Dos mujeres fueron imputadas por defraudar al Ipross: cobraron reintegros con documentos falsos
Presentaron 16 facturas en la delegación el Bolsón de la obra social por prestaciones de enfermería y cuidados domiciliarios que nunca habrían existido.
Dos mujeres que habrían fraguado una maniobra para cobrar reintegros del Ipross por prestaciones de salud nunca efectuadas enfrentarán una investigación penal por presunta defraudación a la administración pública y falsificación de documentos.
Según el detalle que expuso el fiscal Francisco Arrien en la audiencia de formulación de cargos, las acusadas son responsables de haber presentado para su cobro en la delegación del Ipross de El Bolsón un total de 16 facturas con sus planillas de asistencia entre noviembre de 2022 y febrero de 2024, por servicios de enfermería y asistencia domiciliaria de una menor, que en realidad nunca se brindaron.
El fiscal señaló que el perjuicio a las arcas de la obra social provincial alcanzó la suma de 3.420.000 pesos, en valores históricos.
La imputación recayó sobre la afiliada Gabriela Molina, con domicilio actual en Viedma, y sobre Joanna Peralta, quien al momento de los hechos se desempeñaba como enfermera “full time” en el hospital de Catriel y luego se mudó a Mendoza.
La imputación del fiscal: cómo fue el fraude
Arrien sostuvo que “en acuerdo previo de voluntades defraudaron al Ipross” simulando prestaciones de asistencia “que no se correspondían con ninguna tarea real efectuada”, y lograron que se les realice el reintegro por esas prácticas. Arrien imputó a ambas mujeres “en carácter de cautoras” por los delitos de “defraudación a la administración pública en concurso ideal con falsificación de documentos”.
Destacó que el sustento probatorio se funda en la presentación inicial de la presidencia de Ipross ante la fiscalía general, las constancias enviadas desde el hospital de Catriel sobre las tareas que prestaba la enfermera en ese hospital, de modo que le era “materialmente imposible” cumplir con las tareas de cuidados domiciliarios por las que facturó al Ipross en El Bolsón.
Agregó además entre otras pruebas los 16 reportes con las facturas sucesivas y el informe contable sobre la cobertura de rehabilitación realizada por la Unidad de Asistencia a la Investigación Fiscal.
La defensora oficial Natalia Araya impugnó una resolución previa, según la cual el plazo de investigación caducó en mayo pasado, en un planteo dirigido a lograr el sobreseimiento de sus dos representadas. Pero el juez de garantías Ricardo Calcagno no le hizo lugar, aceptó la formulación de cargos y otorgó un plazo de investigación que vencerá el próximo 17 de abril.
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