Crimen de Diego Cid en Bariloche: la Justicia volvió a rechazar la libertad del único acusado del homicidio
La defensa de Luciano Castillo volvió a plantear que actuó en legítima defensa durante el tiroteo en el que murió Diego Cid. La Justicia rechazó el pedido y ratificó la prisión preventiva.
La audiencia de revisión concluyó con la ratificación de la medida cautelar que pesa sobre el acusado desde el inicio de la causa.
Un presunto proveedor de drogas respondió al llamado nocturno de un comprador que lo citó especialmente y todo terminó con la muerte de este joven, luego de un intercambio de disparos. Esa es en síntesis la escena que asoma hasta ahora de lo ocurrido el pasado 12 de febrero en un barrio del Alto barilochense. La causa por el crimen que le costó la vida a Diego Cid, a manos de Luciano Castillo, fracasó una vez más en el intento del defensor de lograr su liberación mediante el reencuadramiento del hecho como homicidio en «legítima defensa».
Castillo es de Cipolletti y acudió a la convocatoria sin saber que se encontraría con Cid, a quien le atribuyó haberle robado 800 mil pesos a punta de revólver en otro intento de transacción, el día anterior. Ambos estaban armados y Cid recibió dos balazos que resultaron mortales. Castillo iba con otras tres personas en su vehículo -que no están imputadas- y luego del hecho escaparon hacia su ciudad de origen, donde se entregó varios días después.
El abogado defensor, Miguel Ceballos, buscó desacreditar los “riesgos procesales” de fuga y entorpecimiento de la investigación aplicados a Castillo para dictarle la prisión preventiva. Dijo que se presentó en forma voluntaria, con su nombre real, entregó su vehículo y el arma empleada, de tenencia legal. Habló además de “un escenario de legítima defensa, que cambia la situación y lo beneficia”, a partir de una pericia reciente que demostró la presencia de pólvora en las manos de la víctima.
La audiencia se prolongó luego en un cruce de señalamientos entre la defensa, el fiscal Martin Lozada y el abogado querellante Horacio Brucellaria sobre la peligrosidad de Cid y de su victimario.
Ceballos dijo que si Castillo se fue de la ciudad luego del homicidio fue por temor a una represalia. Subrayó que Cid “era una persona violenta”, con antecedentes de robo, “siempre anduvo armado”, y que en ese contexto, que su defendido tenga miedo “no era descabellado”. Pero nada de esto convenció al juez de revisión Martín Arroyo, quien se inclinó por validar los riesgos de fuga de Castillo y de entorpecimiento de la investigación esgrimidos por la fiscalía.
El juez recordó que la calificación que pesa sobre el imputado es por homicidio calificado y que “para abrir paso a una legítima defensa su abogado «deberá probarlo, no basta que diga ‘me defendí’ para que la fiscalía esté obligada a probar lo contrario. Lo mismo ocurre con la inimputabilidad”.
Según el juez, en la actual instancia basta con las evidencias de cargo presentadas sobre “la participación punible de la persona en el hecho”. Y agregó que la eventual “legítima defensa” solo se puede dilucidar en el juicio oral.
Sobre la voluntad de Castillo de someterse a proceso con su presentación voluntaria en Cipolletti, dijo que ocurrió “cuando estaba acorralado”, después de varios allanamientos. “Decir que estuvo siempre a derecho es difícil de sostener, y esto ya fue analizado”, sostuvo Arroyo. A su entender, “es la conducta precedente de Castillo la que indica que de recuperar la libertad podría sustraerse de la Justicia”.
En un último intento Ceballos subrayó que lo que existió fue un tiroteo, que merece mayor investigación, y propuso para Castillo una libertad tutelada con prohibición de salir de Cipolletti. Pero el juez dictaminó por la continuidad de la prisión preventiva del acusado. Esa misma medida había sido defendida con énfasis por el fiscal Lozada y también por la querella.
La defensa apeló al historial delictivo de la víctima
Lozada cuestionó que Castillo (o su defensor) pretendan justificar la fuga inicial en los antecedentes delictivos de la familia Cid, como si el presunto homicida “fuera un angelito de Dios”, que nada tuviera que ver con el delito de narcotráfico, y con la portación de un arma 9 milímetros, “que no dudó en disparar”.
También el querellante Brucellaria dijo que la fuga “fue consumada en un inicio”, que Castillo llegó a Bariloche “a vender drogas” y que si bien se pudo encontrar con una situación inesperada no vaciló en hacer uso del arma. “No estamos investigando a la familia Cid, sino al homicida Castillo. No puede permanecer en libertad como si nada hubiera ocurrido”, afirmó el abogado que representa a Ezequiel, el hermano de la víctima.
Ceballos lamentó que no se valore lo suficiente que Cid “andaba con un arma ilegal” (a diferencia de Castillo) y que “llamaba a la gente para robarle”. Sostuvo que la mirada del fiscal y del juez sobre el caso es “sesgada y parcial”. Señaló que “Cid se puso en esa situación” de riesgo, y pidió la aplicación del beneficio de la duda para Castillo, porque “es un principio general” y no solo para considerar en una eventual condena, sino también para las instancias preliminares.
El juez Arroyo dijo que si el imputado “se defendió de una agresión de Cid es verdad que se abre un nuevo escenario que lo puede beneficiar, pero insistió en que “quien invoca actuar bajo una justificación lo tiene que probar. Hasta ahora lo que está probado es que disparó y mató”.
Un presunto proveedor de drogas respondió al llamado nocturno de un comprador que lo citó especialmente y todo terminó con la muerte de este joven, luego de un intercambio de disparos. Esa es en síntesis la escena que asoma hasta ahora de lo ocurrido el pasado 12 de febrero en un barrio del Alto barilochense. La causa por el crimen que le costó la vida a Diego Cid, a manos de Luciano Castillo, fracasó una vez más en el intento del defensor de lograr su liberación mediante el reencuadramiento del hecho como homicidio en "legítima defensa".
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