El rompecabezas jurídico del femicidio de Otoño: todas las causas paralelas y la ausencia de justicia
Alrededor del crimen de Otoño Uriarte en Fernández Oro se tejieron varios procesos penales y civiles que revelaron la impericia del Poder Judicial para resolver el caso. Hoy la causa arrastra la última prórroga para llegar a la verdad.
El 23 de octubre se cumplen 17 años de la desaparición de Otoño Uriarte. Foto: Archivo.
Una radiografía del caso Otoño demuestra que la investigación primigenia se truncó pero alrededor de ese proceso judicial se abrieron incontables causas paralelas y otras que directamente atraviesan el impune femicidio. Se trata de una causa emblemática en la región que tuvo juicios políticos, archivos, nulidades, controversias y tantos cambios de funcionarios que hasta una jueza llegó a olvidarse de que había intervenido como fiscal.
El femicidio de Otoño Uriarte se produjo entre su desaparición el 23 de octubre de 2006 en Fernández Oro y el hallazgo del cuerpo seis meses después. Está comprobado que llevaba mucho tiempo sin vida porque el cadáver estaba muy descompuesto. Tanto que la identificación la confirmó un estudio de ADN: aunque su padre Roberto la reconoció por las prendas de vestir y un colgante.
La policía siempre la buscó con vida e incluso sobrevoló la posibilidad de que fuera víctima de trata de personas. Entonces se conformó una comisión de investigación y se le dio intervención también a la Justicia Federal. Desde allí en adelante todo comenzó a bifurcarse por distintos caminos. Hubo funcionarios de Choele Choel que investigaron un cabaret y se concentraron en algunas escuchas que revelaban complicidad policial. El primer fiscal del caso, Oscar Cid, enfrentó un juicio político justamente por una omisión en torno a esa hipótesis.
Fue la fiscal Rita Lucía, actual jueza de garantías de Cipolletti, la que asistió al paraje El Treinta cuando hallaron el cuerpo en 2007, atrapado entre las esclusas de la represa. Luego, la primera jueza de instrucción del caso María del Carmen García García procesó dos veces al grupo de sospechosos sindicado por la comisión policial. Se trataba de Néstor Ricardo Cau, Germán Ángel Antilaf, José Hiram Jafri, Maximiliano Manuel Lagos, Federico Axel Saavedra y Juan Marcelo Calfiqueo.
La primera vez la Cámara Criminal, que en ese entonces revisaba la actividad de los jueces y juezas de instrucción, declaró nulo el procesamiento puesto que se les había imputado el homicidio y el encubrimiento. Después la jueza modificó el hecho y los volvió a procesar, aunque la Cámara objetó la escasa prueba que había en contra de los acusados.
Vencida con esos dos intentos, la magistrada tomó una licencia y ya nunca más regresó. El Consejo de la Magistratura la sometió a juicio político y la destituyó por inhabilidad psíquica sobreviniente.
En el juicio que García García promovió contra la provincia por un episodio de «burnout» – quemarse por el trabajo – el funcionario que era secretario reveló que había una comisión paralela que integraban Víctor Cufre, el jefe de la policía actualmente condenado y detenido por otro hecho, y Víctor Sodero Nievas, exjuez del Superior Tribunal de Justicia (STJ) que se retiró para evitar el juicio político.
Santiago Márquez Gauna, hoy fiscal jefe de la Cuarta Circunscripción, aunque apartado del caso por el procurador Jorge Crespo, refirió reuniones en el gimnasio municipal de Fernández Oro y actividades sin control judicial.
Una primera sentencia de la Cámara Laboral acreditó que la jueza se había quemado por el trabajo pero en la casación el STJ dijo que la magistratura no era una actividad riesgosa. Tres jueces civiles de Cipolletti, al borde de incumplir la doctrina legal, volvieron a resolver lo mismo.
Los funcionarios y funcionarias fueron cambiando no sólo por los apartamientos, las destituciones o los olvidos. Sino también por las muertes de algunos de los defensores, entre ellos el histórico Eves Tejeda. El único que se mantiene desde el principio, y el que más conoce la causa, es el abogado Gustavo Lucero.
El primer querellante fue José Geréz, hoy jefe de los fiscales de Neuquén. Después intervino Marcelo Hertzriken Velasco, quien denunció en una audiencia que un funcionario de la fiscalía se había comunicado con familiares de Otoño para persuadirlos de un cambio de abogados, ya que el supuestamente “no movía la causa”.
Esa acusación terminó con un sumario en contra de Luis Guerra, jefe (sin concurso) de la Oficina de Logística y Litigación de la Fiscalía de Cipolletti. Se informó que fue sobreseído de ese proceso, aunque sobre él quedaron las sospechas ya que continúa con acceso al caso, pese a que la fiscal ahora es la roquense Teresa Giuffrida.
Después de esa polémica audiencia, la nueva abogada Gabriela Prokopiew redobló la apuesta y desempolvó viejas líneas de investigación. Entonces acusó públicamente al excomisario de Fernández Oro Ives Vallejos y a su chofer el expolicía Daniel Molina, que fue candidato a intendente, sin éxito, en las últimas elecciones en la ciudad.
Los dos nombraron a un abogado, que admitió analizar acciones legales por las manifestaciones de Prokopiew y una denuncia ante el tribunal de ética del Colegio de Abogados.
La querellante sostuvo que Vallejos y Molina tenían relación con la desaparición de la jovencita, al igual que la Turca una trabajadora sexual que la semana pasada declaró ante la fiscala Giuffrida.
La Turca también inició una querella por columnas e injurias contra la nobel abogada, en un proceso que todavía continúa abierto. Le reclama que a raíz de sus declaraciones, ella perdió su trabajo formal y se quedó en la calle.
La Turca ya había sido mencionada en los viejos expedientes papel, que acumulan varios cuerpos. Pero en ese momento, el anterior código procesal imponía la reserva. Con el nuevo código todo tramita por audiencias orales y públicas.
Los inicios de la causa por el femicidio de Otoño
Para volver a los inicios. Después de la licencia de García García, asumió la jueza sustituta Sonia Martín, que en ese momento era secretaría de Cámara y luego concursó. Martín dictó la falta de mérito del grupo de acusados por falta de pruebas y el fallecido fiscal José Rodriguez Chazarreta salvó el caso en una casación. Con el cambio del código, el STJ ordenó no cerrar la investigación.
Rita Custet, defensora general, hoy jueza del Tribunal de Impugnación, llevó la causa a la Corte Suprema de la Nación en la búsqueda de una resolución favorable para los imputados. Después de años en el máximo tribunal nacional se conoció una mínima resolución de una carilla que, entre vericuetos legales, habilitaba a seguir investigando. De ahí la causa pasó de Cipolletti a Roca, aunque con la jueza Laura González Vitale al frente de las audiencias.
La magistrada condujo con aplomo todas las audiencias públicas hasta que se jubiló y entonces la Oficina Judicial designó a su colega Rita Lucía, ya que está última había intervenido en medidas que involucraban garantías constitucionales. Eso fue este verano pero cuando le asignaron definitivamente el caso, Lucía recordó que había sido la fiscal que guió el procedimiento cuando hallaron el cuerpo. Entonces se excusó.
Guillermo Merlo, el mandamás del foro de jueces, le llamó la atención y la confirmó pero la jueza interpuso un recurso y le terminó torciendo la lapicera. Finalmente, se designó a la quinta jueza en 17 años: se trata de Agustina Bagniole, quien todavía no realizó ninguna audiencia y deberá afrontar, si los defensores cumplen, con los pedidos de nulidades por el descuido de Rita Lucía.
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