Conflicto de poderes y la reorientación de una demanda judicial en Dina Huapi
Una disputa entre el Tribunal de Contralor y el Concejo Deliberante será analizada como acción de inconstitucionalidad en el STJ.
En el STJ se dirime una disputa entre el Tribunal de Contralor y el Deliberante de Dina Huapi. Archivo
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) reorientó una presentación del Tribunal de Contralor de Dina Huapi y determinó que el reclamo por una resolución de otro poder del Estado que anuló la contratación de un asesor debe ser analizado como una acción de inconstitucionalidad.
De este modo, el STJ asume la competencia originaria para el tratamiento de este expediente mediante el cual el Tribunal, con el patrocinio legal del abogado Jorge Pschunder, cuestionó que el Concejo Deliberante por resolución ordenó la anulación de una contratación realizada por ese poder en diciembre pasado.
El máximo tribunal judicial dispuso recaratular las actuaciones y continuar el trámite como una acción de inconstitucionalidad. También ordenó dar traslado a la parte demandada para que conteste, debido a la ausencia de sustanciación previa.
El caso se inició cuando el entonces presidente del Tribunal de Contralor municipal, Sebastián Franzese, promovió una demanda contra el Concejo Deliberante en la que solicitó que se declare la inconstitucionalidad y nulidad de una resolución del órgano legislativo municipal, que había invalidado un acto administrativo dictado por el Contralor.
La primera intervención del Deliberante fue una actuación firmada en diciembre por el concejal Gabriel Paez (Movimiento Popular Dina Huapi), que fue rechazada, y posteriormente en marzo, el mismo edil junto a su Mónica Balseiro (JSRN) suscriben la resolución 005-CDDH-2025 por la que declaran que el acto administrativo del Tribunal de Contralor “es nulo de nulidad absoluta, carente de validez”.
Tras esta segunda medida el Contralor se presentó en la justicia, inicialmente impulsada por Franzese y luego ratificada en abril por el nuevo titular del Contralor, José Luis Gelain, que solicitó la declaración de inconstitucionalidad de esa resolución por la vulneración de la división de poderes y pidió la declaración de certeza de la resolución del Tribunal mediante la cual contrata personal administrativo.
El procurador Jorge Crespo dictaminó que la pretensión se enmarca como una acción de inconstitucionalidad y por eso corresponde al STJ “entender en la contienda de manera originaria y exclusiva”.
Afirmó que el planteo excede el interés particular de quienes iniciaron la demanda, ya que involucra una posible afectación al diseño institucional previsto en la Carta Orgánica de Dina Huapi.
Tras analizar el expediente, el STJ concluyó que la pretensión principal apuntaba a que se declare la inconstitucionalidad de la resolución legislativa.
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) reorientó una presentación del Tribunal de Contralor de Dina Huapi y determinó que el reclamo por una resolución de otro poder del Estado que anuló la contratación de un asesor debe ser analizado como una acción de inconstitucionalidad.
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