Dudas en la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en Río Negro
Un defensor oficial penal y exmiembros de la justicia provincial opinaron sobre la ley nacional. No hay consenso si fue una buena medida bajar la edad de la imputabilidad a los 14 años. Observaron que en la provincia no hay Código Procesal Penal para jóvenes ni lugares de detención adecuados.
Luciana, Teo y Juli escucharon estos días hablar de la reforma penal juvenil, pero sin demasiada profundidad. Luciana y Teo tienen 17 años y cursan quinto en distintos secundarios públicos de Bariloche. Juli tiene 15 y es alumna de un colegio privado. Ema cumplió este año la misma edad. Dijo que en la escuela técnica a la que asiste aún no trataron el tema.
Hasta el mes pasado, los menores de 16 eran inimputables. Pero con la entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil (Ley 27801) el 5 de septiembre último todo cambió.
La norma establece que, a partir de los 14 años, los chicos son punibles. En consecuencia, podrán ser imputados, procesados y condenados porque se les aplica el Código Penal. Antes la responsabilidad penal se aplicaba para los adolescentes de entre 16 y 18.
“La reforma había que hacerla. La ley anterior era de la época del proceso (dictadura militar) claramente estaba desfasada con todo lo que evolucionó después el mundo. ¿Había qué hacer esta reforma? Y eso lo pudimos discutir bastante”, opinó el defensor oficial del fuero penal en Roca, Juan Pablo Chirinos.
El delito juvenil en Río Negro
“La baja de la edad de imputabilidad entiendo que es un problema”, sostuvo. El delito juvenil en Río Negro no es, en general, una problemática tan grande como para justificar un cambio de paradigma como este. Pero además, como sociedades supuestamente vamos evolucionando y no retrociendo, y hay un principio de derecho que es que si yo ahora como evolucionamos como sociedad te doy diez, después no te puedo dar cinco. En esa lógica pareciera que volver hacia atrás sobre la edad de la imputabilidad en estos aspectos no funcionaria» observó.
Dijo que en Río Negro se va a aplicar. «El problema es que es una ley que diseña institutos y exige a las instituciones colaterales al Poder Judicial, una superestructura que hoy no tenemos. Entonces, el problema es cómo la vamos a aplicar (la ley) en la práctica”.
“Los supervisores de los chicos, los lugares de detención, todos los programas de tratamiento que debería hacerse a este grupo de personas que en la práctica muy probablemente no se puedan hacer”, evaluó Chirinos.
Observó que la ley del nuevo Régimen Penal Juvenil tiene una lógica de sistema que «va a ser una cuestión de ver cómo se implementa con el sistema procesal penal que tenemos en Río Negro, que es completamente distinto, que no pone responsabilidad en cabeza de los jueces, sino en las partes». Recordó que en la provincia «tenemos una ley de justicia juvenil que nunca se aplicó completamente».
Me cuesta encontrarlos (aspectos positivos en la ley del nuevo régimen penal juvenil), pero también me costaba encontrarlos en la legislación anterior. Creo quie es una ley que correctamente aplicada, esto es sin dar penas como si fueran caramelos MyM, se puede trabajar y puede generar nuevas estructuras de control para un grupo poblacional que ciertamente no estaba funcionando tampoco el anterior.
«Un aspecto negativo (de la nueva ley) la baja de la edad de imputabilidad, por lo menos, desde mi punto de vista».
Juan Pablo Chirinos, defensor público penal de Roca.
«Un chico de catorce años hace muchas tonterías. Algunas de esas tonterías pueden tener relevancia penal. ¿Están en condiciones intelectuales de asumir esto y prever las consecuencias que tiene para su vida, para 10 años por delante lo que están haciendo a los 14? Y tengo mis serias dudas», planteó Chirinos.
«Todos los regímenes son perfectibles. Yo prefería tener un régimen donde se pueda discutir la aplicación de penas para adultos si se demuestra que esa persona tiene el conocimiento, la inteligencia, la viveza, la vida de adulto, pero es que todavía hay muchos chicos que a los 18 no la tienen», sostuvo.
«Me da mucha incertidumbre no saber cómo se va a implementar», afirmó. De todos modos, señaló que “para tener una idea de cómo va a funcionar esto hay que verlo en la práctica, en la dinamica que se va a llevar adelante dentro de un mes”.
Había una necesidad de reforma
“El nuevo régimen penal es para todo el país, no podemos elegir no aplicarla (en Río Negro)”, afirmó el abogado y exfiscal de Bariloche, Martín Govetto.
“En materia penal, no tengo ninguna duda más allá de que obviamente, como toda ley, tendrá que ir madurando y viéndose en la práctica cómo se implementa, cómo funciona y si merece correcciones o no», consideró. «A mí lo que me parece importante es que la ley que teníamos era de la dictadura y que siempre históricamente se habló de la necesidad de la reforma de ese antiguo Régimen Penal de la Minoridad, entonces, siempre estuvimos esperando una nueva ley. Así que eso era imprescindible que ocurra”, indicó Govetto.
Evaluó como aspectos positivos “que es una ley mucho más completa, porque establece un montón de alternativas y procedimientos específicos, exige la especialidad de los funcionarios, magistrados y operadores en toda esta temática. Es necesario».
Además, destacó que establece también «un rol preponderante a la víctima, que en muchos casos quedaba por fuera del sistema penal”.
Una de las dudas que deslizó es “¿si la baja de la edad de la imputabilidad es un avance o no? Es una discusión muy grande”. “Entiendo que si los legisladores así lo adoptaron es porque están buscando darle una respuesta a la sociedad respecto de hechos que eran cometidos y que no tenían ningún tipo de sanción ni tampoco funcionaba como una prevención general”, sostuvo.
“Sí establece un límite (la nueva ley), que a mí me parece importante, que no pueden ser condenados a prisión o reclusión perpetua, que fija un límite temporal (de privación de la libertad). Nosotros teníamos personas que fueron condenadas siendo menores a prisión perpetua”.
Martín Govetto, abogado de Bariloche, exfiscal
Diario RÍO NEGRO intentó obtener opiniones en el Ministerio Público Fiscal de Río Negro, pero se excusaron. Tampoco, hubo opiniones en el Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia ni en el Colegio de Abogados de Bariloche.
La mirada de los organismos de Derechos Humanos
“La Ley 27801 como han sostenido distintos referentes de niñez expande el poder punitivo sobre los niñxs en un momento, en que los niños necesitan la protección y promoción de sus derechos y penas alternativas a la prisión. Además, la considero inconstitucional”, opinó la abogada Ana Calafat, del Observatorio de Derechos Humanos de Río Negro.
Dijo que los “Códigos Procesales provinciales deben pensar un sistema adecuado a su realidad porque presenta características distintas de otras provincias”. “Debemos promover la justicia restaurativa, la mediación penal, etc., dándole lugar también a la participación de la víctima y la reparación del daño”, señaló.
“En Río Negro debemos contar con nuestras normas procesales y con dispositivos conforme a ellas. Será un error grave intentar su inmediata aplicación porque no estamos preparados ni contamos con los dispositivos necesarios para implementarlo”, afirmó Calafat.
Será un error grave intentar su inmediata aplicación porque no estamos preparados ni contamos con los dispositivos necesarios para implementarlo”.
Ana Calafat, abogada, integrante del Observatorio de Derechos Humanos de Río Negro
El exjuez Rubén Marigo, de la ADPH Bariloche, tiene la misma opinión. “La baja de la edad de la imputabilidad es totalmente regresiva”, enfatizó. “Me parece que esta reforma tiene más que ver con una postura punitivista, la mano dura”, expresó.
Además, consideró que “no están dadas las condiciones para su aplicación” en la provincia y el país. Advirtió la situación que ocurre en el penal 3 de Bariloche, donde hay superpoblación de internos adultos, “con una clara violación a los derechos humanos, ¿te imaginás lo que va a pasar con los menores?”.
Observó que como primera medida «la provincia debe contar con un Código Procesal Penal específico para los adolescentes punibles y con lugares de detención adecuados, si no vamos a terminar como con la Ley Agote que los menores en conflicto con la ley debían ser detenidos y apartados de la sociedad”. Rememoró que la Ley Agote fue sancionada en 1919 por el Congreso de la Nación.
Destacó que en Bariloche no hay un centro adecuado para alojar a los menores. “¿Cómo van a garantizar que los chicos procesados no estén junto a los condenados?”, planteó. Dijo que no hay jueces ni fiscales especializados como lo prevé la norma, que además prevé la figura del supervisor.
El error de todo esto es no profundizar en las causas que llevan a los adolescentes a delinquir”.
Rubén Marigo, exjuez, miembro de la APDH Bariloche
Marigo planteó «la contradicción de un sistema» que no permite a los adolescentes trabajar, votar, decidir sobre su cuerpo o casarse hasta que cumplen 16 años, pero desde los 14 “pueden ser penados”.
Por eso, aseguró que “es un retroceso”. Mencionó que la nueva ley permite, por ejemplo, el monitoreo electrónico para rastrear y registrar la ubicación y actividades del adolescente, a fin de garantizar el cumplimiento de alguna de las penas impuestas. “¿Cómo hace un chico para ir a la escuela con una tobillera electrónica?”, preguntó. Advirtió que aspectos de la ley colisionan con la Convención sobre los derechos del Niño.
Para Marigo, “lo único que veo de positivo en esta ley, la idea de que la última instancia es la privación de la libertad”.
Los adolescentes con poca información
“En la escuela nos habló de eso una profesora de Ciudadanía”, contó Luciana, de 17 años, que es alumna de quinto año de una escuela secundaria de Bariloche. “Esa profesora nos contó que iban a bajar la edad de imputabilidad y nos hizo entender que eso nos afectaba a nosotros y que no había un lugar para los jóvenes acá en Bariloche, no hay un lugar para detener a los jóvenes y que teníamos que saber nuestros derechos”, comentó.
“Nos habló de que iban a ir a pasarnos un stickers que tenían el número de la fiscalía y cosas así porque nos iban a hablar de eso”, indicó la estudiante.
Teo tiene 17 años y cursa quinto año un secundario del oeste de Bariloche. Dijo que escuchó sobre el nuevo Régimen Penal Juvenil “una sola vez cuando pasó lo de la ley, pero muy por encima después quedó todo en que lo frenó la justicia y no hablamos más”.
“Estoy de acuerdo (con la baja de la edad de la imputabilidad), aislas de la sociedad a gente peligrosa”, opinó. “Y me parece raro que un juez pueda frenar estas cosas”, afirmó.
Juli es alumna de un secundario privado. Dijo que allí no se habla aún del tema. “Pienso que yo teniendo quince años soy totalmente consciente de lo que hago. Por eso, no me parece mal que si a esa edad ya podemos realizar cosas que tienden a formar parte de la estructura del país nos puedan también castigar”, expresó.
“Pienso que quizá lo mejor no sería que esos chicos/as vayan a la cárcel porque tipo se te re-vulneran tus derechos, pero quizás recibir una penalizacion puede ayudar a que esos mismos chicos dejen de tomar malas decisiones en un futuro”, evaluó Juli.
Ema estudia en una escuela técnica. Tiene 15 años. “No nos dijeron nada en el cole de ese tema”, manifestó.
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