El TSJ de Neuquén ratificó la condena al exjefe de policía de Sobisch en la causa Fuentealba II
Carlos Zalazar fue declarado responsable de abuso de autoridad durante el operativo represivo de Arroyito en el que fue asesinado el docente.
“Yo me considero inocente”, afirmó el imputado que era la máxima autoridad de la fuerza. Foto Matías Subat.
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ratificó hoy la condena por abuso de autoridad contra Carlos Zalazar, el exjefe de la Policía de Neuquén que tuvo a su cargo la planificación de la represión en Arroyito en la que fue asesinado el docente, Carlos Fuentealba, el 4 de abril de 2007. El propio exgobernador, Jorge Sobisch, fue el que le ordenó la realización del operativo para impedir una manifestación sobre la Ruta 22.
A casi un año del juicio que declaró responsable a Zalazar, junto a la cúpula policial de la época, la sala penal integrada por los vocales Germán Busamia y Gustavo Mazieres declaró inadmisible la apelación y por ende confirmó el fallo.
También habían impugnado la resolución el exjefe del departamento de Seguridad Metropolitana, Jorge Garrido, y Benito Matus, que en ese momento era una oficial sin jerarquía. Los jueces rechazaron los recursos en ambos casos.
Las defensas tienen diez días de plazo para apelar. La última instancia es la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Fuentealba fue asesinado por el cabo José Darío Poblete, que le disparó con una pistola lanzagases a menos de siete metros de distancia. Fue condenado a prisión perpetua en 2008. El maestro participaba de una protesta que desarrollaba el sindicato ATEN.
La causa conocida como «Fuentealba II» fue una investigación que se inició para establecer las responsabilidad políticas en la dirección de aquel operativo. Nunca fue impulsada por la fiscalía (que sólo acusó a Matus por abuso de armas) y llegó a juicio por el impulso de la querella que representa a Sandra Rodríguez, quien era su pareja, y sus dos hija Camila y Ariadna.
El tribunal, integrado por los jueces Luis Giorgetti, Diego Chavarría Ruiz y Raúl Aufranc, consideró el año pasado que las autoridades policiales que dirigieron la represión habilitaron el uso indiscriminado de la fuerza. La sentencia fue unánime, al igual que la confirmación del Tribunal de Impugnación.
Tanto Zalazar, como Garrido y Matus recibieron penas de ejecución condicional, que no llegan a los dos años de prisión. Lo mismo que Moisés y Adolfo Soto y Mario Rinzafri que ya la están cumpliendo.
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