El Consejo de la Magistratura evaluará otra vez si suspende a la fiscal Cendón

El sumario de investigación contra la fiscal jefe de Bariloche Betiana Cendón por las denuncias de violencia laboral que pesan en su contra entró en pausa ante un nuevo pedido de los denunciantes para que el Consejo de la Magistratura la suspenda en forma preventiva, algo que el cuerpo ya evaluó y descartó a comienzos de noviembre.

La ampliación de denuncia por nuevos hechos de “injerencia funcional y amedrentamiento” por parte de la fiscal que llegó al escritorio del sumariante designado, el legislador del PRO Juan Murillo Ongaro, derivó en un pedido de su parte para suspender los plazos de la investigación y dar intervención a la Magistratura para que se expida una vez más sobre la suspensión. La reunión fue convocada para el próximo lunes 22.

En simultáneo, el cruce entre los abogados que patrocinan a cada una de las partes ganó voltaje en los últimos días y ante una solicitud expresa el Colegio de Abogados de Bariloche se negó a fijar postura sobre el tema.

Entre los denunciantes de Cendón hay media docena de fiscales, defensores y funcionarios judiciales. En su representación, la abogada Carla Orticelli había señalado la «gravedad» de la decisión de mantener a la fiscal investigada en su cargo y lo comparó con los casos de los exjueces Gustavo Guerra Lavayén y Erika Fontela, que sí fueron suspendidos en situaciones equivalentes.

Hizo hincapié en las nuevas inconductas atribuidas a Cendón (posteriores al inicio del sumario) y le pidió puntualmente a Murillo Ongaro que promueva otra reunión del Consejo de la Magistratura para que evalúe el nuevo escenario.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO Murillo confirmó ayer que dio traslado del expediente al Consejo, lo cual «suspende los plazos» del sumario, Dijo que el próximo 22 volverá a reunirse en Bariloche el órgano evaluador con un temario amplio, que incluye el nuevo pedido de suspensión de Cendón.

El legislador no quiso abrir juicio sobre el tema y dijo que la decisión no depende de él sino «del pleno del Consejo». En la ocasión anterior la suspensión fue rechazada por unanimidad, incluido el voto de Murillo Ongaro.

El legislador señaló que no pudo avanzar todavía en los pedidos de informe y la recolección de pruebas. «Lo primero fue notificar mi avocamiento y estamos en lo preliminar -aseguró-. Entiendo que hay mucha ansiedad con el tema por el rol que cumple la fiscal jefe».

Por reglamento, el plazo de finalización del sumario se extendería como mínimo hasta mayo próximo, porque es de 90 días hábiles, con los paréntesis que corresponden por la feria y con la posibilidad de que el sumariante pida una prórroga, si la cree necesaria.

El Colegio de Bariloche se abstuvo

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Uno de los patrocinantes de Cendón, el abogado viedmense Damián Torres, dijo que había en las denuncias una «cuestión político ideológica» y que su par Orticelli intentaba «coaccionar» a los consejeros respecto de la suspensión.

Dijo en ese momento que evaluaba una denuncia contra la abogada de los denunciantes por «coacción». «No podemos permitir que utilice la presión mediática como herramienta para condicionar a los consejeros», había afirmado Torres.

Al día siguiente de conocer esas expresiones, Orticelli presentó un reclamo ante el Colegio de Abogados de Bariloche para pedirle su intervención ante el «grave acto de amedrentamiento profesional» atribuido a Torres, dada «su amenaza pública de acciones penales por coacción» y denuncias por faltas a la ética.

Consideró que la declaración era «francamente inaceptable» y constituía «una afrenta directa al libre ejercicio de la profesión».

El colegio barilochense trató el tema en comisión directiva y resolvió no emitir ningún comunicado público de condena a los dichos de Torres, como pidió Orticelli. Recordó que ese abogado no está matriculado en Bariloche sino en Viedma y correspondía que su conducta sea evaluada, en todo caso, al Colegio de la Abogacía de esa ciudad.

Orticelli había argumentado que sus críticas públicas a la «incoherencia jurídica del Consejo, al contrastar el caso Cendón con los precedentes Guerra Labayén y Fontela y la obstrucción probatoria generada por la permanencia de la denunciante en funciones no es coacción», dijo que actuó en ejercicio «legítimo» de defensa a sus representados y en defensa del «derecho a la información de la comunidad».

Pero el Colegio de Abogados local, que presiden Exequiel Palavecino, optó por eludir cualquier pronunciamiento.