Conflicto de poderes: el STJ falla contra el intendente de Allen por las tasas municipales
El máximo tribunal de Río Negro dirimió el conflicto de poderes a favor del Concejo Deliberante por una disputa por un cambio de modalidad en las tasas municipales.
El intendente de Allen, Marcelo Román, sufrió un revés en la Justicia.
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro le dio la razón al Concejo Deliberante de Allen y falló contra el intendente Marcelo Román (LLA) al afirmar que es el Concejo Deliberante el que tiene competencia en materia impositiva, luego de un conflicto de poderes por el cambio en la modalidad de cobro de las tasas municipales.
«El conflicto de poderes debe dirimirse a favor del Concejo Deliberante de la Municipalidad de Allen, quien ostenta la competencia en materia impositiva«, escribió en su parte resolutiva el máximo tribunal de la provincia.
Con los votos rectores de los jueces Sergio Barotto, Sergio Ceci y Ricardo Apcarian, que compartieron los fundamentos, consideraciones y conclusiones del procurador general, Jorge Crespo, el STJ zanjó el enfrentamiento desatado en la municipalidad de Allen.
El STJ también declaró «la nulidad de las Resoluciones N° 2052/2023 y 018/2024 del
Poder Ejecutivo Municipal de Allen y de la Resolución N° 001/2024 sancionada por la entonces Presidenta del Concejo Deliberante (Valeria Bezic), por haber sido dictadas en exceso de sus respectivas competencias, invadiendo facultades propias del Concejo Deliberante Municipal y soslayando el debido procedimiento».
El cambio de bimestral a mensual decido por el intendente Román a comienzos del 2024 ocasionó un fuerte aumento de las tasas municipales en Allen, lo que derivó en la ordenanza del Concejo Deliberante que se judicializó y terminó en el conflicto de poderes que dirimió el fallo de hoy del STJ.
Qué dice la ordenanza que originó el conflicto de poderes en Allen
La ordenanza del Concejo Deliberante encomendó al intendente recalcular el valor de las tasas retributivas del 2024 desde el inicio del periodo fiscal, con un calendario bimestral.
Con el patrocinio de las abogadas María Buscazzo, Lorena Quiroz Soto y María Ascenzo, el intendente Román planteó, según describe el STJ en su resolución del 6 de diciembre pasado, que la ordenanza 88/2024 que aprobó el Concejo debe ser declarada nula porque «se arroga atribuciones en materia presupuestaria, inmiscuyéndose en facultades propias del Ejecutivo, perjudicando el erario y las normales funciones del Estado Municipal».
Además detalla que la ordenanza cuestionada alteraba sustancialmente el Presupuesto, el cual puede ser modificado exclusivamente a instancias del Poder Ejecutivo Municipal.
Desde la intendencia de Román se indicó que el valor de las tasas retributivas ya fue fijado «de manera mensual en la ordenanza 111/2023«.
Por último, desde el Ejecutivo de Allen se sostuvo que la sanción de la ordenanza 88/2024 es extemporánea y añade que se viola el principio de irretroactividad previsto en el artículo 7 del Código Civil y Comercial de la Nación, «afectando el derecho de propiedad adquirido por la Municipalidad de Allen».
Qué había opinado el procurador Jorge Crespo sobre el conflicto de poderes en Allen
El Procurador General Jorge Crespo aseguró en su dictamen n° 225/24 de diciembre pasado que el accionar de la intendencia «se advierte viciado desde su inicio» y opinó que el conflicto «debe ser dirimido a favor del Concejo Deliberante, quien detenta la competencia en materia impositiva».
Para la Procuración, la presentación de Román, quien alegó una intromisión en sus facultades como Poder Ejecutivo, no encuentra «justificación». Por ello, consideró que el STJ deberá declarar la nulidad del veto y las resoluciones emitidas por la intendencia.
Según aseguró Crespo, la Carta Orgánica de Allen delega al Concejo Deliberante «la competencia exclusiva en la sanción de normas presupuestarias e impositivas, advirtiendo que la única posibilidad de ser modificada es a instancia del Poder Ejecutivo». Es decir, que la intervención del Ejecutivo en estos casos se encuentra limitada a proponer una eventual reforma a una ordenanza, la cual debe ser ejecutada «a través de un procedimiento válido» y elevada al órgano deliberativo para su tratamiento.
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro le dio la razón al Concejo Deliberante de Allen y falló contra el intendente Marcelo Román (LLA) al afirmar que es el Concejo Deliberante el que tiene competencia en materia impositiva, luego de un conflicto de poderes por el cambio en la modalidad de cobro de las tasas municipales.
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