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Denuncian ciberpatrullaje sin orden judicial en el Ministerio Público Fiscal de Cipolletti
Un abogado defensor se opuso a la prueba que presentó la fiscalía en un juicio. Alegó que no tuvo autorización de un juez o jueza. Apuntó contra un funcionario que detalló cómo obtuvo información de geolocalización a pedido de un fiscal.
Carlos Vila (de negro) es el abagado que alertó sobre a situación en un juicio en Cipolletti (Florencia Salto)
El modo en que un integrante de la fiscalía de Cipolletti accedió a información de un celular podría desatar un escándalo institucional. En medio de un debate oral y público el empleado judicial Luis Guerra aportó minuciosos detalles de cómo investigan sin orden judicial. El abogado del sospechoso, que además fue juez en la provincia de Río Negro, denunció un caso de ciberpatrullaje.
No es la primera vez que el funcionario Guerra queda en el ojo de la tormenta respecto a su desempeño en el Ministerio Público Fiscal de Cipolletti. El empleado, que en el juicio se jactó de ostentar el máximo escalafón administrativo con 17 años de experiencia en el Poder Judicial, antes trabajó en la Policía.
En la actualidad es el titular de la Oficina de Apoyo, Logística y Litigación creada por el fiscal jefe Santiago Marquez Gauna. En los hechos, esa oficina “sui generis” no existe en ningún lugar del organigrama del Poder Judicial ni en las demás circunscripciones.
Pero el Ministerio Público Fiscal de Cipolletti pareciera ser la rara avis de la provincia, al punto que llegó a dividir la circunscripción en dos mitades. Alcanza una mirada superficial para advertir la cantidad de subrogancias que se otorgan con cargos altísimos, que rondan los 600 mil pesos de salario.
Para volver a Guerra, la historia es más o menos así: el fiscal Guillermo Ibáñez lo convocó al debate que se le sigue a Franco Hernández, hijo de la líder narco Ruth Montecino. La denuncia la hizo la presidenta del Concejo Deliberante local, Silvana Larralde. Supuestamente Hernández amenazó a alguien del entorno de la legisladora para que ella retirara los cargos en su contra. Ese delito se llama coacción.
Guerra, gran aliado y soporte logístico de los fiscales comenzó una investigación para determinar los movimientos de Hernández, de acuerdo a los datos de geolocalización de su celular.
Por las dudas, aclaró el propio Guerra, buceó en el móvil días antes y días posteriores al hecho denunciado.
Contó que tiene acceso a una base de datos de empresas de telefonía y que le fue otorgado de manera muy sencilla: le hicieron un usuario con su correo oficial previa certificación con “notas oficiales” según sus propias palabras. A pesar de las recomendaciones de la Procuración y la fiscalía general a solicitar este tipo de información a un juez o jueza de Garantías, en esta investigación no se ejecutó. El funcionario respondió directamente al pedido del fiscal del caso.
“Se me requirió un reporte de telefonía de un abonado de la empresa Movistar, titularidad y todo lo que vendría a ser la lista sábana, lo que en la jerga se conoce como llamadas entrantes, salientes, mensajes de texto y uso de datos móviles”, admitió Guerra casi maravillado por lo que estaba contando. Es más, ofreció mostrar en vivo lo que era capaz de hacer ya que tenía acceso a esa base de datos desde su propio celular. Y para finalizar su testimonio dio una “opinión personal” acerca de cómo se desplazaba el sospechoso.
Guerra no es ingeniero, ni abogado, ni personal profesionalizado para llevar a cabo esa delicadísima tarea de investigación.
La oposición de la defensa
Apenas terminó de hablar, el defensor Carlos Vila, exjuez destituido de la provincia de Río Negro, lanzó una dura advertencia: “Me voy a oponer al ingreso de este tipo de pruebas por la invasión al derecho de privacidad e intimidad mi cliente ya que esta medida no fue ordenada judicialmente. Para hacer esto se requiere autorización de un juez”, advirtió casi como si estuviera en una clase de derecho penal.
La fiscal adjunta Vanina Bravo se quedó desconcertada ante la mirada de la jueza Alejandra Berenguer, quién pretendía darle la palabra para contestar la oposición. Los más llamativo de la declaración del funcionario es que en el debate no se estaba discutiendo la presencia del imputado en el lugar del hecho que era de alguna manera lo que el funcionario pretendía esclarecer con su relato.
Vila insistió: “La fiscalía no tiene el poder de invadir ámbitos personales de un sujeto sin una orden del juez, no puedo consentir que se incorpore esta evidencia”, cerró.
El tema no está resuelto aún, aunque el defensor adelantó que insistirá en sus alegatos. Una rápida consulta por abogados que litigan en el fuero – tanto del ámbito de la defensa pública como privada – arrojó un consenso generalizado.
Existe una grave intromisión al derecho a la privacidad, a la ley de datos personales y a garantías constitucionales. Se explicó que hay una enorme cantidad de fallos no solo del Superior Tribunal de Justicia que constituyen doctrina obligatoria sino de la Corte Suprema.
Me voy a oponer al ingreso de este tipo de pruebas por la invasión al derecho de privacidad e intimidad mi cliente ya que esta medida no fue ordenada judicialmente. La fiscalía no tiene el poder de invadir ámbitos personales de un sujeto sin una orden del juez, no puedo consentir que se incorpore esta evidencia”.
Carlos Vila, defensor de Franco Hernández, hijo de Ruth Montecino.
Cientos de casos como este han terminado en nulidades por investigaciones arbitrarias y afectación a los derechos de la defensa. La única forma constitucional de derribar esas garantías es con una orden de un juez o jueza: allanamiento, intervención telefónica, acceso a la correspondencia privada, exámenes corporales, etcétera.
Guerra admitió que recogió esa información a pedido del fiscal y que puede acceder a otras bases de datos públicas que dan cuenta, por ejemplo, de las finanzas de los ciudadanos. ¿Quién controla las investigaciones de Guerra?, ¿Hay ciberpatrullaje en Cipolletti? Su testimonio dejó más dudas que certezas.
Un antecedente que concluyó en sobreseimiento
En septiembre de 2021, el entonces querellante Marcelo Hertzriken Velasco denunció que el empleado judicial Luis Guerra llamó al padre de la joven y lo influyó sobre la necesidad de incorporar a una abogada para que la causa avanzara.
Puntualmente Hertzriken Velasco sostuvo que el titular de la Oficina de Apoyo, Logística y Litigación del Ministerio Público se comunicó con Roberto Uriarte, padre de Otoño, y le habló sobre la necesidad de incorporar a la investigación a una asociación civil que se llama Madres que Rompen el Silencio.
Le advirtió en esa charla que “había necesidad de que se active la causa”. Finalmente la abogada de esa asociación, Gabriela Prokopiw, se quedó con la causa, aunque en calidad de patrocinante ya que todavía no obtiene la firma de Uriarte.
Hertzriken Velasco cargó las tintas contra Guerra y dijo que no era la primera vez que le sucede algo similar con la fiscalía de Cipolletti.
Se me requirió un reporte de telefonía de un abonado de la empresa Movistar, titularidad y todo lo que vendría a ser la lista sábana, lo que en la jerga se conoce como llamadas entrantes, salientes, mensajes de texto y uso de datos móviles”.
Luis Guerra, funcionaro judicial del MinisterioPúblico Fiscal de Cipolletti.
La denuncia fue de gravedad ya que involucra posibles delitos como tráfico de influencias o violación de secretos. De todos modos se informó extraoficialmente que el caso terminó en manos de un juez roquense y que no hubo ninguna sanción para Guerra, fue sobreseido en ese expediente. De hecho, sigue al frente de la causa Otoño.
Con el objetivo de que el caso avance, el Procurador Jorge Crespo apartó de la investigación de Otoño al fiscal jefe Santiago Márquez Gauna que había sido secretario de la destituida jueza María del Carmen García.
Márquez Gauna también tiene un sumario abierto por conocer (y no denunciar) la existencia de una comisión policial paralela que investigaba sin control judicial ¿coincidencias con el caso Hernández?
Está claro que en aquellos tiempos no existía el ciberpatrullaje y las investigaciones paralelas eran más rústicas y, quizás, hasta más discretas.
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