

Tras ese encuentro, la APDH supo que Ortíz justificaba el accionar represivo y no iba a realizar ninguna acción. «Nos sentimos muy mal, pensabamos que estábamos en el fin del mundo, que iban a seguir torturando en ese lugar y el fiscal no lo iba a parar», expresó Labrune. Describió que la sensación era que «no se podía hacer nada» y que ésa fue la estrategia que fue parte del terror.

Dijo que el fiscal, cuando se le comunicó que había un centro clandestino en los fondos del Batallón donde se estaba torturando gente, les respondió que «si no son culpables, el sufrimiento acerca a Dios», y si lo eran, el sufrimiento iba a limpiar su alma.

Correa declaró primero, por espacio de casi dos horas y aclaró que ya no tenía memoria de fechas y de algunas circunstancias en las que se le pedían precisiones, sin embargo, se explayó sobre las intervenciones que hizo para buscar la excarcelación de dirigentes barriales como Javier Seminario, Carlos Schedan o del abogado laboralista Jorge Candeloro, que llegó desde Bahía Blanca en busca de algún amparo del Colegio de abogados, porque era perseguido. «No se lo podiamos dar, y Candeloro desapareció. Las aspiraciones de los familiares no era la libertad, sino que estuviera vivo«, agregó cuando dio detalles de la intervención por Schedan, detenido en la delegación de la policía federal y desaparecido luego del traslado a Bahía.

«Nuestro ámbito de gestión (por los desaparecidos) era la comisaría, no pasamos a la vereda del Federal, porque era inútil», aseguró Correa, quien describó que tras una segunda detención de Seminario «fracasé, porque no lo pude excarcelar» y las gestiones que realizó por pedido de familiares, buscaban lograr la información de que la persona estaba viva.

En la audiencia se saludó con David Lugones, sobreviviente del centro clandestino. Destacó que también tuvo intervención por los pasos de Lugones y Raúl Radonich cuando fueron secuestrados en «La Escuelita». «Muchos habían pasado por esa amarga experiencia, había un centro clandestino en dependencias del Ejército, detrás del Regimiento, todos sabían que existía», dijo.

El inicio del debate oral y público aún no tiene fecha. El tribunal accedió al pedido de la fiscalía y de las querellas para adelantar la prueba de testigos nonagenarios. Quedó pendiente una jornada en la harán su aporte Inés y Oscar Ragni, querellantes por la desaparición de su hijo Oscar. Una fecha tentativa, será el 18 de julio, con posibilidad de anticipar la jornada en caso de que el tribunal pueda compatibilizar agendas.

Río Negro fue una excepción en el país – salvo un diario que salía en inglés y que lo leían acá en Argentina- salían las notas de los secuestros»

Noemí Labrune durante el testimonio anticipado del octavo juicio por delitos de lesa humanidad

La audiencia la presidió Alejandro Silva. La jueza María Paula Marisi, la primera mujer que integra un Tribunal de lesa en la región, es de Mendoza. Llegó temprano y saludó a las partes en la sala. El juez Sebastián Foglia siguió la audiencia por video. Los acusados, el ex fiscal Victor Marcelino Ortiz y el ex juez Pedro Laurentino Duarte, lo hicieron también por vía digital.

Las defensoras oficiales federales siguieron el juicio desde la sede en Roca, mientras que la fiscalía y las querellas (APDH y Ceprodh) estuvieron en la sala. El público y la prensa ocuparon gran parte de la sala de debate del Tribunal Federal de Neuquén, en la sede del salón AMUC.

«Un hábeas corpus donde no se manda el pedido, donde no se va a hacer la inspección, donde no se insiste en la respuesta que le dan, donde hubo un camión lleno de conscriptos y el Ejército dice que no tiene nada que ver…eso es lo que pasó con los hábeas corpus cuando estaba Duarte, por eso se lo imputa y ésas son las evidencias: hay que ver qué pasó con los habeas corpus y las causas» que se buscaron iniciar, destacó Labrune al término de su declaración en una breve rueda de prensa en la que destacó el rol «colaboracionista» del ex juez federal.

El ex juez federal Pedro Duarte (abajo a la izquierda) siguió los testimonios por zoom. (Foto Matías Subat)


Formá parte de nuestra comunidad de lectores

Más de un siglo comprometidos con nuestra comunidad. Elegí la mejor información, análisis y entretenimiento, desde la Patagonia para todo el país.

Quiero mi suscripción

Comentarios