Fuentealba II: tres exjefes policiales de Neuquén comienzan a cumplir la pena

Fueron condenados por abuso de autoridad y no apelaron la sentencia ante el TSJ. Dirigieron la represión del 4 de abril de 2007, en la que el cabo José Dario Poblete mató al docente.

Tres de los seis exjefes policiales condenados el 16 de marzo pasado en la causa conocida como «Fuentealba II» no apelaron la sentencia que los declaró responsables del delito de abuso de autoridad, por lo que el lunes 11 de diciembre el fallo quedó firme y en condiciones de ser ejecutado.

El docente Carlos Fuentealba fue asesinado el 4 de abril de 2007 por el cabo José Darío Poblete. El maestro participaba de una protesta que desarrollaba el sindicato ATEN a la altura de Arroyito. El operativo fue ordenado por el exgobernador Jorge Sobisch, con el fin de impedir un corte de ruta durante el feriado de semana santa.

El tribunal de juicio, integrado por los jueces Luis Giorgetti, Diego Chavarría Ruiz y Raúl Aufranc, consideró que las máximas autoridades policiales, que dirigieron la represión, habilitaron el uso indiscriminado de la fuerza. En este procedimiento no hubo orden escrita ni operacional, por lo tanto eran ellos los encargados de la ejecución. Todos estuvieron presentes en el lugar.

El 13 de noviembre el Tribunal de Impugnación confirmó por unanimidad y en todos sus términos el fallo. Tenían una instancia más de revisión en la provincia que es la sala penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

Vencido el plazo quienes no apelaron fueron Moisés Soto, por entonces subjefe de policía, Adolfo Soto, que era para la época superintendente de Seguridad y el director del operativo, Mario Rinzafri. La defensa la ejercieron Gustavo Lucero y Manuela Castro.

Ahora deberán cumplir la pena que se les impuso de un año y seis meses de prisión de ejecución condicional.

El que sí recurrió fue Jorge Garrido, que era el jefe del departamento de Seguridad Metropolitana. Cambió a sus defensores: ya no serán Lucero y Castro, sino que lo reemplazará Rubén Casas. También apeló el exjefe de la policía, Carlos Zalazar.

El último de los condenados que impugnó fue Benito Matus. Su caso es singular ya que en ese momento no era un efectivo de jerarquía, sino un oficial que le había ido a llevar el desayuno al personal que pasó la noche en Arroyito. El tribunal tuvo por probado que le disparó con una escopeta 12/70 al auto en el que huían tres docentes: Angélica Cisterna, Marcelo Marenco y Teresa Gómez

La defensa de Matus está a cargo de Juan Coto.

La sala penal del TSJ la integran actualmente los vocales Alfredo Elosú Larumbe y Evaldo Moya. Ambos ya intervinieron en esta causa. El primero lo hizo en 2016, cuando declaró junto a Soledad Gennari extinguida la acción penal y sobreseyó a todos los imputados, y el segundo en 2019 cuando dejó sin efecto esa decisión, después de que el legajo retornara de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.


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