El Tribunal de Impugnación mandó a la fiscalía a formular cargos en un caso de género
El órgano de revisión ordenó al fiscal cumplir con la acordada 15 que se propició luego del femicidio en Catriel de Patricia Rendón, a fines de junio pasado. Establece pautas de trabajo para casos de género.
La jueza Laura González Vitale definió que este miércoles estará la resolución de la causa. Foto: Archivo.
Un caso de violencia de género que ya pasó por tres juezas de Cipolletti sigue sin formulación de cargos por parte de la fiscalía. La defensa presentó tantos recursos que llegó a Impugnación y en el análisis el máximo tribunal penal de la provincia instó al Ministerio Público a encauzar el trámite.
En concreto los jueces Carlos Mohamed Mussi, Adrián Fernando Zimmermann y Miguel Angel Cardella del Tribunal de Impugnación ordenaron cumplir con la acordada 15 que fijó las pautas de actuación para el abordaje de la violencia de género. Esa resolución de julio de este año lleva la firma de las y los cinco integrantes del Superior Tribunal de Justicia (STJ) y del Procurador Jorge Crespo, jefe de fiscales y defensores públicos.
Por el femicidio en Catriel
En ese momento nadie lo reconoció abiertamente aunque tiempo después las fuentes judiciales lo confirmaron. Era un secreto a voces, pero la acordada 15 fue consecuencia de la intervención judicial en la causa que terminó con el femicidio de Patricia Rendón de Catriel.
Era tal la confusión que en los casos de violencia de género intervenían el fuero penal, la justicia de Paz y la de Familia. Las medidas se superponían e incluso la fiscalía derivaba las cautelares a las juezas de Paz de Río Negro.
La acordada llegó para ordenar la intervención, fijó pautas claras de actuación y estableció que cuando hay delito debe intervenir la fiscalía con un juez o jueza de garantías e informar al fuero de Familia.
Este caso llegó al fuero penal por el delito de desobediencia a una orden judicial pero la fiscalía nunca formuló cargos. Solo le pidió a la jueza de garantías Laura González Vitale una medida cautelar de exclusión del hogar para el violento. Esa medida se superpuso con otras dictadas por la novel jueza de familia de Cipolletti Gabriela Lapuente.
González Vitale, una de las más solventes de la circunscripción, resolvió según la acordada 15 pero la defensa apeló. Intervino la magistrada Alejandra Berenguer quien confirmó la medida. Pero nuevamente el imputado solicitó revisión ante el Tribunal de Impugnación.
En ese análisis, el máximo tribunal que tiene la ante última palabra en materia penal (solo les queda arriba el STJ) convalidó las actuaciones pero le pidió a la fiscalía que cumpliera con determinados artículos del código procesal y de la acordada 15. En otras palabras, los mandó a formular cargos.
La violencia de género ha sido desde la reforma procesal en adelante el talón de Aquiles de la fiscalía de Cipolletti. No es novedad pero muchas veces se demoran en formular cargos y eso genera el descontento de las víctimas que hasta han llegado a abandonar el proceso por falta de respuestas rápidas. El procurador lo sabe y por eso firmó la ya trillada acordada 15.
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